El Gobierno surgido de las elecciones generales del pasado mes de noviembre y del pacto entre PSOE y Unidas Podemos es el primer Ejecutivo español de coalición del régimen del 78, el primero desde la II República, truncada por el golpe de Estado de julio de 1936. A pesar de que en el resto de Estados europeos los Gobiernos de coalición son habituales, en España no ha sido fácil pactar un Ejecutivo de coalición; el propio régimen del 78 fue diseñado, en la Transición española, para favorecer el turnismo, en solitario, de dos grandes partidos en el Gobierno.
Los cuatro vicepresidentes y 18 ministros –22 en total, 11 de ellos mujeres y los otros 11 hombres– del Gobierno presidido por Pedro Sánchez prometieron sus cargos en enero, por lo que el Ejecutivo ya enfila, y sin fisuras, su primer medio año de andadura. 17 de los 22 están en el Gobierno a propuesta del PSOE de Sánchez, mientras que los otros cinco lo están a propuesta de Unidas Podemos: el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la de Igualdad, Irene Montero; el de Consumo, Alberto Garzón, y el de Universidades, Manuel Castells.
Si no fue fácil pactar un Gobierno de coalición, tampoco lo está siendo su primer medio año de andadura, teniendo en cuenta sobre todo la pandemia mundial de coronavirus y la crisis económica aparejada a la misma, que derecha y ultraderecha están intentando aprovechar para derribarlo. El propósito de unidad –“se va a nutrir de ideas plurales pero va a caminar en una sola dirección, hablará con varias voces pero siempre con una misma palabra”, avanzó el propio Sánchez ya en enero– se ha cumplido, aunque las tensiones en materia económica entre el ala derecha del Ejecutivo –representada por la ministra de Economía, Nadia Calviño– y su ala izquierda –representada por Unidas Podemos– en ocasiones han sido evidentes.
Sólo después de ganar las elecciones primarias a Susana Díaz tras ser desalojado de la Secretaría General del PSOE por haberse negado a facilitar una nueva investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, Sánchez se vio libre de ataduras para pactar a su izquierda, con Unidas Podemos, un Ejecutivo de coalición. Pero Calviño desde el propio Gobierno, los ‘barones’ desde el propio partido y Felipe González y Juan Luis Cebrián desde el Grupo PRISA –propietario del diario ‘El País’ y la Cadena SER– lo marcan de cerca.
El peso, relativo pero significativo de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, ha logrado implementar medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, la derogación de la medida que permitía el despido por bajas médicas justificadas, la aprobación de la medida que reduce el número de peonadas e incentiva la estabilidad en el empleo de los trabajadores del campo, la derogación de la LOMCE y del sistema de horquillas para las matrículas universitarias, la aprobación de medidas –en materia de vivienda, empleo, consumo o lucha contra la violencia machista– para ampliar el ‘escudo social’ frente a la crisis del coronavirus, la aprobación del ingreso mínimo vital… También está detrás de la introducción del ‘sólo sí es sí’ en el Código Penal, del proyecto de ley de protección a la infancia y la adolescencia o del anunciado aumento y mejora de las becas universitarias.
En este punto, el Gobierno tiene dos grandes retos a afrontar. Uno, que medidas económicas como algunas de las antedichas y las que puedan estar por venir no podrán sostenerse en el tiempo sin un sistema fiscal realmente progresivo y un aumento significativo de las plantillas de la Inspección de Trabajo, del Servicio Público de Empleo Estatal o de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y dos, que varios de los avances previstos en la agenda de Unidas Podemos podrían precisar de la movilización para lograr salir adelante. En una entrevista con ‘El Periódico de Catalunya’ y preguntada por la comisión de ‘expertos’ propuesta por Sánchez para diseñar la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apunta este domingo que “está muy bien escuchar a los expertos, pero lo más importante es escuchar a la calle”, pues “un Gobierno progresista debe mirar siempre también hacia fuera” y “si nos alejamos de la calle, tenemos más posibilidades de equivocarnos”.
La aprobación o no de una reforma fiscal realmente basada en la progresividad y la derogación o no de la reforma laboral impuesta por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y la patronal CEOE en 2012 –compromisos de PSOE y Unidas Podemos en su acuerdo de gobierno– marcarán el rumbo del Ejecutivo en los próximos tiempos, en un momento en el que proliferan, y de forma cada vez más indisimulada, los cantos de sirena hacia el PSOE desde los poderes económicos.
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