La sanidad pública madrileña está al borde del colapso. Según los datos proporcionados por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), recogidos para febrero del presente año, la demora media para una operación quirúrgica se sitúa ya en los 121 días, para la visita con un especialista o médico de atención primaria en torno a 40, y para un tratamiento –como pudiera ser quimioterapia– o prueba diagnóstica, 30. Mientras, los 37 centros que atendían urgencias no hospitalarias se mantienen cerrados (SUAP), y muchos ambulatorios aún no han recuperado sus consultas en algunas franjas horarias o especialidades –como pediatría–.
Son cifras récord que no paran de experimentar crecimiento mes tras mes. Los colectivos sanitarios se esmeran desde la irrupción del coronavirus en trasladar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso la necesidad de que se refuercen las plantillas ante tamaño deterioro, pero la respuesta por parte del Gobierno autonómico siempre ha radicado en que “no hay médicos para contratar”.
Unas afirmaciones que, por el contrario, contrastan con la última decisión adoptada por el Gobierno que el Partido Popular apoya en Vox. A fecha de 31 de marzo de 2022, 6.000 trabajadores sanitarios del servicio público serán despedidos. Son médicos, enfermeros, auxiliares, celadores o técnicos que en marzo de 2020 firmaron los llamados contratos COVID pero que, sin embargo, no resultan ser personal de nueva incorporación por la irrupción del virus, sino que se trata de empleados que llevan empalmando contratos temporales con la administración regional altamente precarizados.
Díaz Ayuso ya amenazó el pasado mes de enero, cuando planeaba rescindir el 65% de los contratos firmados en pandemia, lo que se traducía en el despido de más de 7.000 profesionales sanitarios. De ellos, alrededor de 700 eran médicos de todas las especialidades. Una actuación que fue confirmada entonces por la Consejería de Sanidad, radicando las explicaciones recibidas por los sindicatos en la falta de capacidad presupuestaria del Ejecutivo, pero que se acabó parando debido a la irrupción de la sexta ola. Hasta hoy, pese a la oleada de protestas.
Algo que se suma a la escasa partida sanitaria en las cuentas públicas, donde se han presupuestado 178 millones de euros menos del gasto consolidado que se registró en 2019, un año antes de la llegada del coronavirus.
“Es una aberración”, se ha pronunciado la diputada y portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso. “Es una aberración que la señora Ayuso con una mano reparta contratos a familiares y con la otra firme los despidos de los sanitarios que nos cuidan”.
TE NECESITAMOS PARA SEGUIR CONTANDO LO QUE OTROS NO CUENTAN
Si piensas que hace falta un diario como este, ayúdanos a seguir.
