El Tribunal Supremo ha confirmado la condena por falsedad documental y deslealtad profesional a Víctor Valladares, el abogado que denunció al delegado del Gobierno central en la Comunidad de Madrid por no prohibir la manifestación feminista del 8M de 2020. La Sala de lo Penal del alto tribunal ha confirmado así la condena de un año de prisión y multa de 3.600 euros por un delito de falsedad documental y multa de 6.000 euros por un delito de deslealtad profesional que el TSJM (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) impuso a Valladares, a quien el TSJM ha confirmado igualmente que deberá indemnizar con 13.479 euros, en concepto de responsabilidad civil, a los dos perjudicados.
La condena a Valladares no tiene nada que ver con el 8M de 2020 sino con hechos que se remontan a entre 2015 y 2017, cuando fue contratado como abogado por dos particulares para emprender una serie de acciones judiciales sobre cláusulas suelo. “No solo no lo hizo sino que, incluso, confundió a sus clientes haciéndoles creer, de manera prolongada y desplegando determinados ardides, que dichas acciones se encontraban en marcha”, establece la sentencia del Supremo, que asegura que además Valladares facilitó a sus clientes un documento “elaborado por él mismo” para aparentar “la forma de un auto judicial”. La Sala de lo Penal del alto tribunal considera que la actuación del abogado perjudicó “de manera manifiesta” los intereses de sus clientes.
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