El exmilitar argelino Mohamed Benhalima, que –tras denunciar la corrupción del Ejército de Argelia– reclamó a España asilo político para evitar ser entregado a su Estado de origen, ha visto cómo España denegaba su petición de asilo político y lo entregaba a Argelia, que ahora lo ha condenado a muerte.
Benhalima huyó de Argelia en 2019 tras hacerse públicas sus denuncias de corrupción y pidió asilo político a España, que en vez de concedérselo lo devolvió a su Estado de origen y lo hizo pocos días después de que el Gobierno avalara el plan de autonomía marroquí para el Sáhara. El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, tramitó a finales del pasado mes de marzo la expulsión de Benhalima, y lo hizo a pesar de las peticiones de que no lo hiciera y de las críticas de Amnistía Internacional. La decisión se produjo días después de que Marruecos difundiera, el pasado 18 de marzo, la carta que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, envió al rey marroquí Mohamed VI considerando que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara es la propuesta “más seria, realista y creíble” para el territorio, una misiva a la que Argelia respondió retirando su embajador en España y advirtiendo de que podría revisar los contratos de suministro de gas.
El diputado de Compromís en el Congreso Joan Baldoví ha calificado este martes de “escándalo” que un Estado democrático devuelva a personas a otro Estado “sabiendo que serán encarcelados y condenados a muerte”. Ante ello, Baldoví ha reclamado la comparecencia de Marlaska para que el ministro del Interior dé explicaciones en la Cámara Baja. También Unidas Podemos reclamó, el pasado 31 de marzo, al Ministerio del Interior explicaciones ante su decisión de “acelerar” la expulsión de Benhalima.
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