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Madrid

Almeida prohíbe a la ciudadanía asistir a los plenos de distrito

Con el decreto aprobado, el Ayuntamiento de Madrid evitará, al menos durante unos meses, tener que rendir cuentas con los vecinos y las vecinas de Madrid, cuyo derecho a debatir y a la participación política quedan gravemente limitados

El Ayuntamiento de Madrid ha prohibido a la ciudadanía asistir a los plenos de distrito, vulnerando el derecho a debatir de los vecinos y vecinas de Madrid. A través de un decreto firmado este lunes por la delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana —Silvia Saavedra, de Ciudadanos— y ya publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), José Luis Martínez-Almeida ha vetado la presencia de madrileños y madrileñas en el retorno de estos espacios de ámbito municipal.

Los plenos tienen la intención de escuchar y tratar problemas, iniciativas y temas de importancia para los vecinos y las vecinas y, así, poder tomar decisiones y cerrar acuerdos al respecto. Por ello, los plenos de distrito son un importante pilar democrático que sirve de nexo entre la ciudadanía y la esfera política. Sin embargo, el Partido Popular —que gobierna en el Ayuntamiento de la capital junto a la formación naranja, con Begoña Villacís como vicealcaldesa, y con el apoyo de Vox— y sus socios de gobierno han aprobado el decreto prohibitivo acogiéndose a la seguridad sanitaria.

El pretexto de la situación sanitaria para negar la presencia de la ciudadanía en los plenos contrasta con el lema sobre la “libertad” al que los populares hacen referencia con frecuencia y al que han recurrido para oponerse a restricciones. A partir de ahora, vecinos y vecinas tan solo podrán intervenir y remitir quejas o propuestas por vía escrita —cinco días antes de la sesión plenaria— y la respuesta únicamente podrá llegarles en papel. Del mismo modo, el decreto también limita la participación de asociaciones ciudadanas. Eso sí, el retorno de estos espacios sí contará con la presencialidad completa de los representantes de los grupos políticos.

Una medida contradictoria

Al mismo tiempo que Almeida restringe la asistencia ciudadana en los plenos de distrito, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid apuesta por consolidar la vuelta a la normalidad. En esa dirección, Isabel Díaz Ayuso anunciaba este lunes el fin de las restricciones horarias en hostelería y ocio nocturno a partir del próximo lunes, 20 de septiembre. Durante meses —incluso en los momentos más delicados para el sector sanitario—, la “pasividad” de Ayuso y Almeida respecto a la pandemia convertían la capital en una “ciudad sin ley” marcada por las fiestas clandestinas, el “turismo de borrachera” y calles repletas en las que no se mantenía la distancia de seguridad.

En base a los antecedentes, resulta llamativo que el Partido Popular apueste ahora, y únicamente en lo que respecta a los plenos de distrito, por unas medidas más restrictivas vinculadas a la situación sanitaria. Especialmente, en un momento marcado por el alivio sanitario tras remitir la quinta ola de la pandemia. Al margen del marco sanitario, lo que sí consigue Almeida con este decreto es evitar —al menos, durante unos meses— la presencia de la ciudadanía en los plenos y, por ende, tener que rendir cuentas con los vecinos y las vecinas de Madrid, cuyo derecho a debatir y a la participación política quedan gravemente limitados.

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