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Opinión

Deben responder por sus actos

Si las instituciones frente al delito actúan como delincuentes, se termina sin distinguir quién es quién. El Estado, en democracia, tiene el legítimo derecho al ejercicio del uso de la fuerza. Siempre que sea dentro de la ley. No debe ampararse en la legislación, en muchos casos hecha a medida, para suponer que tiene legitimidad para hacerlo. Es el caso de la norma sobre secretos oficiales. Con frecuencia se han parapetado tras esta norma prácticas relacionadas con la historia de este país. El tráfico de armas con los países del Golfo es un caso. Otro, para el que la ministra Robles ha quedado en evidencia, es el propósito y legalidad del espionaje a independentistas y a sus contactos.

En esta España que alberga importantes focos de poder militar, económico, político y religioso, la democracia representativa es un pretexto para mantener las mismas dinámicas que protegen la corrupción, la colusión y otras prácticas que distorsionan la gestión pública de los recursos de toda la sociedad. La entrega de los inmuebles de la SAREB a un fondo buitre aún está por explicarse. Confío en que Pedro Sánchez pondere la creciente pérdida de capital político, en favor de la ultraderecha, luego de sus últimas y desafortunadas decisiones.

Esta España en la que estamos es el resultado de un proceso histórico violento. Consecuencia de las prácticas totalitarias de grupos que, por sus afinidades políticas, religiosas o de cuna, monopolizaron el poder. Ello, desde la creencia de que eso les daba derechos por encima del conjunto ciudadano. Siguieron haciéndolo con la impunidad que les dio el sistema. Como ejemplo cercano tendríamos a los comisionistas, tanto en el ayuntamiento, como en la Comunidad de Madrid. Sin mencionar la falta de voluntad de la Justicia por esclarecer los miles de ancianos muertos por desatención durante la pandemia. Para que redundar en el abrumador panorama de corrupción de la que no se libra la institución monárquica.

La violenta forma de imponer privilegios no fue resuelta por la Transición. Por tanto, desde entonces, en escasas ocasiones los culpables de transgredir la ley fueron castigados debidamente. En cualquier caso, no cabe duda que para que esa manta de impunidad fuese posible, ha sido necesario la existencia de un soporte judicial, político y de las fuerzas de seguridad, que lo hiciese posible. Los torturadores murieron en sus camas. La justicia no se ha democratizado. Confían en que pronto gobierne la ultraderecha.

Desde los grandes casos de corrupción política, empresarial y financiera del franquismo y del postfranquismo, ya le quedó claro a la ciudadanía que debía aceptar ese estado de cosas “por el bien de España”. La justificación de “la razón de Estado” para ignorar delitos como los que se han cometido con el espionaje a rivales políticos, alcanza una dimensión represiva propia de un sistema totalitario.

Los gestos en política son relevantes porque muestran la realidad del tipo de calidad democrática que tiene este país. Es así el error cometido por la Casa Real al informar a las que denominó fuerzas “constitucionalistas”, he ignorar a las restantes fuerzas parlamentarias por su carácter autonómico, en su información acerca de la curiosa fortuna del actual monarca.

Estamos frente a momentos decisivos. Es la hora de que respondan por sus actos aquellos que han cometido delitos.

Por el bien de España.

 

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