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Opinión

Dos años después de una tragedia que no nos llevó a las calles

Dos años después de una tragedia que no nos llevó a las calles

Han pasado ya dos años desde la declaración del estado de alarma por COVID, una pandemia que causó la muerte a 20.000 ancianos en las residencias en los dos primeros meses de contagios, sin que hubiera –cuando se pudo convocar– una sola  y nutrida manifestación ciudadana que exigiera responsabilidades por la desatención y abandono en que fallecieron. Según el periodista Manuel Rico, solo en Madrid perdieron la vida 7.291 sin recibir atención hospitalaria, un 77 por ciento de los decesos registrados en esos centros. En Cataluña murieron 2.797, un 72 por ciento de los mayores que perdieron la vida por COVID o síntomas compatibles.

Desde que ocurrió esa auténtica tragedia, hemos observado que la Fiscalía General del Estado pareció reaccionar el pasado mes de febrero ante un informe de Amnistía Internacional que denunciaba su pasividad, pero después de solicitar que se le remitiese en treinta días información sobre los procedimientos penales abiertos, ninguna información se nos ha dado un mes y medio más tarde.

Al día de hoy, según contó hace unos días Rico en InfoLibre, están siendo los familiares de las víctimas los que tienen que impulsar las investigaciones ante esa pasividad del Ministerio Fiscal. Se está evitando desde este tomar declaración a cualquiera que pueda disponer de alguna prueba de cargo y sigue faltando una investigación en regla sobre los llamados protocolos de la vergüenza, los mismos a los que el señor Reyero, exconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Madrid, se refirió en ese mismo periódico.

Desde el Gobierno de Díaz Ayuso, cuya Presidencia fue respaldada después en las urnas por mayoría, se cursaron órdenes para que los ancianos afectados por el virus, en situación de dependencia o discapacidad, no fueran ingresados en los hospitales. “Alguien en la Comunidad de Madrid jugó a ser dios para decidir quién se salvaba y quién no”, afirmó Alberto Reyero, que dimitió de su cargo por ese motivo. También leemos en las declaraciones del exconsejero algo que mueve a recapacitar: “Hay una cosa evidente, el colapso atroz que ocurrió en las residencias no lo vimos los ciudadanos. Si eso llega a pasar en los hospitales hubiera ocurrido a la vista de todos”.

Puede que en las calles se hubiera hecho notar la protesta y la indignación ciudadana si se hubiera dado ese colapso hospitalario. No fue así en el caso de nuestros mayores muertos en la soledad de sus habitaciones. Al cruel e ignominioso abandono en que fallecieron tantísimos ancianos que vivieron en su niñez y adolescencia las penalidades de la guerra y la posguerra, le siguió el abandono de una respuesta popular masiva exigiendo a la Fiscalía la diligencia y el rigor que hasta ahora le está faltando para investigar los hechos.

Pocas veces habrá una razón mayor para que la ciudadanía haya salido o deba salir masivamente a la calle. Podríamos volver a vivir en circunstancias similares lo que sufrieron esos miles de ancianos y sus familias, sobre todo si en las residencias sigue primando el negocio por el negocio y la precariedad laboral en detrimento de la humanidad, y los gobernantes colaboran en ello con unos ignominiosos protocolos de la vergüenza como los que denunció Alberto Reyero, otro político digno que abandonó la política.

La política no debería ser, en palabras de Voltaire, el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria.

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