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Madrid

Ayuso indemnizó a las residencias privadas con 1 millón de euros en las que murieron 7.000 ancianos

Según publica la SER, el dinero público fue destinado a pesar de los informes desfavorables de la Abogacía de la Comunidad

Ayuso residencias ancianos

Más de 7.000 fallecimientos se registraron en las residencias de mayores durante lo peor de la pandemia en la Comunidad de Madrid. Y, de ellas, más del 90% se produjeron en las privadas o concertadas. Estas escandalosas cifras promovieron decenas de denuncias por parte de los familiares, que tampoco encuentran respaldo por parte del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, ya que se sigue bloqueando la comisión de investigación solicitada por los partidos de la oposición.

A pesar de ello, el pasado mes de octubre la SER desvelaba que al menos 15 de los centros geriátricos reclamaron una indemnización al Gobierno autonómico, tal como figuraba en el convenio firmado por la Consejería de Sanidad con Intercentros Ballesol, empresa matriz de la residencia privada Ballesol Mirasierra. La misma que a finales de marzo de 2020 registró un brote en el que murieron una decena de personas mayores y que las familias llevaron ante los tribunales.

Ahora, el grupo mediático no solo ha desvelado las pesquisas de los pagos, que se han cifrado en más de un millón de euros, sino también que contaban con un informe desfavorable de la Abogacía General de la Comunidad.

Basaron los pagos en una ley de 1.954

Apenas un mes después del inicio de la primera ola, el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad se dirigió a la Abogacía para consultar si las residencias privadas debían recibir indemnizaciones por los traslados de mayores a sus centros durante el estado de alarma. La respuesta fue clara: dichos centros no tenían “derecho al abono de contraprestaciones económicas” de acuerdo a la legislación de emergencia entonces vigente. Sin embargo, observaba un resquicio: la Ley de Expropiación Forzosa –una norma de 1.954-, que podía resultar “un cauce adecuado” para compensarlas. Pero también advertía que solo bajo una serie de “condicionantes” y límites que expone en sus conclusiones.

En ellas, los letrados mostraban asimismo sus reservas a la hora de aplicar la mentada norma, básicamente por resultar ser una vía que no estaba “suficientemente debatida, ni con el sosiego necesario por la doctrina científica y, mucho menos, por la jurisprudencia, que no ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre ningún supuesto análogo", según la literalidad del informe.

Casualmente, tan solo medio año después, comenzaron a llegar reclamaciones de las residencias afectadas a la Consejería de Sanidad que, apoyándose precisamente en la citada ley, pedían un pago por los traslados. Y el Gobierno de Ayuso, a través de la misma Consejería, se apresuró a pagarles, sin esperar a que los tribunales aclarasen si tenían derecho a esa indemnización o no.

De facto, para la Abogacía ninguno de los artículos de la ley amparaba el pago por el concepto de traslado, y así lo reflejó en las mismas conclusiones. “No procedería la restitución del importe de los servicios que hayan de prestarse por la residencia privada a los residentes reubicados”, se puede leer.

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2 Comentarios

2 Comments

  1. mochuelillo

    9 de marzo de 2022 17:45 at 17:45

    Pues claro,a ver,como no le van a votar?.
    Es que mas descarado y con dos collons ya no se puede hacer,pero eso ya lo decidieron así los de madrid.De todas formas,para sacar noticias de la individua que chafó a toda una izquierda junta,pues creo que a mi,que no vivo en esa comunidad,pues visto el resultado electoral,ni fú,ni fá.Por lo único que lo siento son por los que no la votaron.

  2. Jovella

    9 de marzo de 2022 20:56 at 20:56

    Lo de menos para ella son las muertes. Lo importante es el negocio.
    Por cierto ¿hay algún juzgado investigando esas muertes?

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