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Opinión

Electricidad, 128 o barbarie

La escalada de precios de la luz ha puesto en evidencia la voracidad de las eléctricas contra la población, un mercado artificial que solo responde a los intereses de las monopolistas y al rotundo fracaso de la privatización del sector eléctrico en España.

El acuerdo del Gobierno de coalición en España contenía la necesidad de limitar los superbeneficios de las empresas poniendo coto a los beneficios caídos del cielo y protegiendo a la población contra los abusos.

El mercado eléctrico es un mercado artificial en el que un pequeño puñado de empresas se forran como consecuencia de las reformas estructurales que a lo largo de décadas han defendido sus intereses a costa de la población. La última reforma del mercado eléctrico fue realizada por el ministro ‘off shore’ Soria, la guinda a un pastel cocido a fuego lento por el bipartidismo neoliberal desde los 90. Da vergüenza recordar cómo decían que Endesa debía ser privatizada por imperativo de la Unión Europea (UE) y acababa en manos de la empresa pública italiana ENEL.

La subida de precios de la energía eléctrica en España abrió el debate acerca de regular el mercado para impedir que los superbeneficos de las eléctricas españolas siguieran estrangulando a la población y al tejido productivo. La manipulación de precios por parte de las empresas energéticas no es una consigna izquierdista, sino el motivo de procedimientos sancionadores de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que se sustancian muchos años después con multas ridículas.

Durante la última escalada de precios, Iberdrola ha abierto las presas para aprovechar la circunstancia, poniendo en grave riesgo entornos naturales y recursos hídricos imprescindibles para nuestro sector primario. Una situación que ponía sobre el tapete quién debe tener el grifo de las presas cuando la emergencia climática nos anuncia un cambio de época y el agua se convierte en uno de los elementos estratégicos para evitar o atenuar el desastre provocado por modelo socioeconómico insostenible. ¿No resultaría razonable que la gestión del agua se encontrase en manos de las autoridades públicas y que las decisiones en la gestión respondiesen al interés general y a la sostenibilidad social y ambiental?

Retorno a lo público

La experiencia práctica nos viene a decir que el artículo 128 de la Constitución está para usarlo y que el Estado debe asumir la competencia en la gestión del agua de las presas del país para atajar los abusos y los desastres provocados por las empresas eléctricas concesionarias. Amén de recuperar la titularidad plena para el sector público a medida que caduquen las concesiones. Se trata de quitarles el grifo cuanto antes para evitar el desastre, imponiendo el interés general y la sostenibilidad como elementos estratégicos.

Se ha abierto el debate sobre la necesidad de una empresa pública eléctrica para poder abordar los retos que plantea el futuro: la transición ecológica, la garantía del acceso de la energía para la población y la necesidad de planificación del cambio de modelo productivo.

Se abre paso el concepto de autonomía estratégica de la UE como una enseñanza de la crisis de la pandemia. La dimensión de las tareas no nos permite dejar en manos de grandes corporaciones privadas retos vitales para la sociedad cuando la práctica nos demuestra que su único interés es el aumento desorbitado de sus cuentas de resultados.

Ciertamente la idea de una empresa pública ha desatado la ira de los guardianes del dogma neoliberal diciendo todas las falacias imaginables, cuando Red Eléctrica Española es una empresa de mayoría de capital público español, principal garantía del suministro eléctrico en el Estado, y se encarga de la distribución. Dogmatismo y negación de la realidad por parte de la versión kitsch de los Chicago boys.

Ojalá nuestro país hubiese conservado la red telefónica pública. La cuestión que nos ocupa en este caso es por qué debemos renunciar desde lo público a tener una empresa que produzca y comercialice energía garantizando el suministro a la población y al tejido productivo

Cuando, en medio del proceso de recuperación económica de la crisis pospandemia, las eléctricas amenazan con un cierre desordenado de las nucleares y la congelación de proyectos de renovables por limitar sus beneficios exorbitantes y sin parangón en Europa, no retan al gobierno, sino que amenazan y atacan los intereses del pueblo.

Retan e interpelan al pueblo, están despertando al león dormido con la esperanza de que se vuelva contra el Gobierno y olvide el rostro de quienes saquean los bolsillos de la gente trabajadora y amenazan al tejido productivo del país. Corren un grave riesgo. A pesar de su control sobre los medios de comunicación, la obscenidad del saqueo también puede despertar el deseo, la apuesta por la posibilidad de una empresa pública que garantice la producción, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica. Básicamente que la gente decida que hay que mandarles a la mierda y que es hora de tomar el control sobre nuestras vidas.

No es fácil y es enorme la concentración de fuerzas que será necesaria para conseguirlo, pero el principio realidad se impone y para que el concepto de autonomía estratégica del que se habla en la UE pueda abrirse paso se requiere de la intervención pública en sectores estratégicos como la energía.

Pueblo vs monopolistas

No es un secreto que la batalla está abierta y lo más importante se encuentra en definir la contradicción principal que permita la acumulación de fuerzas y la tracción para impulsar los cambios, no relatos; cambios estructurales que permitan la planificación democrática de la producción, la distribución y la comercialización del suministro eléctrico para la transición ecológica y el cambio de modelo productivo.

El conflicto es rocoso, se da de forma abierta con los sectores de la derecha que se convierten en abogados defensores y portavoces de los intereses de los monopolios y de forma soterrada en el seno del Gobierno y en el seno del Estado. No es un debate menor, sino un conflicto entre el pueblo y los monopolistas, entre la gente trabajadora y los que solo buscan enriquecerse, entre las corporaciones y la sostenibilidad, entre la democracia y la especulación.

Este conflicto necesita del impulso del protagonismo popular frente a los abusos de las eléctricas. Defender las medidas de emergencia del Gobierno con los ojos puestos en la intervención del mercado y planificación pública. Los avances, por pequeños que sean, deben ser puestos en valor porque son los que muestran que se pueden dar más pasos, que solo se gana si se pelea. Y sí, la batalla en el seno de las instituciones es importante. Y sí, la tarea por democratizar el Estado es importante. Pero lo más importante es hacer parte del esfuerzo de millones de personas por hacer un país de países donde el trabajo valga, donde la democracia importe y donde la dignidad se haga costumbre.

 

 

  1. A continuación dejo varios artículos de la Constitución para ilustrar el artículo:

 

Artículo 33

  1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
  2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
  3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Artículo 38

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Artículo 128
  1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
  2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
Artículo 131
  1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

 

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2 Comentarios

2 Comments

  1. Ander

    6 de octubre de 2021 11:23 at 11:23

    El Sr. Mayoral escribe, una vez más, con total claridad y de una manera didáctica fácil de entender y nos explica, con su formación legal, de que manera son las cosas y como podrían ser. Gracias

  2. mekong --

    6 de octubre de 2021 15:26 at 15:26

    ¡Grande Rafa…Mayoral!

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