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Madrid

Ayuso rechaza la auditoría para comprobar la legalidad de los contratos a dedo

Unidas Podemos (UP) presentó la iniciativa ante las posibles irregularidades en la contratación por la vía de urgencia, entre ellas, el contrato por el que su hermano cobró comisiones

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Isabel Díaz Ayuso en la sesión plenaria celebrada hoy en la Asamblea de Madrid después de 3 semanas sin aparecer.

Isabel Díaz Ayuso sigue bloqueando la investigación en la Asamblea de Madrid del contrato adjudicado a dedo a un amigo de la familia por la que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, cobró una comisión. Varias iniciativas presentadas por la oposición han sido rechazadas previamente por el PP gracias al apoyo de Vox: un total de 3 solicitudes de apertura de comisión de investigación para esclarecer los hechos y las comparecencias de todos los implicados.

Además, Unidas Podemos (UP), bajo las sospechas de irregularidad ante las anomalías en la adjudicación de otros dos, procedió a solicitar una auditoría externa de toda la contratación por la vía de emergencia, que durante la pandemia llegó a alcanzar el 80% de la contratación pública de la Comunidad de Madrid.

En concreto, por dos adjudicaciones a la misma empresa: Artesolar Iluminación S.L., donde su hermano figuraba como Jefe Comercial, según su propio perfil de LinkedIn –información que horas antes de la presentación de la ampliación de denuncia que llevó a cabo el grupo morado se apresuró a borrar y que ya no aparece–.

En particular, el 4 y 5 de marzo de 2020 se dio curso a dos contratos por las cuantías de 9.554,16 euros y de 11.942,7 euros respectivamente. Ambas, con idéntico concepto: “LÁMPARA”, según se observa en el portal de transparencia de la Comunidad, y para el mismo hospital: el Ramón y Cajal.

Ambas cuantías son inferiores al límite de 18.000 euros que establece la ley para tramitar la adjudicación por la vía de urgencia–o lo que es lo mismo, a dedo, sin concurso ni publicidad–, cantidad que se ve superada por poco si se suman ambas. A esa sospecha se añaden las similitudes de concepto, lugar de actuación y fecha de emisión que “pueden ser constitutivos de delito”, en declaraciones de Alejandra Jacinto, portavoz de la formación morada.

La Presidenta, sin embargo, ha expresado hoy durante la sesión plenaria –en la que llevaba sin aparecer desde que se destapara el escándalo de las comisiones de su hermano— su rechazo a la iniciativa morada ante la pregunta de la portavoz Carolina Alonso. "En cualquier democracia usted [Ayuso] ya habría dimitido", le ha espetado la de Podemos.

Dudas sobre las comisiones

La Comunidad de Madrid ya confirmaba el cobro de 283.000 euros por parte de Tomás Díaz Ayuso, sin embargo, del contrato con la empresa Priviet Sportive S.L. de Daniel Alcázar, amigo y beneficiario del dinero público, solo le achacaban una comisión de 55.850 euros más IVA en concepto del traslado de las mascarillas desde China. El resto, según dicen, correspondería a otras tres facturas que, insisten, no guardan relación con el contrato de 1,5 millones.

Se desconoce si el resto de pagos estarían vinculados a los contratos de Artesolar Iluminación S.L., ya que el Ejecutivo no ha aportado más documentación.

Anticorrupción llama a declarar a los implicados

El Ministerio Fiscal, en la investigación de las diligencias previas a una posible apertura de un caso penal, ha llamado a declarar tanto al empresario amigo de la familia como al hermano de la Presidenta.

Ambos deberán declarar bajo los mismos derechos y obligaciones que un imputado, y tendrán que dar explicaciones ante Anticorrupción, cuya pretensión es esclarecer si se ha cometido algún tipo de irregularidad en la adjudicación del contrato a dedo de 1,5 millones de euros y en qué concepto cobró la comisión Tomás Díaz Ayuso.

Es ante el fiscal donde sí deberán presentar la documentación que avale su defensa de la regularidad contractual. Para ello, va a pedirse información bancaria que acredite cómo, cuánto y en qué concepto fueron ejecutados los pagos, así como las facturas tanto de la administración contratante –en este caso, la Consejería de Sanidad– como de la empresa adjudicataria y del hermano de Ayuso.

 

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