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Política

Altos salarios y vínculos con la derecha: lo que se esconde tras el bloqueo del CGPJ

¿Qué motiva a los miembros del CGPJ a continuar en el cargo tras más de 1.000 días de bloqueo, con su mandato caducado y sus funciones limitadas?

El Consejo General del Poder Judicial continúa inmóvil tras más de 1.000 días de bloqueo desde que el mandato finalizara el 4 de diciembre de 2018. Casi tres años después, el máximo órgano de gobierno de los jueces en España continúa en funciones ante la negativa del Partido Popular a renovar a sus miembros para poder mantener así la mayoría conservadora que predomina en la cúpula judicial —ya que esta se conformó cuando, en 2013, Mariano Rajoy gozaba de una amplia mayoría absoluta—. Ahora que se aleja de aquella ventajosa representación parlamentaria —actualmente marcada por la pluralidad política—, la formación de Pablo Casado se niega a cumplir con la Constitución en lo referente a la elección de los vocales y su renovación.

Frente al bloqueo en el que insisten los populares para mantener dicho control, la ley sí contempla otra vía para renovar el CGPJ: la dimisión del Presidente y los vocales. Una solución que Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) planteó —con un respaldo de más de 25.000 firmas a favor del desbloqueo— el pasado mes de julio en una reunión con Carlos Lesmes, el Presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, para que el magistrado diera un paso adelante y dimitiera para forzar la renovación del órgano. Una opción que tanto Lesmes como los vocales en funciones descartaron alegando que “incumplirían la ley” y que podría haber un “vacío de poder” —algo que en buena medida ya ocurre debido a que, al estar en funciones, el consejo tiene limitado su ámbito de actuación—.

Esta misma semana, las excusas de jueces y magistrados quedaban en entredicho después de que el jurista Pascual Sala, expresidente del Tribual Supremo y del CGPJ, recordara públicamente cómo en 1996 se forzó la renovación del órgano judicial mediante una dimisión en bloque durante el Gobierno de José María Aznar. ¿Qué motiva, entonces, a los miembros del CGPJ a continuar en el cargo tras más de 1.000 días de bloqueo, con su mandato caducado y sus funciones limitadas? Por un lado, el salario podría ser uno de los motivos.

Tal y como señalan los datos publicados por el Poder Judicial en el Portal de Transparencia, la Presidencia del CGPJ tiene asignada una retribución bruta de 142.510 euros —28.960,12 vinculados al sueldo y 113.550,84 a “otras remuneraciones”—, mientras que los veinte vocales que integran la Comisión Permanente del CGPJ tienen asignada una retribución bruta de 122.908 euros —30.663,78 vinculados al sueldo y 92.244,60 a “otras remuneraciones”—. En cuanto a los vocales que no pertenecen a la Comisión Permanente —un total de 13—, estos han recibido una media de 13.782 euros cada uno tan solo en el primer semestre de 2021 por acudir a diez plenos —cobrando casi mil euros por cada uno— y a entre 12 y 14 comisiones.

Vínculos con la derecha

Por otro lado, algunos de los miembros del CGPJ podrían negarse a dimitir por su simpatía hacia el Partido Popular. El todavía Presidente del máximo órgano judicial fue elegido como Director General de Relaciones con la Administración de Justicia por el Gobierno de Aznar. Posteriormente, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, Lesmes se unió a los populares para hacer oposición al Gobierno y se mostró contrario a iniciativas como la ley contra la violencia de género (2004), la legalización del matrimonio homosexual (2005) o la ley de memoria histórica (2007). Además, Lesmes también ha sido señalado por presuntamente no prorrogar a Pablo Ruz —juez instructor del caso Bárcenas y el caso Gürtel—y sacarlo de la Audiencia Nacional, evitar que el magistrado Javier Gómez Bermúdez investigara la caja B de los populares y apartar al juez José Ricardo de Prada de la investigación del caso Bárcenas.

Casualmente, casos de corrupción que pueden afectar al Partido Popular continúan abiertos mientras se bloquea la renovación del consejo, donde todavía impera una mayoría popular. Además del Presidente, algunos de los vocales tampoco han ocultado su tendencia ideológica. Este jueves, el actual vocal José María Macías, director General de Asuntos Contenciosos de la Generalitat de Cataluña entre 2002 y 2003, se alineaba con Casado y criticaba al Ejecutivo por “politizar” la renovación del CGPJ. Además, el magistrado hacía referencia a “una izquierda radical instalada en el Gobierno”, evidenciando su postura. Por otro lado, también se encuentra Gerardo Martínez Tristán, respaldado personalmente por María Dolores de Cospedal y casado con la popular Marta García de la Calzada —quien fuera un alto cargo en el gobierno de Esperanza Aguirre y consejera de Fomento en Castilla-La Mancha con Cospedal—.

Entre el resto de los miembros se encuentran José Antonio Ballestero Pascual y Juan Manuel Fernández Martínez, ambos pertenecientes a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) —una asociación de jueces conocida por su carácter conservador—. Este último es, además, profesor en una universidad propiedad del Opus Dei, a la que también son cercanos los vocales Nuria Díaz y Juan Martínez Moya, todos ellos propuestos por la formación popular. Una tendencia ideológica que explicaría por qué gran parte de los integrantes —con mandato caduco— del CGPJ se niegan a renovar el órgano judicial, una necesidad democrática que acabaría con la mayoría afín al Partido Popular en el consejo.

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5 Comentarios

5 Comments

  1. AbuJavi

    9 de septiembre de 2021 23:07 at 23:07

    Los órganos de gobierno de las instituciones tienen que ser elegidos por los ciudadanos se llame, congreso de los diputados, senado o consejo General del poder judicial.

  2. COSMOS VIA LACTEA

    10 de septiembre de 2021 08:28 at 08:28

    blanco y en botella.
    una mafia organizada y muy bien pagada.

  3. Barrio Obrero

    10 de septiembre de 2021 17:28 at 17:28

    Si fuera al contrario seguro que el PP había encontrado ya varias vías de actuación y presión para realizar el cambio.
    Serían capaces de dejarlos con un sueldo mínimo, hacer obras en la sede donde trabajan y mandarlos al quinto pino, aprobar nuevos reglamentos creando nueva burocracia que tengan que cumplir estos jueces y que les suponga hacerles la vida imposible, ofrecerles un retiro dorado a los que dimitan, y finalmente, cambiar la ley para poder rematar la renovación quitando del medio por la fuerza a los últimos que quedasen. Y si Europa se quejase, se olvidaría pronto.

  4. José L. Soto

    10 de septiembre de 2021 20:40 at 20:40

    La foto de los mayores sinvergüenzas, canallas y ladrones de este país, si hubiese justicia, estos estarían todos procesados y cumpliendo pena de cárcel.

  5. José L. Soto

    10 de septiembre de 2021 21:36 at 21:36

    Son los mayores delincuentes mejor pagados, esto va totalmente en contra de la democracia y de la propia CONSTITUCION, a muchos de ellos se les puede imputar prevaricación, pues a sabiendas que se han dictado sentencias que van en contra de la propia ley. El Tribunal de Estrasburgo debe estar para algo en la UE y debería tomar severas decisiones e inhabilitar de inmediato a los que han cumplido su mandato y no han sido reelegidos. Los ciudadanos estamos entendiendo que esto más bien es un golpe de Estado de CGPJ, una asonada de de jueces totalmente fuera de la legalidad.

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