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Análisis

Cómo opera la guerra jurídica en España

Cómo opera la guerra jurídica en España
Meritxell Batet, presidenta del Congreso; detrás, Manuel Marchena y otros magistrados del Tribunal Supremo

La del ‘lawfare’ o guerra jurídica en España es una historia en la que confluyen una monarquía restaurada por un general golpista, una Transición no tan “pacífica” ni tan “modélica” como pretende el relato oficial, un antiguo secretario general del PSOE y del Gobierno central del que informes oficiales de la CIA aseguran que “acordó la creación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a terroristas”, los tres poderes clásicos del Estado y alguno más, y por supuesto lo que define al ‘lawfare’: el uso y abuso de “procedimientos judiciales de aparente legalidad” con el objetivo de “desprestigiar y provocar el rechazo popular y finalmente la caída de un rival político”, una guerra jurídica que en el ámbito judicial engloba sobre todo las querellas, a quienes las interponen con fines oscuros y a quienes las utilizan –es el caso de algunos fiscales y algunos jueces– con fines no menos oscuros. Todos ellos son los principales ingredientes de la guerra jurídica que el pasado viernes arrebató su escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, cuya historia seguramente está escrita desde que fue llamado a declarar por su participación en una protesta contra los recortes celebrada en 2014 y en la que no fue detenido ni siquiera identificado y de la que no constan pruebas objetivas sobre lo que se le ha acusado para condenarlo.

Es generalmente aceptado que donde no hay división de poderes no hay Constitución, por eso todos los textos constitucionales –también la Constitución española de 1978– consagran la división de poderes. Pero ¿en España hay una división de poderes digna de tal nombre? El caso de Alberto Rodríguez ha vuelto a evidenciar que no, y ello obedece en gran parte a la naturaleza de un régimen, el del 78, que es heredero directo del franquismo.

En España, los tres poderes clásicos del Estado –Legislativo (Parlamento), Ejecutivo (Gobierno) y Judicial (Justicia)– están mediatizados por la clave de bóveda del régimen del 78: la monarquía, restaurada por el general golpista Francisco Franco a su muerte en 1975.

Sobre el Legislativo, la propia Constitución establece que las Cortes Generales –formadas por el Congreso y el Senado– “son inviolables” y “representan al pueblo español”, en el que “reside la soberanía nacional” y del que “emanan los poderes del Estado”.

Catedráticos de Derecho Constitucional como Javier Pérez Royo suelen recordar que en el constitucionalismo europeo posterior a la II Guerra Mundial se expresa sin ninguna ambigüedad que del pueblo de cada Estado emanan “todos los” y no sólo “los” poderes de ese Estado. ¿Por qué, sin embargo, en España del pueblo emanan sólo “los” y no “todos los” poderes del Estado, como pasa en el resto de Europa? Teniendo en cuenta que en una Constitución todo –hasta la última coma– está medido, ¿por qué el constituyente español no quiso o no pudo escribir “todos los” y escribió sólo “los” poderes del Estado? No cabe otra explicación que por dejar al margen de “los poderes del Estado” que “emanan del pueblo” a la monarquía, restaurada por Franco a su muerte.

Esa calculada ambigüedad y esa permanente tensión entre el principio democrático –relativo al pueblo, en el que “reside la soberanía nacional” y que está representado en el Legislativo– y el principio monárquico –relativo a la monarquía, restaurada por Franco– recorre toda la Constitución y afecta a los tres poderes clásicos, entre otras cosas por eso catedráticos de Derecho Constitucional como el propio Pérez Royo suelen destacar que, desde principios del siglo XIX hasta la actualidad, la monarquía nunca ha dejado de ser “el problema constitucional más importante con el que ha tenido que enfrentarse la sociedad española en el proceso de construcción de su Estado constitucional”.

Al hilo, cabe recordar que en el resto de Europa el fascismo fue derrotado, mientras que en España el fascismo triunfó de la mano de Franco –apoyado por Hitler y Mussolini–, que a su muerte en 1975 restauró la monarquía en la persona de Juan Carlos I y sus herederos, restauración refrendada tres años después por la Constitución española de 1978, que –a diferencia de las del resto de Europa– establece que en España no emanan del pueblo “todos los” poderes del Estado sino sólo “los” poderes del Estado”.

