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Opinión

Ser el Estado

Los ciudadanos que asumen responsabilidades públicas en esta democracia que nos dimos, lo hacen sobre la Constitución. No hay fuente ni tampoco institución superior. Sin embargo, las conductas que se observan parecen haber trivializado ese compromiso. Los intereses de grupo, sean estos religiosos, filosóficos, políticos o económicos, suelen prevalecer en las conductas y decisiones de los individuos que ejercen tales cometidos. Las personas que habitan una sociedad de este tipo tal vez hayan sido cómplices de esa deriva. De esa degradación que nos afecta hoy a la ciudadanía en general.

Una Constitución, es una ley de leyes que establece básicamente tres cosas: quien manda, como manda y sobre qué cosas puede o no puede mandar. Es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal. Desde el punto de vista formal, la constitución se define a partir de los órganos y procedimientos que intervienen en su adopción, derivándose así una de sus características principales, la supremacía sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico.

Cuando nos referimos a la lealtad al Estado de Derecho, entenderíamos al sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, o a los compromisos establecidos hacia instituciones, grupos o personas. Este concepto condiciona a los individuos o, al menos, debería hacerlo, a que cumplan los principios y valores contenidos en la Constitución por el desempeño de sus funciones. Por tanto, todo incumplimiento de esos contenidos es ir en contra del interés general. Transgredir los principios constitucionales sería entonces, ni más ni menos, que una deslealtad, una traición. Por tanto, todo aquel ciudadano que se someta, en el desempeño de sus funciones, a las normas de una institución o grupo, diferente a la Constitución podría calificárselo como un traidor. Lo sería, porque su subordinación se convertiría en una transgresión a la fuente legítima del poder de su propia autoridad.

En este sentido, la traición es un delito cometido contra un deber público. Se refiere al acto o conducta de deslealtad o falta de compromiso que existe entre dos o más partes. Su origen proviene del latín traditio que significa traición, es decir, acción que conlleva a quebrantar la confianza. La persona que lleva a cabo una traición, generalmente defrauda y lastima moral, económica, familiar e incluso socialmente a la persona, comunidad o sociedades afectadas, rompiendo los lazos de confianza y lealtad.

Los actos de traición pueden ocurrir en cualquier ámbito de la vida, bien sea laboral, familiar, de amistad e incluso en las actividades políticas, sociales y económicas. La corrupción es una traición, tanto para los corrompidos como para los corruptores. Si bien, no existe acuerdo entre los filósofos sobre cosas o ideas a las que se puede ser leal, sí es cierto que se puede ser leal a un espectro muy amplio de cosas, mientras que otros argumentan que solo se puede ser leal a otra persona y que ello es una relación estrictamente interpersonal. En cualquier caso, lo que también es cierto es que deben establecerse jerarquías de lealtades. Esto, porque de no hacerlo se banalizaría la propia fuente de legitimación del poder, entendido como atributo para ejercer esa autoridad en la función. Por tanto. no podría ser legítima una subordinación de una lealtad de grupo, sea este cual fuere, cuando a la que se le debe sea a los principios constitucionales.

Esto, que para muchos es una visión inocente del ejercicio del poder, resulta la propia fuente de la razón de ser del Estado. Excepto, claro, que se admita que la Constitución fue un instrumento por medio del que se consolidó la continuidad de los poderes franquistas, incluida la monarquía. Más aún, luego de los acontecimientos que vienen sucediéndose en dicha institución del Estado.

Resulta curiosa la escasa seriedad con la que se toman estas consideraciones las “autoridades”. Ello, no obstante, puede explicar que algunos distinguidos personajes que representan grupos de interés, transiten las denominadas “puertas giratorias” sin manifestar el menor rubor. Una burla, cuando no una traición a los principios constitucionales. Por ello, se presentan dilemas morales y éticos cuando se construyen legalidades a medida que desnaturalizan, o contradicen, los propios principios contenidos en la Norma de las Normas. Entonces, los grupos políticos suelen acudir a una institución que, al parecer, ha sido cooptada por intereses particulares, como es el Tribunal Constitucional, para que defina la calidad de las normas que se someten a su consideración. Su labor está sospechada por la instrumentalización que han hecho de ella.

De la corrupción, por cierto una traición, se originaron buena parte de los fallos en los sistemas de salud pública, dependencia y demás sistemas que han pervertido su finalidad de servicios a las personas, por sus efectos por la carencia de recursos.

Revisando la gestión de la ahora exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, durante las tres investigaciones sobre los presuntos delitos fiscales de Juan Carlos I, en curso en 2020, 2021, hasta primeros de marzo de 2022 tenemos líneas conceptuales más propias de una monarquía absolutista, que de una democrática y parlamentaria. Ella dictó un auto, que no sentencia, sobre una denuncia de delito fiscal contra Juan Carlos I, en 2014, en que expresa: "como pone de relieve el Ministerio Fiscal, el artículo 56.3 de la Constitución dispone que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, por lo cual, no podrá ser perseguido por hechos realizados durante su magistratura".

Con esta gente el futuro es incierto. Queda claro que la cuestión es de lealtades o traiciones a la democracia constitucional. Todo, porque nadie puede arrogarse ser el Estado.

Que sigan con sus inaceptables privilegios, también depende de ti.

 

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