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Política

“Ayuso ha recibido 3.500 millones de los fondos COVID y aún no ha medicalizado las residencias”

En conversaciones con LÚH, miembros de Marea de Residencias califican de “aberración” la gestión de la pandemia en centros de mayores. No comprenden como, a pesar de haberles negado a miles de ancianos fallecidos el derecho a la salud, Fiscalía no actúa de facto, sin esperar querellas de familiares

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Más de 7.000 vidas de personas ancianas se ha cobrado la pandemia en la Comunidad de Madrid. 500 residencias se encuentran en el punto de mira por presuntas negligencias, señalándose, además, la falta de actuación y los protocolos aprobados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, del que dicen responsable directo. LÚH ha contactado con miembros de la Marea de Residencias, una organización creada para hacer justicia respecto a lo que ellos mismos denominan un “gerontocidio”.

“Actualmente hay admitidas a trámite unas 200 demandas, y se han presentado otras 200 más. Uno de los problemas que nos encontramos es que quien tiene que demandar son los familiares, generalmente son varios hijos que no se ponen de acuerdo o que desconocen la realidad de la situación y no saben realmente el crimen que se ha cometido con sus familiares”, informan a este diario.

Asumen lo laborioso del proceso, responsabilizando a la inexistencia de una Ley Estatal de Residencias que unifique criterios y flexibilice las actuaciones, guiando un protocolo preciso para tratar la salud de los ancianos de manera adecuada. “El proceso es bastante complicado y laborioso teniendo en cuenta que no existe una Ley de Residencias estatal que regule de algún modo los procedimientos a seguir por los centros. Éstas se terminan basando en protocolos dictados por comunidades autónomas que en buena parte están sesgados, dejando en algunos casos libertad a las residencias de hacer lo que les plazca sin atender a criterios geriátricos”, afirman.

A modo de ejemplo, exponen la prohibición que muchos de los centros geriátricos han implementado, que les impiden las visitas de familiares a pesar de las recomendaciones sanitarias que indican lo contrario. “La muestra está en la negativa de un amplio número de residencias que prohíben las visitas, a pesar de estar recomendadas por geriatras. Los encierros están produciendo problemas psicológicos de todo tipo, como depresiones. Son personas mayores a las que se les está negando ver a sus familias, manteniéndoles encerrados en habitaciones. Cosa que, por otro lado, produce problemas físicos al ni si quiera concederles dar un paseo”.

Para ellos, la explicación se reduce a la gestión privada de las residencias en su búsqueda de negocio. “No aplican protocolo de visitas por ahorrar en material: EPIs, mascarillas, productos desinfectantes... Han convertido las residencias en apartamentos lowcost. Estas personas se han hecho con el control de las residencias cuando el ladrillo se ha venido abajo. Un entramado donde la limpieza, la seguridad, los catering, etc. son sus propias empresas. Como Clece, que acapara todo”.

Es por eso que han decidido emprender acciones legales. Sin embargo, se topan con gran cantidad de trabas y dificultades. “Fiscalía actúa a razón de las querellas que se pongan, pero no de facto. No actúa. Fiscalía es conocedora de los protocolos enviados desde la Comunidad de Madrid a las residencias, pensamos que tendría que actuar de facto y no esperar a querellas de familiares”.

El problema de la pasividad de Fiscalía radica en que grupos como el de Florentino Pérez, Clece Mayores, salva su implicación ya que no encuentran “ningún querellante con residente fallecido en alguna residencia de Florentino que la quiera presentar”, lo que no significa que se hayan cometido faltas graves. Señalan, además, que “el personal laboral está callado porque tiene miedo”.

No comprenden tampoco la falta en la toma de medidas por parte de gobiernos como los de la Comunidad de Madrid, donde los fallecimientos en residencias de ancianos ha sido uno de los principales problemas de la pandemia, señalando de nuevo la necesidad de una actuación de facto por parte de Fiscalía. “A estas personas no se les ha atendido por falta de respiradores, si no por no darle la gana a Ayuso de contratar personal médico. No entendemos como Fiscalía no ha llamado a declarar ni a Enrique Ruiz Escudero ni a Isabel Díaz Ayuso, es incomprensible, son los que dieron las órdenes”.

Añaden, además, que “la Comunidad de Madrid ha recibido 3.500 millones de fondo COVID y las residencias que Ayuso dijo hace meses haber medicalizado esta semana se está reconociendo, tanto en la Asamblea como en los Juzgados de Plaza Castilla, que no se ha llevado a cabo”.

“Se les ha negado el derecho a la vida. Se les ha negado el derecho a la salud. Les han dejado morir solos. Es un problema profundamente serio, una auténtica aberración”, recalcan.

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3 Comentarios

3 Comments

  1. José L. Soto

    27 de febrero de 2021 19:34 at 19:34

    Espero a que no quede ningún pensionista, así destinará el dinero a vivir ella de p.m.

  2. mochuelillo

    27 de febrero de 2021 19:35 at 19:35

    1- Los que tienen el poder no se presentan a elecciones.
    2- Los del numero 1 no son seres humanos,pues carecen de humanidad.
    3- Los que tienen que hacer algo lo dejan en manos de otro,no es su competencia.
    4- En un pais de «plena y sana democracia» no hace falta ni fiscales que acusen algo que es lamentablemente ya digerido por la ciudadania que es»acostumbrarnos a estas atrocidades».
    5- Las acciones para los del 1 suelen ser leeentas y lamentablemente sobreseidas.
    6- Pues resulta que creo yo que tengo la impresión que hay «pseudoinviolabilidad » en cierta «plena democracia»,mera opinión.
    7- Hay que quitar aforamientos,es una zancadilla que les va muy bien a los del 1.Y asi hasta el infinito y mas allá.

  3. Josu Monreal

    27 de febrero de 2021 19:55 at 19:55

    Es obvio que lo de la IDA con las residencias de ancianos es un claro genocidio… Si además EL Padrino del IBEX está implicado, esto se multiplica, porque lo único que le interesa a este señor es su cuenta de beneficios, los ancianos le importan muy poco…

    La corruPPción en Madrid es un no acabar.

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