El primer Gobierno de coalición

Sobre el Ejecutivo –que, como el Legislativo, emana del pueblo, aunque no directamente sino precisamente a través del propio Legislativo–, en la actual legislatura se ha producido algo inédito en el régimen del 78: el primer Gobierno de coalición de ámbito estatal, es decir el fin del turnismo bipartidista que caracterizó la I Restauración borbónica de Cánovas y Sagasta y que ha caracterizado también la II Restauración borbónica –la actual, impuesta por Franco– desde el principio del régimen del 78 hasta después de las elecciones generales de noviembre de 2019. La ruptura de esa cláusula de exclusión histórica –que consiste básicamente en que lo que PSOE y PP llaman “los comunistas” (aunque tengan programas socialdemócratas, pues socialdemócrata es el programa de Podemos y aún más socialdemócratas fueron los programas de PCE e IU) no pudieran acceder al Gobierno central–, y sobre todo la progresiva incorporación de las izquierdas catalana de ERC y vasca de EH Bildu al bloque de profundización democrática en pugna por la dirección de Estado, han aumentado las tensiones con el bloque monárquico y reaccionario liderado políticamente por el PP –refundación de Alianza Popular, partido fundado por seis ministros de Franco y un procurador en las Cortes franquistas– y su escisión ultraderechista, Vox.

En esa cada vez más indisimulada tensión entre bloques, la clave es el PSOE, que brujuleaba entre ambos desde que un Pedro Sánchez renacido de sus cenizas les ganara las primarias a la Secretaría General del partido a todas las cloacas del PSOE. Sin embargo, la vuelta de Felipe González y los suyos a la sala de máquinas no sólo del partido sino también de la Presidencia del Gobierno –en una clara operación de régimen– ha anticipado actuaciones como la de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que el pasado viernes le arrebataba su escaño, sin causa justificada –como este lunes reconoce ya hasta el diario ‘El País’–, a Alberto Rodríguez.

Sobre el Judicial, España también tiene particularidades con respecto al resto de Europa –como en el Ejército, en la Guardia Civil en la Policía o en el resto de grandes fuerzas del Estado, en el poder Judicial no se produjo ninguna depuración en la Transición del franquismo al régimen del 78; basta recordar que el mismo día en que se disolvió el Tribunal de Orden Público (el 4 de enero de 1977) se creó la Audiencia Nacional, en muchos casos manteniendo a los mismos jueces–, y la propia Constitución española de 1978 también tiene particularidades con respecto al resto de las constituciones europeas.

Según la Constitución, la Justicia “emana del pueblo” pero “se administra en nombre del rey”. Más ambigüedad calculada. Ambigüedad calculada como la del oficio que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo –la Sala de lo Penal del más alto de los tribunales de justicia de España–, Manuel Marchena, envió a Batet para pedirle, sin hacerlo expresamente, que arrebatara el escaño a Alberto Rodríguez, y Batet lo hizo sin que Marchena se lo pidiera expresamente y contra el informe de los servicios jurídicos del propio Congreso, la Cámara legislativa que ella misma preside.

Por si fuera poco, Marchena –el magistrado a través del cual el PP pretendía controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo “por la puerta de atrás”– envió el oficio a Batet a través del presidente del CGPJ –órgano de gobierno del poder judicial en España–, Carlos Lesmes, que fue alto cargo político del Ministerio de Justicia durante los ocho años de Gobierno del PP de José María Aznar. Tanto el CGPJ como el propio Lesmes llevan casi tres años caducados porque el PP se niega a permitir su renovación en cumplimiento tanto de la Constitución como de la ley orgánica LOPJ. ¿Por qué se niega? Para que el CGPJ no refleje la actual mayoría existente tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo.

