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Opinión

Cuidar a quien nos cuida: en apoyo a nuestros bomberos

No podemos seguir con unos servicios de prevención y extinción precarios, externalizados, escasos y descoordinados: hay que aprobar el estatuto de los bomberos forestales y la ley de coordinación de todos los servicios de prevención de extinción de incendios y salvamento

Vivimos en una emergencia climática de consecuencias dramáticas y con una perspectiva nada alentadora sobre proceso de desertificación del sur de Europa. Las olas de calor son cada vez más frecuentes, largas e intensas, las gotas frías más impredecibles y abundan los fenómenos extremos difíciles de combatir y espectaculares siempre para llenar los telediarios. Nuestro planeta cada vez da más señales de agotamiento y nos disponemos a presenciar catástrofes climáticas en directo continuada en directo, peor que ayer pero mejor que mañana. Mal asunto. Los incendios son el mejor ejemplo cada verano, agravados por los que se ha venido a denominar incendios de nueva generación.

Según los datos del Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales (EFFIS), en los 6 meses que llevamos de año se han quemado 81.866 hectáreas, prácticamente las mismas que en todo 2021. Para hacernos una idea, esta superficie equivale en extensión a algo más de la décima parte de la Comunidad de Madrid. Fuegos en muchos casos llamados de sexta generación, virulentos, de una voracidad desconocida antes. ¿Hacemos en nuestro país todo cuanto está en nuestra mano para evitarlos, prevenirlos y acometerlos en condiciones? Por desgracia, no. La enfermedad del neoliberalismo y la degradación del servicio público ha afectado gravemente a la capacidad del Estado y de todas las Administraciones para enfrentar los retos que ahora se plantean.

Tenemos unos cuerpos de bomberos infradotados, descoordinados, en parte externalizados y precarios, especialmente, en el caso de los forestales. Escasos -se calcula que son apenas 20.000 en todo el país al margen de los forestales, no reconocidos aún como tales- para cubrir todo el territorio. Insuficientes, a todas luces. Los servicios de prevención y extinción no dan abasto. Los bomberos forestales, además, ni tienen recogido este estatus en una ley y en muchos casos no están contratados todo el año. Se juegan la vida en cada incendio, con medios precarios, sin formación suficiente, sin reconocimiento de sus enfermedades profesionales y sin la perspectiva de poder jubilarse porque, al no tener coeficientes reductores, teóricamente tendrían que jubilarse con 67 años.

Históricamente, el concepto de seguridad ha estado relacionado casi en exclusiva con el orden público. El resultado de esa concepción es que tenemos 12 policías por cada bombero profesional. En España tenemos casi 240.000 agentes policiales, en sus distintos cuerpos, sean policías nacionales, autonómicas, locales, guardias civiles… y apenas 20.000 bomberos.

El desarrollo del concepto de seguridad humana en el marco de un proceso de emergencia climática general, y de proceso de desertificación de nuestro territorio en particular, reclama una apuesta decidida por parte de todas las Administraciones Públicas para hacerse cargo del reto y asumir su parte alícuota de responsabilidad en el reforzamiento del servicio público de bomberos profesionales en todas sus especialidades. Caminando a paso firme hacia una concepción de servicio público de prestación directa, para acabar con las externalizaciones cuanto antes.

Esta precariedad, externalización, infradotación y descoordinación está detrás de las legítimas reivindicaciones de los bomberos, que se resumen en dos leyes:

El Estatuto de bomberos forestales, que les reconozca profesionalmente como bomberos y permita unas condiciones laborales dignas que eviten prácticas como la contratación temporal durante unos pocos meses del año (los de verano), el reconocimiento de sus enfermedades profesionales o una edad jubilación razonable.

