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Opinión

Desde los lobbies al eufemismo de la transparencia

Sin medios no hay lobby porque los medios son claves para que los grupos de presión y las empresas influyan en la toma de decisión política de gobiernos, legisladores y jueces. Paradójicamente, los medios invocan la libertad de expresión, aunque internamente la restrinjan, para defender la libertad de empresa. Otro eufemismo.

Es lógico suponer que, más que informar libremente, los medios y sus recursos, son “usados” tácticamente por los lobbistas contratados por los conglomerados económicos nacionales y transnacionales, para afectar a su favor las decisiones del poder y atacar a sus oponentes. De la verdad hablamos en otro momento.

No me cabe duda que la preeminencia de lo privado en la toma de decisiones es más preocupante en estos tiempos de Big Data, cuando empresas y poderes vigilan, controlan y dominan a través de algoritmos cada vez más precisos, la voluntad de los usuarios a costa del interés general. Bueno es reconocer que los grandes grupos de medios se parapetan en el derecho democrático a la libertad de expresión para evitar acciones de control de los estados.

El concepto de libertad de expresión determina, que se necesita que los medios sean lo más libres posibles, para que estén disponibles todas las informaciones necesarias al alcance de sus audiencias de manera que la ciudadanía tome sus decisiones.

Sin embargo, esta, puede ser una premisa falsa porque los niveles de estructuración del mensaje y la definición de la agenda setting en cada medio, dependerán del grado de pluralidad de la oferta mediática y de la concentración de la propiedad de dichos medios.
Para evitar ambigüedades, una fuente informativa para el trabajo periodístico debería ser el propio aparato del Estado mediante la ley de Transparencia de España, cuya denominación completa es Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de “transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. Aparentemente es una norma que tiene como objetivo “ampliar y reforzar la transparencia” de la actividad pública, así como “regular y garantizar” el derecho de acceso a aquella información relativa a aquella actividad y “establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. Invito a los lectores a que lo intenten.

La norma se publicó en el BOE el 10 de diciembre de 2013, entrando en vigor en dos momentos diferentes: el título preliminar, el título I relativo a la transparencia de la actividad pública y el título III sobre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, conocido por su sigla CTBG, entraron en vigor el 10 de diciembre de 2014, mientras que el Título II, relativo al buen gobierno, entró en vigor el día siguiente a la publicación de la norma. Años en los que la Gurtel y la Caja B hacían las delicias del equipo de investigación de Antonio Ferreras en la Sexta a la vez que, según conocemos hoy, se relacionaba con sus amistades peligrosas.

En la actualidad, por la aplicación de dicha norma, se trata de lograr que nuestras y nuestros parlamentarios faciliten la agenda de contactos con representantes de los grupos de interés. Podremos comprobar así que la transparencia es una cualidad ausente de la actividad de nuestros representantes. La Casa Real está incluida en dicha norma. Intentar que se den a conocer los contactos con derivaciones económicas resultará infructuoso. Inexplicable ante la existencia de una norma que lo regula. Esto es lo que permite afirmar que estamos ante el eufemismo de la transparencia. Demás está decir que esta información debería incluir a los contactos de los magistrados con dichos grupos. Se explicarían muchas decisiones.

Dejo este enlace para las almas inquietas.

Requerir esfuerzos a la ciudadanía desde lugares bien calefaccionados y despensas bien pertrechadas, para afrontar una posible recesión o restricciones energéticas como consecuencia de decisiones inconvenientes a los intereses de la mayoría de españoles es, al menos, irrespetuoso e indecente si se contempla desde la opacidad en la gestión de los recursos públicos.

Recuérdalo al votar.

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