El “último dique de contención”

Lo advirtió la ultra Cayetana Álvarez de Toledo al despedirse de su cargo de portavoz del PP en el Congreso el pasado año 2020: la justicia es el “último dique de contención” de PP y Vox tanto frente al bloque de investidura como frente al Gobierno de coalición. Es obligado relacionar aquellas palabras de Álvarez de Toledo con el escaño en el Congreso que Marchena acaba de arrebatársele a Alberto Rodríguez vía Batet, sólo que el PSOE –aunque es el partido que encabezó el bloque de investidura y encabeza el Gobierno de coalición– se ha posicionado esta vez –a través de Batet pero sobre todo empujado por Felipe González– con el bloque monárquico y reaccionario y contra el bloque de profundización democrática del que presuntamente forma parte tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo.

La guerra jurídica que ha arrebatado su escaño a Alberto Rodríguez involucra a los tres poderes clásicos del Estado: el Judicial –que es el sujeto activo–, el Legislativo –del que forman parte tanto el diputado de Unidas Podemos al que le han arrebatado el escaño como la diputada del PSOE, presidenta del Congreso, que se lo ha arrebatado– y el Ejecutivo, precisamente el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos contra el que Álvarez de Toledo dijo que la Justicia es el “último dique de contención”. Y es que, además de contra Rodríguez y contra las decenas de miles de canarios que lo votaron en las elecciones generales de noviembre de 2019, el ‘lawfare’ iba dirigido de forma inmediata contra el Legislativo y de forma mediata contra el Ejecutivo, ambos de mayoría progresista… o presuntamente progresista, pues el PSOE ha colaborado directamente con la guerra jurídica.

En cuanto a la monarquía y más concretamente en cuanto a Felipe VI –en cuyo nombre “se administra la Justicia” pero cuya persona “es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, según la Constitución–, tampoco son ajenos al caso. De hecho, no parece casual –entre otras cosas, porque en el régimen del 78 casi nada lo es– que Marchena enviara su oficio a Batet y que Batet arrebatara su escaño a Alberto Rodríguez el pasado viernes, el mismo día de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, que concede la heredera de la Corona, Leonor de Borbón, sucesora de Felipe VI, sucesor a su vez de Juan Carlos I, sucesor a su vez de Franco, el restaurador de la dinastía. Nada más arrebatarle el escaño a Alberto Rodríguez, Batet –del PSOE y toda una presidenta del Congreso y de las Cortes, que “representan al pueblo español”, en el que “reside la soberanía nacional” y del que “emanan los poderes del Estado”– voló a Oviedo a rendir pleitesía a la monarquía y a toda la familia del rey, en la que sólo faltaba Juan Carlos I, que sigue recluido en Abu Dabi, aunque Felipe González –que es el gran muñidor de toda esta operación– pretende traerlo pronto de vuelta a España.

Sin embargo, ni los tres poderes clásicos del Estado más la monarquía restaurada por Franco más Felipe González completan este puzle al que le faltan otras dos grandes piezas muy relacionadas entre sí: el poder mediático y el poder económico.

Y es que un caso de ‘lawfare’ como el que le ha arrebatado el escaño a Alberto Rodríguez no habría sido posible sin que el poder mediático –conocido como el cuarto poder, sólo por detrás del Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial– hubiera presionado como lo ha hecho con un doble objetivo: convencer a la opinión pública de que Rodríguez había sido condenado a dejar su escaño –lo cual es absolutamente falso, según todas las fuentes jurídicas consultadas– y presionar a Batet para que se lo arrebatara, que es lo que hizo. Lo que los medios de comunicación del resto de Europa seguramente estaría considerando un escándalo y combatiendo, los medios de comunicación de España –con pocas excepciones– no sólo están poniéndose de perfil o incluso aplaudiéndolo sino que han constituido una de las piezas clave para ejecutarlo.

Con el poder mediático en España pasó algo parecido a lo que pasó con el Judicial o con el Ejército, la Guardia Civil o la Policía: en la Transición del franquismo al régimen del 78 no se produjo ninguna depuración y muchos de sus miembros pasaron de un día para otro de propagandistas del franquismo a propagandistas del régimen del 78, a cuyo relato oficial han sido y son como poco tan fieles como el propio rey o como el propio Felipe González, que –desbocado– el fin de semana pasado en el 40º congreso federal del PSOE reivindicaba abiertamente del régimen del 78 hasta la etiqueta.

