U.H.- Después de semanas conociendo los fallecimientos en las residencias a cuentagotas y de manera irregular, la Comunidad de Madrid se atrevió ayer a dar cifras actualizadas sobre la tragedia que ha causado la crisis del Covid-19 en las residencias de la región.
En la primera rueda de prensa del Gobierno madrileño en semanas, el vicepresidente Ignacio Aguado confirmó que, desde el 8 de marzo, son 4.260 los mayores que han fallecido en residencias con el virus, o al menos con síntomas, ya que la gran mayoría, unos 3.500, no fueron diagnosticados.
Esta nueva y dramática cifra es muy superior a la que trasladó hace tan sólo unos días la presidenta Isabel Díaz Ayuso en una entrevista con la Cadena SER, cuando habló de 3.000 fallecidos. Sólo una semana antes la cifra oficial se situaba en 1.065.
Esta irregularidad en los datos sólo pone de manifiesto el descontrol del gobierno sobre las residencias, y las negligencias cometidas en estos centros, privatizados al 85% en la región.
La privatización ha sido uno de los principales factores que ha agravado la situación en las residencias: al inicio de la pandemia el 90% de los fallecidos en residencias residían en centros privados. Esto se debe, a que la administración pública ha tenido más dificultes en intervenirlos y en asegurarse de que los trabajadores contaban con material de protección suficiente. En muchos casos fueron los propios trabajadores los que alertaron a las autoridades de las situaciones dramáticas que se estaban viviendo.
Mientras tanto, el líder del PP, Pablo Casado, parece desentenderse de lo hace su partido en la Comunidad de Madrid, y esta misma semana insistió en denunciar que el Ministerio de Sanidad ocultaba los datos totales de fallecidos por coronavirus en España. Incluso, no dudo en pedir una auditoria sobre las cifras.
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