El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, ante el estallido de la variante ómicron, decidió confiar su política de gestión de los contagios al autodiagnóstico, sin reforzar la atención primaria sanitaria y dejando a la suerte de los infectados las medidas a adoptar en caso de resultar positivos. Tan solo ofreció un test de antígenos gratuito a cada madrileño, que llegaron más tarde de lo prometido y a cuentagotas, a pesar de ser la variante de coronavirus más contagiosa hasta la fecha.
La duda que surgió entonces fue qué pasaba con esos testeos caseros. ¿Se quedarían al margen de la estadística oficial y, por tanto, de los datos de incidencia acumulada? Desde la Consejería de Sanidad insistieron en que la región “los iba a contar” y que se iban a transmitir al Ministerio “los que establezca, como siempre”. Ahora la SER revela que no fue así.
Al menos 55.223 positivos comprendidos entre el 13 de enero y el 6 de marzo y notificados por los ciudadanos a través del teléfono 900 102 112 a las autoridades sanitarias, se quedaron fuera de la estadística oficial. No se transmitieron al Sistema de Vigilancia de España, dependiente del Centro Nacional de Epidemiología, tampoco computaron a la hora de calcular la incidencia acumulada y no se dieron a conocer públicamente.
¿El resultado? Más del 18% de los casos registrados durante esos días nunca se comunicaron. Todo ello, a pesar de que el 30 de diciembre la Comisión de Salud Pública, integrada por los directores generales de Salud Pública de todas las Comunidades y del Ministerio de Sanidad, confirmara que “los resultados de los autotest, en situaciones en las que CCAA no pueda garantizar la confirmación en tiempo por PDIA, y que, por tanto, se manejen como casos de COVID se considerarán confirmados, se integrarán en el sistema de vigilancia y en la notificación habitual a través de SIVIES al Ministerio de Sanidad”.
Tras múltiples excusas por parte de la Consejería madrileña, Enrique Ruiz Escudero finalmente admitió que “no se registran los casos de autotest como casos de la pandemia”. El argumento del consejero es que Madrid evitaba notificar esos contagios para “mantener la calidad de la estadística”, a pesar de que otras Comunidades Autónomas, en cumplimiento del citado acuerdo, sí los estaban reportando.
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