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El Ciudadano

Colombia necesita, simple y llanamente, democracia: una entrevista con María José Pizarro

Los sondeos de opinión sugieren que será una carrera reñida entre las dos candidaturas, aunque se teme que la derecha interfiera, posiblemente con violencia

El 29 de mayo de 2022, un terremoto político sacudió a Colombia: el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, se posicionaron como ganadores en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con el 40,33% de los votos. Los bloques que representan a los partidos de extrema derecha y de derecha – que han dominado la política colombiana durante la mayor parte de su historia – quedaron muy atrás. El nombre del bloque que representa a la izquierda (Pacto Histórico) refleja la singularidad de este momento en la historia colombiana.

Petro y Márquez pasarán ahora a segunda vuelta (el 19 de junio) contra la candidatura de extrema derecha de Rodolfo Hernández y Marelen Castillo. Los sondeos de opinión sugieren que será una carrera reñida entre las dos candidaturas, aunque se teme que la derecha interfiera, posiblemente con violencia, para impedir una victoria de la izquierda en Colombia.

Las últimas veces que la izquierda se acercó al Palacio de Nariño, donde trabaja y vive el presidente, los estallidos de violencia durante el proceso electoral acabaron con esa posibilidad.

El ciclo de Gobiernos de derecha empezó tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. Su muerte dio inicio a un período de la historia de Colombia conocido con el inquietante nombre de “La Violencia”.

La segunda oportunidad para la incorporación de la izquierda se dio entre 1990 y 1991, cuando las guerrillas dejaron las armas y entraron, de buena voluntad, en la contienda política electoral. Ante esto, la derecha (a través de sus propias organizaciones armadas) asesinó a tres candidatos presidenciales populares, que incluían al candidato liberal Luis Carlos Galán y dos candidatos de izquierda, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.

El Pacto Histórico de Petro y Márquez ofrece una tercera oportunidad para que arribe una ola de izquierda, que ayude a desplazar la agenda violenta que se ha mantenido hasta ahora apoyada por las élites económicas y políticas del país.

¿Puede respirar Colombia?

María José Pizarro es la hija de uno de los candidatos presidenciales asesinados en 1990, Carlos Pizarro Leongómez. Tenía solo 12 años cuando su padre fue asesinado a tiros en un avión que viajaba desde Bogotá a Barranquilla. Los padres de Pizarro – Leongómez y Myriam Rodríguez – eran miembros del grupo guerrillero M19. En su juventud, el candidato presidencial Gustavo Petro también fue miembro del M19; fue detenido en 1985 (a la edad de 25 años) y condenado a 18 meses de prisión por posesión de armas. Pizarro se exilió en España cuando su padre fue asesinado, y regresó a Colombia en 2002. Ahora es miembro de la Cámara de Representantes, a la que se presentó por la plataforma del Pacto Histórico.

Cuando le preguntamos a Pizarro sobre la Constitución liberal colombiana de 1991, dijo: “Los primeros 19 artículos de la Constitución colombiana básicamente establecen el Estado social de derecho y establecen los parámetros democráticos y de libertades en nuestro país”. “Lo que nosotros requerimos – dijo – no es sólo que se cumpla la Constitución de 1991, sino que quienes han ostentado el poder durante los últimos 200 años estén dispuestos a que otros sectores políticos puedan gobernar Colombia. Eso se llama, simple y llanamente, democracia”.

Antes de que se celebrara la primera vuelta electoral, este 29 de mayo, Daniel Quintero (un popular alcalde independiente de la segunda ciudad más grande de Colombia, Medellín) publicó un tuit, el 9 de mayo, insinuando su apoyo a la candidatura de Petro-Márquez con la etiqueta #ElCambioEnPrimera, asociado a su campaña. El 10 de mayo fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación por su presunta injerencia en las elecciones. Según la ley colombiana, los funcionarios electos no pueden participar en política. Quintero respondió en Twitter diciendo: “Ha iniciado el golpe de Estado en Colombia”.

Pizarro nos dijo que la suspensión de Quintero muestra el desconocimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual esta prohibición sería considerada injusta. Colombia, dijo, “es el único país donde los funcionarios (que son políticos, electos por voto popular) no pueden expresarse políticamente”. Al reflexionar sobre la suspensión de Quintero, Pizarro dijo que el país necesita “una reforma a la política, lo que implica cambiar las reglas de juego para permitir o al menos evitar toda una serie de situaciones que se presentan o permitir otras que resultan bastante obsoletas en el contexto actual”. Colombia, dijo, “necesita nuevas formas de hacer política para nuevas generaciones”.

No más lucha armada

Pizarro creció con padres que estaban en la insurgencia armada. Ha visto cómo su país era despedazado por las élites, que no estaban dispuestas a adoptar ni siquiera los principios liberales más básicos, y por un Estado rápido en responder con violencia si las élites se sentían amenazadas. “Colombia”, nos dijo, “merece el camino de la paz”. En 2016, tras un difícil período de negociaciones, sectores de la izquierda armada y el Estado acordaron un proceso de paz. El acuerdo – ratificado por las autoridades formales – condujo al desarme del grupo revolucionario FARC-EP (Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) y a su conversión en el partido político Comunes (que hace parte de la coalición del Pacto Histórico).

Los combatientes que abandonaron la lucha armada han tenido dificultades para reintegrarse en la vida social y política de Colombia. Esto preocupa a Pizarro. “Tenemos que reintegrar de manera pacífica, con oportunidades, a todas aquellas personas que [antes] han tomado la decisión de la vía armada”, dijo. “Tenemos que generar las condiciones sociales para que nunca ningún colombiano tenga que optar nunca por la vía armada para transformar la vida política o social del país”. El camino para esta transformación debe ser a través de las posibilidades democráticas, negociadas, agregó.

Petro llega a esta carrera como ex alcalde de la capital colombiana, Bogotá. Francia Márquez, su compañera de fórmula, representa las transformaciones que nos describió Pizarro. Mujer afrocolombiana, Márquez trabajó como empleada doméstica para pagar sus estudios y se forjó una reputación como defensora de las personas más vulneradas frente a las empresas mineras y eléctricas. Su valentía es legendaria, como se demostró en mayo, cuando – mientras estaba en el escenario en una manifestación del Día de los Afrocolombianos – sus adversarios la apuntaron con un láser. Ella siguió hablando y permaneció impávida ante el hecho de que este podría haber representado la amenaza de un arma de francotirador. La candidatura de Márquez representa la prueba de que las nuevas formas de hacer política, de las que hablaba Pizarro han llegado a Colombia.

La periodista y política Mábel Lara escribió una carta pública para apoyar el Pacto Histórico, a pesar de tener una ideología política diferente. En esta, escribió: “Nací y crecí en el Cauca, una región como todas las regiones de Colombia: olvidada por la dirigencia y la clase política que durante décadas se ha elegido y no nos ha escuchado. He recibido el llamado de una mujer negra, de región, que, como yo, ha dado la lucha de manera democrática en las urnas y me ha invitado a acompañarla. Acojo el llamado de mi amiga Francia Márquez en este importante momento de la historia y le entrego mi voto para hacerlo”. Pizarro también ha acogido este llamado.

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