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Internacional

El aborto y la frontera entre México y Texas: una cuestión de Derechos Humanos

México avanza en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mientras Texas propulsa a nivel legislativo una 'caza de brujas' contra las que decidan abortar

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Según un informe de Amnistía Internacional, la irrupción clandestina del embarazo es ya la tercera causa de muerte materna a nivel mundial. Sin embargo, el debate sobre garantizar el acceso seguro y de calidad al aborto sigue copando las agendas de las fuerzas políticas más conservadoras.

En los últimos días, se ha asistido a las dos vertientes: México celebraba, como hace escasos meses Argentina, la despenalización del aborto tras un fallo histórico de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), que declaraba inconstitucional la condena a las mujeres que hacen uso de la irrupción del embarazo en su primera etapa, reconociendo de esta manera el derecho a decidir en la totalidad de los 32 estados que conforman el país.

Por la contra, su vecina Texas hacía pública, en consonancia de la decisión adoptada por los republicanos, una noticia donde, tras la aprobación de una nueva ley, se legitimaba la ‘caza de brujas’ contra las mujeres que decidieran interrumpir la gestación, permitiendo a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar tras seis semanas, fecha en la que es frecuente no conocer la situación, negando así la capacidad de decisión sobre sus propios cuerpos. Dos caras de una misma frontera.

Sin embargo, la decisión adoptada en el estado norteamericano no impide en la materialidad la interrupción del embarazo si no que, tal como señalan desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo condenan a la clandestinidad y, por tanto, lo hacen inaccesible, inseguro y peligroso para la salud, causando incluso la muerte o múltiples incapacidades, cuando con su regularización se consideran evitables cada uno de los riesgos y lesiones.

De facto, según los datos recabados por la misma organización, los países que prohíben o restringen duramente los tiempos o los supuestos para abortar registran mayor número de interrupciones de embarazo. Esto, además, tiene que ver con el poco acceso a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos.

Otro ataque contra las mujeres

Este debate parte de un profundo asentamiento ideológico sobre la concepción del papel reproductivo de las mujeres en un modelo conservador de sociedad. Ya la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW o Tratado de los Derechos de las Mujeres) ha manifestado durante varios años que las leyes restrictivas sobre el aborto constituyen una discriminación, y que el estigma se origina justamente con la penalización de dicha interrupción y el impulso de otras políticas que dificultan el derecho a decidir.

“La mera percepción de que el aborto es ilegal o inmoral da lugar a que el personal de los servicios de salud, la familia y los jueces, entre otros, estigmaticen a las mujeres y las niñas. Como consecuencia, las que intentan acceder a servicios de aborto corren el riesgo de sufrir discriminación y hostigamiento. Algunas mujeres han informado de que los proveedores de servicios de salud las insultaron y las hicieron avergonzarse cuando solicitaron servicios de aborto o asistencia médica tras un aborto”, relata Amnistía Internacional.

El aborto es un derecho humano

Asimismo, obligar a cualquier persona a gestar o maternar infringe el precepto de “autonomía física” y niega el derecho a la “intimidad”. Por tanto, en los lugares donde se restringe y se pena, incluso, con prisión el aborto, se está atacando frontalmente a los Derechos Sexuales y Reproductivos y negando principios en los que se basan los Derechos Humanos.

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