Dinero público y medios de comunicación

La publicidad institucional tiene sentido y existe en todo el mundo; el problema se presenta cuando las inyecciones de dinero público a medios de comunicación, en forma de publicidad institucional o en otras formas, se sobredimensionan y se reparten de forma arbitraria y sin unos mínimos de transparencia, algo que en España ocurre con demasiada frecuencia. “La publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes, y no deben perseguir objetivos inadecuados al buen uso de los fondos públicos”, establece en su exposición de motivos la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional. Sin embargo, pocas veces es así.

¿Por qué hay dirigentes de administraciones públicas –estatales, autonómicas o locales– que destinan dinero público a determinados medios de comunicación como si ese dinero público fuera de su propiedad? ¿Por qué, aunque se demuestre que gastan ese dinero público así, no pasa nada? ¿Por qué los dirigentes de esas administraciones públicas ocultan todo lo que pueden a qué medios de comunicación destinan ese dinero público? ¿Constituye ese dinero público una de las herramientas más eficaces para controlar la línea editorial de determinados medios de comunicación y utilizar estos en beneficio propio? Es evidente que sí.

Oficialmente, el reparto de publicidad institucional en España depende de los índices de audiencia de cada medio de comunicación, pero la realidad es que, más que de esos índices de audiencia, de lo que depende muchas veces es de la buena o mala relación de cada medio de comunicación con los dirigentes de la administración pública que realizan ese reparto, y eso es lo que explica el oscurantismo con el que lo realizan.

Es evidente que el dinero público no se reparte entre los medios de comunicación atendiendo sólo a los índices de audiencia, pero es que incluso un reparto que atendiera sólo a los índices de audiencia no ayudaría demasiado a solucionar el problema de fondo. Por eso el grupo de Unidas Podemos en el Congreso iniciaba hace un mes el trámite legislativo para llevar a la Cámara una proposición de ley –inspirada en una iniciativa de la PMI (Plataforma de Medios Independientes)– para reformar la Ley 29/2005 con el objetivo de que el reparto de publicidad institucional no dependa sólo de los índices de audiencia de los medios de comunicación, pues es un criterio poco fiable –“muchos medios estarían utilizando métodos de agregación de audiencias que distorsionarían los datos obtenidos”, destacó la formación morada– y además “perjudica gravemente a los medios independientes y a las pequeñas y medianas empresas”.

La portavoz adjunta de UP en el Congreso, Sofía Castañón, afirmaba entonces que “no puede ser que los criterios de audiencia, con unos medidores más que cuestionables, sean los que estén determinando a qué cabeceras informativas va el dinero público en publicidad institucional” y destacaba que la iniciativa de la formación morada pretende que el reparto de esa publicidad institucional también tenga en cuenta cuestiones como “las medidas adoptadas por los medios para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la protección de determinados colectivos vulnerables, el nivel de transparencia de la información corporativa y de los datos medidores de audiencia o el cumplimiento de las obligaciones deontológicas y profesionales del sector”, precisamente para “fomentar la pluralidad informativa y proteger el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, contrastada, respetuosa con la igualdad de género y con el periodismo de calidad”. “Los criterios de igualdad, empleo decente, pluralidad y diversidad deben ser de referencia, porque los medios tienen una responsabilidad social y es justo reconocer a quienes contribuyen en coherencia a tener una sociedad más igualitaria, más justa y más orgullosa de su diversidad en todos los ámbitos”, insistía Castañón.

Aguirre, González y Ayuso

El tema del reparto de la publicidad institucional puede ser más o menos general y transversal, pero es evidente que se dispara en administraciones públicas como la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso (PP), que preside la comunidad autónoma desde 2019, está igualando o superando las cotas que en su día alcanzaron Esperanza Aguirre (PP), que la presidió desde 2003 hasta 2012, e Ignacio González (PP), que lo hizo desde 2012 hasta 2015.

Aguirre y González regaron de publicidad institucional a los medios más afines a sus gobiernos –diarios impresos como ‘ABC’ o ‘La Razón’, diarios digitales como ‘Libertad Digital’ o cadenas de radio como Intereconomía–, por lo que no extraña que, nada más dejar la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Aguirre fichara como columnista por ‘ABC’ –propiedad de Vocento– y González lo hiciera como columnista de ‘La Razón’ –propiedad del Grupo Planeta–, ambos por cantidades desorbitadas, según se publicó. Otros, como Ildefonso de Miguel –gerente desde 2004 hasta 2009 de Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas de la Comunidad de Madrid–, ficharon por la ‘Libertad Digital’ de Federico Jiménez Losantos nada más dejar la Gerencia de Canal de Isabel II, que regó de dinero público no sólo a ‘ABC’, ‘La Razón’ o ‘Libertad Digital’ sino también a otros medios de comunicación como el entonces prácticamente irrelevante y hoy desaparecido digital ‘nuevatelevision.com’, al que inyectó casi 600.000 euros en publicidad institucional. Eso sí, ‘nuevatelevision.com’ había sido impulsado por Miguel Ángel Rodríguez, que había sido secretario de Estado de Comunicación y portavoz del Gobierno de José María Aznar y ahora es jefe de Gabinete de Ayuso.

Hace años que Aguirre y González abandonaron la política institucional, pero los tiempos no han cambiado demasiado desde entonces. Así, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carol Alonso, desvelaba el pasado mes de julio que el Gobierno de Ayuso adjudicó entonces, a dedo, un contrato de 50.000 euros al digital ‘okdiario’, de Eduardo Inda, en concepto de “patrocinio de la ‘I Jornada de Turismo ‘okdiario’ de la Comunidad de Madrid’”. Unos meses antes, la presidenta autonómica se había ‘ganado’ al Grupo Planeta –editor de La Razón y accionista mayoritario del grupo de comunicación Atresmedia, propietario de Antena 3, laSexta u Onda Cero– adjudicándole, también a dedo, un contrato de 14,5 millones de euros, así como una licencia para que la EAE (Escuela de Administración de Empresas), empresa propiedad del Grupo Planeta, ponga en marcha una universidad privada. Son sólo dos ejemplos de inyecciones de dinero público a medios de comunicación, y ambos van más allá de la publicidad institucional.

El tema del dinero público y los medios de comunicación no es menor: los medios de comunicación son un actor político de primer orden –eligen, orientando así a la opinión pública, los temas de los que se habla (por poco interés periodístico que tengan), y sobre todo cómo se habla de ellos, y también los temas de los que no se habla (por mucho interés periodístico que tengan)–, y el reparto de dinero público entre ellos influye en su línea editorial, al tiempo que su línea editorial influye en el reparto de dinero público, estableciéndose así un círculo vicioso que puede hacer mucho daño. Y, de hecho, lo hace.