Activistas de la PAH podrían ir a la cárcel por intentar frenar un desahucio de CaixaBank

En el año 2017 los activistas de la Plataforma Antidesahucios (PAH) en Cabanillas del Campo (Guadalajara), trataron de paralizar el desahucio de Paola y sus tres hijos. Ahora, cinco años más tarde, ocho de ellos podrían enfrentarse a penas de prisión que van de uno a tres años y siete meses de cárcel, acusados de delitos de allanamiento de establecimiento, resistencia a la autoridad, desobediencia, coacciones y desórdenes públicos.

Según afirmó la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG), el banco se había comprometido verbalmente a paralizar el desalojo a la espera de que se negociara un alquiler social, pero se negaron a dejar por escrito los términos de este compromiso, por lo que los activistas decidieron acudir a la sucursal a pedir los papeles necesarios para ayudar a la mujer. Mientras, las viviendas habían sido entregadas a una gestora que, sin embargo, empezó a "hostigar y acosar" a las familias.

La respuesta de CaixaBank ante la aparición de los activistas en su sucursal, fue llamar a la Guardia Civil, que posteriormente se llevaría a los presentes detenidos y para los que se piden ahora penas de cárcel, tanto por parte del fiscal como por la acusación particular –el banco–. Sin embargo, no se menciona en ningún momento del atestado ni en las declaraciones de los agentes que la jornada se saldara con actos violentos. Es más, uno de ellos declaró durante la instrucción judicial que “no se enfrentaron de forma verbal ni violenta” y que “fue una resistencia pasiva”.

El procedimiento dará comienzo el próximo 30 de noviembre –al que acudirá Amnistía Internacional como observadora en el juicio para asegurarse de que se cumplen todas las garantías– y en el caso de que no quede dictada su absolución, ya han anunciado que acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.