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Memoria democrática

Catalunya retira el 54% de los símbolos franquistas de sus calles

Una vez aprobada la Ley de Memoria Histórica, la región planea acabar con todos ellos en un periodo máximo de dos años

Catalunya retira el 54% de los símbolos franquistas de sus calles
Monumento franquista en Tortosa en memoria de los militares golpistas muertos en la Batalla del Ebro

En 12 años, Catalunya ha retirado del espacio público más de la mitad de los símbolos franquistas que existían en la Comunidad y planea acabar con todos ellos en un periodo total de dos años, una vez se haya aprobado la Ley de Memoria Histórica -aprobada con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, PNV y EH Bildu y con los votos en contra de PP y Vox- que está preparando el Departamento de Justicia.

Se detectaron en la región 3.934 elementos procedentes de la dictadura, de los cuales un 65,3% ya ha sido intervenido. En total, 2.056 (54,3%) han sido eliminados y retirados de la vía pública y 417 (11%) modificados o reinterpretados. En su mayoría, se trata de placas de vivienda, monumentos, forjas, tumbas y lápidas, relieves, inscripciones, rotulación de calles y grafitis, así como conmemorativos a las víctimas de la violencia social de 1936 o cruces a víctimas del bando franquista.

En un principio, solo se contabilizaban aquellos ubicados en grandes ciudades, municipios de más de 10.000 habitantes y poblaciones de especial interés histórico. Sin embargo, a partir del 2019 se está ampliando para que también recoja símbolos de municipios a partir de 3.000 habitantes

Entre esos acuerdos que instalará la nueva Ley de Memoria, también está la declaración de la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y otros órganos penales y administrativos franquistas creados tras el golpe de Estado de 1936 para perseguir por motivos políticos o de conciencia, la declaración de “ilegal” del propio régimen franquista o la articulación de mecanismos y recursos para evaluar la “represión y persecución” cultural y lingüística del franquismo, declarando “víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega”.

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