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Política

Comisión contra los delitos de odio: grupos especializados y aumento de los recursos

Boti García Rodrigo, directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, ha destacado en el encuentro la necesidad de acelerar la Ley LGTBI y la importancia de reforzar la educación en diversidad

El Ministerio de Igualdad pedía esta semana acelerar la tramitación de la Ley LGTBI —una norma cuya finalidad es garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y blindar los derechos de las personas que integran el colectivo— tras las últimas agresiones LGTBIfóbicas que se daban a conocer esta semana y que se suman a todas las anteriores. Por ese mismo motivo, el Gobierno convocaba urgentemente la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Lucha contra los Delitos de Odio para fijar las líneas de actuación de cara a 2022-2024. En ella ha participado la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, dependiente de Igualdad y dirigida actualmente por la histórica activista Boti García Rodrigo, quien hace unos días se comprometía a agilizar la llegada del anteproyecto.

Los principales acuerdos resultantes de la comisión han sido la aprobación del aumento de los recursos personales de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio y la decisión de dotar de grupos especializados a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Por su lado, García Rodrigo ha destacado en el encuentro la necesidad de acelerar la Ley LGTBI y la importancia de reforzar la educación en diversidad. Además, la directora del órgano ha hecho hincapié en fortalecer el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y la colaboración de todos los departamentos ministeriales implicados en esta materia y de todas las administraciones competentes.

Por su parte, la Ley LGTBI de Igualdad, aprobada el pasado 29 de junio por el Consejo de Ministros y cuya entrada en vigor se materializará con la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), propone nuevas medidas para proteger al colectivo LGTBI+ de los delitos de odio. Por un lado, la ley impulsada por el ministerio de Irene Montero que destacaba la importancia histórica del proyecto en la televisión pública el pasado mes de junio— tiene carácter pedagógico y apuesta por la formación en todos los ámbitos, incluidos el sanitario, el educativo y el administrativo.

En segundo lugar, se trata de una norma garantista al asegurar la protección integral, real y efectiva de las víctimas mediante orientación, asistencia psicológica y jurídica y atención a las necesidades laborales y sociales —como, por ejemplo, servicios de traducción e interpretación cuando se requieran—Además, la Ley LGTBI también actuará sobre los medios de comunicación para combatir el blanqueo que, en ocasiones, estos pueden hacer de los discursos que incitan al odio. En el Artículo 26 se recoge que se fomentará que, tanto medios públicos como privados, reciban fondos públicos vinculados al respeto a la diversidad sexo-afectiva y se eliminen contenidos que puedan vulnerar los derechos de las personas LGTBI+.

Nuevas infracciones

Por otro lado, el anteproyecto también incorporará nuevas infracciones que podrán ser leves, graves y muy graves. Entre esas vulneraciones se encuentra emitir expresiones vejatorias en la prestación de servicios públicos o privados o el acoso discriminatorio por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales. También se considerará una infracción difundir o realizar métodos de aversión, conversión o contracondicionamiento —sean cuales sean las circunstancias e independientemente de la existencia o no de consentimiento— o utilizar o difundir libros de texto y materiales didácticos en centros educativos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana según su relación al colectivo LGTBI+.

Además, la Ley LGTBI impulsada por el Ministerio de Igualdad también considerará vulneración el provocar daños a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a personas LGTBI+ —o a sus familias— o dedicados a la protección de los derechos del colectivo, como, por ejemplo, centros asociativos LGTBI u objetos destinados a la recuperación de la memoria histórica del colectivo LGTBI+ —como monumentos o placas conmemorativas—. La llegada de la norma, por ende, significará un antes y un después al ampliar considerablemente la protección de las personas LGTBI+ y consolidar el blindaje de sus derechos; motivo por el que se pretende que la ley entre en vigor cuanto antes.

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