Más de cuatro décadas después de aquella Transición ni tan “pacífica” ni tan “modélica” como se cuenta, la propiedad de los grandes medios de comunicación y su progresiva concentración –están concentrados cada vez en menos manos, y esas manos generalmente son las de bancos y fondos de inversión– ha hecho el resto para que el poder mediático español presente el panorama que presenta. Una cuestión directamente relacionada con el último de los elementos de esta historia: el poder económico. El último de los elementos, pero no precisamente el menos importante.

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5 Comentarios

5 Comments

  1. Josu Monreal

    26 de octubre de 2021 01:15 at 01:15

    Gran artículo.

    A mi lo que me llama la atención es que lo de Alberto Rodríguez, lo reactivan años despues de la mani contra la ley Wert que elminaba las becas para cientos de miles de estudiantes, luego de facto privatizaba la educación.

    Lo que han hecho con Isa Serra es lo mismo que con Alberto. Es decir, miran en que manis has podido acudir, tendrán grabaciones sobre ello. Luego te implican mediante un funcionario, y más tarde lo llevan a tribunales de «amigos».

    Ya lo intentaron también en el 2019 con las protestas frente al Congreso de trabajadores de Alcoa, cuando salieron [email protected] [email protected] Yolanda Díaz, Antón Gómez-Reino y Rafa Mayoral a apoyarlos… a pesar de que como en los anteriores hubo miles de videos que demuestran su inocencia, se les imputó un delito de atentado contra la autoridad…En este caso peligraba el gobierno de coalición y parece que esto lo paró el PSOE.

    El procedimiento parece obvio: contar con mandos intermedios o superiores policiales y con jueces corruptos, que obvien la democracia, estén dispuestos a mentir, para hacer daño a Podemos…

    Supongo que será gente que se venda, pero también gente que escucha a los grandes gurús de la ultraderecha en los medios, y de verdad se cree que Podemos es algo malo para el país…

    En el fondo esta gente me parece mucho más infantil e incrédula de lo que nos parece, son gente sin ningún tipo de formación política, que se dejan embaucar por las mentiras, como ya ocurrió en la Alemania nazi con Adolf Hitler, y por el mismo camino vamos…

  2. mekong --

    26 de octubre de 2021 13:39 at 13:39

    «Atado y bien atado»

    Nunca una frase tan tonta ha significado tanto.

  3. Fabián del Río

    26 de octubre de 2021 15:26 at 15:26

    Pero la realidad es que UP ha dejado desamparado Alberto Rodríguez está ahí.

    El propio Garzón desvinculándo urgentemente a UP de la querella o denuncia.

    Si UP se desentiende de un diputado qué no hará con un/a militante desconocido.

    Supongo que el Ppsoe quiere provocar a UP… para que se vaya del gobierno y formar así la gran coalición….

    Pero UP debería mostrar mas músculo.
    Sino el mensaje a las bases está claro.

  4. Josu Monreal

    26 de octubre de 2021 15:44 at 15:44

    @Fabián del Río

    Podemos está con Alberto Rodríguez, de momento Alberto y sus abogados ya han pedido al Supremo que suspenda la condena y reprenda a Batet ¿Por qué motivo? Porque esta condena es fraudulenta y Estrasburgo la va echar para atrás, contra más en evidencia queden los del Supremo más clara va a quedar toda esta maniobra «antidemocrática»…Es el mejor movimiento que podíamos hacer.

    Espera que Alberto no vuelva al Congreso, la partida todavía no está perdida, y con Alberto estamos [email protected] Lo mismo que con Isa Serra que ahora es portavoz del partido.

  5. ANTONIO ALONSO RUIZ

    28 de octubre de 2021 17:30 at 17:30

    Siempre a favor de ALBERTO RODRIGUEZ

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