 La Ley de Coordinación de todos los servicios de prevención y extinción de incendios viene siendo una reclamación histórica de los bomberos profesionales con el objetivo de mejorar el servicio público a la ciudadanía y para proteger su actividad profesional. Un marco común que permita tener protocolos de actuación, los tiempos de intervención y evitar la improvisación ante las emergencias, respetando en cualquier caso las competencias autonómicas en la materia. Ambas normas son cruciales para garantizar la prestación de unos servicios públicos dignos, siempre que exista al mismo tiempo una dotación presupuestaria suficiente que, en este sentido, permita ampliar las plantillas existentes.

 

Bomberos forestales: haciendo frente a la precariedad

Imagínense el peor de los escenarios al sofocar las llamas: un monte en muchos casos descuidado fruto de la nula prevención realizada en los meses de invierno, en medio de un incendio de comportamiento impredecible y en plena ola de calor, sin efectivos suficientes y con una planificación de la temporada errática a cargo de la Administración competente. Con plantillas más que justas, contratadas en muchos casos de forma temporal por unos meses al año, muchas veces externalizadas a empresas privadas, en condiciones precarias y sin el reconocimiento profesional ni recibir la formación adecuada. Este es el día a día al que se enfrentan los bomberos forestales en nuestro país. Algunos han fallecido en el intento de sofocar las llamas.

 

Los profesionales que se ocupan de estos fuegos no se cansan de repetirlo: "Los incendios se apagan en invierno". Una planificación adecuada debería basarse, en primer lugar, en la disposición de medios humanos y materiales durante todo el año para evitar o paliar en buena medida los escenarios catastróficos que estamos sufriendo este verano, con innumerables ejemplos como los de la sierra de la Culebra (Zamora), Cebreros (Ávila), Ateca (Zaragoza)... Podríamos poner muchos más ejemplos, nos sirven casi todos.

 

Urge el reconocimiento profesional de los bomberos forestales a través de la ley que establezca de una vez por todas su razón de ser, el Estatuto. Tanto sindicatos como asociaciones profesionales de bomberos forestales llevan años reclamándolo. Esta ley facilitará que dispongan de una titulación, formación y retribución adecuadas, y que podamos acabar con las dinámicas de externalización y privatización de un servicio público esencial, avanzando hacia la internalización de las plantillas como personal de la  Administración. El reconocimiento de su condición de bomberos debe tener como consecuencia el derecho a la jubilación a los 60 años y de las enfermedades profesionales.

¿Se imaginan que hubiese policías o guardias civiles contratados temporalmente, sólo para el verano, en muchas zonas del país donde fuese necesario velar por la seguridad ciudadana? ¿Por qué en el caso de los bomberos forestales y el cuidado de nuestro entorno natural esto es el pan de cada día?

Junto con el Estatuto, las actuales plantillas precarizadas de forestales reclaman a las Administraciones un mayor esfuerzo económico y una mejor dotación de efectivos. Los actuales son a todas luces insuficientes. Es necesario un cambio de paradigma del modelo y una concienciación de lo que se nos viene, lo que estamos presenciando este verano puede transformarse en algo habitual, por desgracia. Tenemos que abandonar los dogmas neoliberales y entender que es necesario el reforzamiento de los servicios públicos como la inversión más rentable para afrontar el futuro.

 

Un marco común de coordinación

En España contamos, de forma aproximada, con unos 20.000 bomberos profesionales reconocidos en los distintos cuerpos que se reparten por toda la geografía en un complejo mapa competencial. Si no disponemos de un censo exacto es, precisamente, consecuencia de una atomización más o menos consciente a cargo de nuestras Administraciones. Hay bomberos municipales, provinciales, autonómicos, aeronáuticos... e incluso contrataciones de empresas privadas que han supuesto un sonoro fracaso.

 

Nunca se ha cumplido con el mandato recogido en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local de 1985, que establecía la necesidad de un marco regulador.

