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Opinión

El enfoque del conflicto y la torpeza

El enfoque del conflicto y la torpeza

Deberíamos reflexionar sobre si es el conflicto una enfermedad social o representa una fuente de energía para el progreso de las personas, individual o colectivamente consideradas. Ello, porque el conflicto es inevitable tanto en el plano intrapersonal, en el interpersonal o en el sociocultural. La cuestión estriba en si lo vemos como algo disfuncional o como funcional al desarrollo social. Depende del enfoque.

Los que creen que el conflicto ofrece una oportunidad de mejora aceptan el debate y la existencia de discrepancia. Es un enfoque funcional del conflicto.

Los que lo ven como un fenómeno disfuncional, disociativo, corrosivo y destructor, se alinean con aquellos que lo consideran como un factor de inestabilidad o como un peligro para la estructura de la sociedad en su conjunto. Para estos, la expresión de la discrepancia resulta inasumible, inaceptable. Sólo contemplan la propia hegemonía de los intereses de grupo, premiando esas lealtades internas de manera generosa, pero ignorando o castigando, la dimensión de las diferencias de la visión del modelo de sociedad de los restantes grupos que participan de ella. Este es el otro enfoque. El disfuncional.

Toda la serie de reformas acometidas en España, con el único fin de favorecer a las propias camarillas económicas, religiosas, sociales y políticas, no han considerado los efectos que han tenido sobre los restantes sectores de la sociedad. El escenario natural de este enfoque son los regímenes totalitarios. Dado ello, en el caso de quererse aplicar en una democracia supuestamente madura, no resultaría extraño que surgiese una creciente resistencia militante, proveniente de los progresistas. Traducida ésta en actividades de conflicto, con el objeto de resistir a la agresión y, así, mantener y asegurar su propia existencia. Pero, para desanimar la movilización, está la acción disuasoria de los grupos mediáticos y de la administración sesgada de la justicia, apoyada en una legislación represiva.

Claro está, que la otra opción es claudicar a la propia existencia de grupo, como el caso de las organizaciones sindicales o del socialismo ultraliberal de la Tercera Vía, e incorporarse al territorio del grupo hegemónico en términos del poder. Esto ya ha ocurrido, aunque las estructuras sindicales y la militancia socialista no lo estén aceptando pasivamente. Han sido cooptadas bajo pretextos de dudosa consistencia democrática. Ejemplo de eso es la resistencia a la mejora social de los ministros Escrivá, Calvo, Robles y Ribera. Plantel que estaría cómodo en cualquier gobierno de la derecha.

Por tanto, los grupos en confrontación se reducen, pero la energía en juego se intensifica. De aquí, resulta imprescindible para las posturas intransigentes, aportar contenido al enfrentamiento, ello, en modo de cánticos, himnos y banderas. Es la mística escenográfica que necesitan los miembros para justificar sus posibles sacrificios. No es menos, recordar que el monopolio de la violencia radica en manos del Estado. La cuestión será entonces si lo administrará de manera proporcional. De hecho, ya han surgido voces militares que desean desarrollar acciones para garantizar la seguridad nacional. No me refiero a fusilar a más de veinte millones de españoles incluidas sus proles.

Quizá convendría saber que esa doctrina, opuesta a la de la defensa nacional, que es la correcta, fue la que incendió toda Sudamérica cuando se puso en práctica la doctrina impartida por la conocida “Escuela de las Américas”. Esta Escuela, ahora llamado Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (SOA/ WHINSEC por sus siglas en inglés) fue establecida en Panamá en 1946, y luego trasladada a Fort Benning, Georgia en 1984.

Si alguien confía en que la violencia resuelva los conflictos, mucho me temo que no ha valorado rigurosamente los factores en juego. Manteniendo la ley Mordaza no colabora en sugerir lo contrario. Excepto, claro, que se introduzcan variables como la proscripción de los partidos de reconocida militancia democrática o el encarcelamiento de los discrepantes. Hasta el momento es manifiesta la incompetencia de los grupos confrontados en la búsqueda de consensos, a través de cauces de conciliación y ajuste mutuo, que reduzcan así la intensidad del conflicto.

El ejemplo de establecer acuerdos con la monarquía marroquí respecto del Sahara, presumen el más ilegítimo ejercicio del mandato conferido al jefe del gobierno. Este debe respetar el compromiso de la defensa del pueblo saharaui, con los electores que lo invistieron. Recordemos que el ejercicio del poder legítimo no emana de esta monarquía decidida por Franco, sino de los electores. En cualquier caso, reprobar a un cargo electo en vía parlamentaria hace que sean personas que con su conducta se han hecho indignos de ocupar el puesto para el que habían sido investidos.

Sería adecuado concluir que lo contrario, la torpeza de la mera aplicación de la fuerza, tan sólo ofrecerá a los enemigos de la democracia la oportunidad de llegar al poder por vías ilegítimas.

La torpeza en la gestión del gobierno, a este paso y a medio plazo, lo hará realidad.

Confiemos que no sea así.

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