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Madrid

Ayuso guardia silencio ante la operación de vivienda con fondos buitre

La presidenta popular ha renunciado a continuar con la guerra judicial y acatar la sentencia que le obliga a recuperar la vivienda pública vendida a Goldman Sachs- Azora, algo que pretende llevar en silencio

Ayuso recuperará vivienda pública Goldman Sachs

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se esfuerza por ocultar la realidad a la que su Ejecutivo tiene que hacer frente en los próximos meses tras la renuncia a continuar presentando recursos contra la sentencia que le obliga a recuperar las viviendas públicas vendidas por debajo de coste al fondo buitre Goldman Sachs-Azora, realizada en 2013.

Según declaran para LÚH fuentes conocedoras del procedimiento, ya hace “más de tres semanas” que “la Comunidad de Madrid, a través de la consejera Paloma Martín, anunció que renunciaban a seguir pleiteando”, por lo que mantienen negociaciones con el fondo para reincorporarlas al parque público.

“Tiene sentido porque tenían que haberlo hecho hace tres años, que es cuando ya los jueces fueron meridianamente claros sobre que la operación de venta era irregular y, por tanto, debía anularse”, asegura para este diario Alejandra Jacinto, coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y experta en la materia. “No tenía sentido haber seguido recurriendo como lo han hecho estos tres años causando muchísima inseguridad a todos los inquilinos e inquilinas y gastando además recursos públicos en interponer recursos absurdos. Parece que al fin han llegado a la conclusión de que eso no tiene más recorrido y han enterrado la posibilidad de seguir recurriendo”.

La consecuencia, entonces, es clara. “Eso les obliga a acatar el fallo de la sentencia, que significa que la operación en su totalidad, las 2.935 viviendas, deben volver al patrimonio público, deben volver a manos de la antiguo IVIMA, hoy Agencia de la Vivienda Social”.

La necesidad de reparar el daño causado a las personas desahuciadas

Sin embargo, de los inmuebles iniciales buena parte ya ha sido comprado por particulares. “¿Qué sucede? Por un lado, que no van a volver todas las viviendas al patrimonio público, van a volver solo 1.721, ya que las otras son viviendas que el fondo buitre ya vendió a terceras personas de buena fe y que, por tanto, no puede reincorporar al parque de vivienda social porque esos nuevos propietarios están en todo su derecho de haberlas comprado”, continua Jacinto. “Pero esto nos deja un segundo problema: qué pasa con esas más de 1.200 personas que han sido desahuciadas o que han sido expulsadas ilegalmente de sus viviendas”.

Es aquí donde la edil popular deberá anunciar el plan para paliar las consecuencias. “La Comunidad de Madrid debería reparar el daño de todos esos inquilinos e inquilinas que ya no están en esas casas y que, por tanto, ya no pueden volver a ellas porque no estarán en el patrimonio público”.

El Ejecutivo de Ayuso no quiere decir cuánto costará deshacer la operación fraudulenta a las arcas públicas

“También queda pendiente saber, y no lo quieren decir, cuánto van a tener que pagar al fondo buitre para compensarles por tener que deshacer esta operación”, informa la portavoz morada, que advierte sobre lo costoso de dicha operación para las arcas públicas. “La realidad es que va a haber ahí unas compensaciones económicas que no sabemos en qué van a consistir. Le preguntamos al Viceconsejero en la Comisión, no lo ha querido decir... Pero la realidad es que tiene pinta de que va a ser costoso”.

La cifra que Goldman Sachs-Azora maneja asciende al coste de compra de los inmuebles, cifrado en unos 201 millones de euros. “El fondo buitre estaba reclamando los 201 millones de euros, que fue lo que le costó la operación por la que compró las viviendas, y ese es un dinero que va a salir del bolsillo de todos los madrileños y madrileñas”, un “buen agujero”, en palabras de Jacinto, “por el que nos toca a nosotras pagar el pato de esa negligencia”.

En definitiva, un varapalo para el Gobierno de la autonomía que guarda silencio ante las dos cuestiones principales: la obligación de reparar el daño y cuánto va a costar deshacer la operación.

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