 

Además de considerar escasos los efectivos y medios -derivados de las políticas neoliberales de recortes de las últimas décadas-, los profesionales vienen denunciando hace años que es imprescindible un mecanismo de coordinación eficiente que permita, en primer lugar, reconocer que el servicio que ofrecen los bomberos es un elemento esencial de la concepción de seguridad humana y del reto que supone la emergencia climática y los incendios de nueva generación. Y, por encima de cualquier otra lógica, que se establezcan una serie de protocolos de actuación que nos alejen de la cultura de la improvisación y nos acerquen a la lógica de prestación de un servicio público esencial desempeñado por profesionales altamente cualificados y con inversiones en material adecuado.

 

La Ley de Coordinación de los servicios de prevención y extinción de incendios no pretende cuestionar ni meterse en la legislación que ya existe en cada comunidad autónoma, más bien al contrario, la pone en valor. Establece, eso sí, que esta labor es un servicio público y, como tales, los bomberos tienen que ser reconocidos profesionalmente como trabajadores públicos.

 

 Siempre al lado de los bomberos

Desde que cuenta con representación parlamentaria, Podemos ha llevado a las instituciones las reivindicaciones del colectivo profesional de los bomberos y trabaja codo con codo con sindicatos y asociaciones para que el reconocimiento legal a su labor de servicio público sea una realidad. Esto se concretó, en las legislaturas anteriores, en la elaboración de dos proposiciones de ley de la mano de colectivos y sindicatos.

En ello seguimos. Tras las últimas elecciones generales de noviembre de 2019, Unidas Podemos consiguió incluir en el Acuerdo de Gobierno con el PSOE la Ley de Coordinación de los servicios de prevención y extinción de incendios y la Ley del Estatuto de bomberos forestales.

En el caso de la Ley de Coordinación, y ante la inacción del Ministerio del Interior, Unidas Podemos propició la entrada al Congreso de la norma en forma de proposición de ley, admitida a trámite en su día. Aún resta constituir la ponencia y debatir en su seno las enmiendas presentadas a la ley. Eso significa que nos queda un complejo trabajo por delante hasta conseguir que se convierta en un texto publicado en el Boletín Oficial del Estado.

En el caso del Estatuto, el Ministerio de Transición Ecológica trabaja desde hace demasiados meses en un anteproyecto en el que mantiene una discusión interminable con las comunidades autónomas. A raíz de los últimos incendios, esta misma semana el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se ha comprometido públicamente ante los sindicatos a que el anteproyecto de ley del Estatuto llegue al Congreso en el próximo periodo de sesiones, para garantizar su aprobación en esta legislatura dando cumplimiento así al acuerdo de Gobierno. En cualquier caso, desde Unidas Podemos creemos que es necesario seguir empujando con determinación para conseguir que la norma se convierta en un hecho.

 

Un cambio de modelo

Tenemos que aprovechar los meses de legislatura que nos quedan para impulsar un avance en la dignificación y la adecuada dotación de los bomberos como servicio público y para empezar a tomarnos en serio la emergencia climática y el proceso de desertificación, aumentando la inversión pública de forma drástica, a la altura que nos plantea nuestro tiempo.

Las emergencias han sufrido un cambio considerable y no sólo en forma de unos incendios más complejos que nunca: los retos con formas inabordables de gota fría o temporales se multiplican fruto del desequilibrio climático y el calentamiento global. Por ello, es indispensable que pongamos ya encima de la mesa un cambio de modelo basado en la coordinación de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, en el reforzamiento del servicio público y en la prestación directa con personal público: se trata, en definitiva, de disponer de unos servicios públicos dignos que protejan el territorio y a la vez sean un factor decisivo en la vertebración del territorio frente al reto demográfico y la España vaciada.

Una larga marcha comienza dando el primer paso. Aprobemos cuanto antes la Ley de Coordinación y el Estatuto de bomberos forestales, aumentemos el personal y las inversiones y abandonemos el dogma neoliberal. Hablamos, simplemente, de cuidar a quien nos cuida.

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