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Política

Extremadura, camino de recuperar el derecho al aborto en sus centros públicos

Unidas por Extremadura ha registrado en la Asamblea extremeña una iniciativa para garantizar el acceso

Abortar en Cáceres sanidad pública

La provincia de Cáceres lleva más de 30 años sin contabilizar una sola interrupción voluntaria del embarazo. Una situación que provoca que las mujeres que quieren ejercer el derecho contemplado en la legislación tengan que verse obligadas a salir de su autonomía o provincia para poder practicarlo.

“Esto no puede ser, es un derecho que hay que garantizar”. Así lo relata para este diario Irene de Miguel, diputada y secretaria general de Podemos en la región. “Consideramos que el derecho al aborto no está garantizado en la sanidad pública extremeña”, valora como motivación principal para el impulso de la iniciativa que esta misma mañana presentaban en la Asamblea. “Somos una de las cinco comunidades donde no se realizan abortos en la sanidad pública”.

De facto, a los abortos en mujeres que superan las nueve semanas de gestación y no pueden recurrir a la vía farmacológica (poco más del 10% según los últimos datos disponibles), se le añade tener que lidiar con el “estigma”, lo que provoca la externalización del servicio a las clínicas privadas que, si bien es gratuito, el desconocimiento del procedimiento para la solicitud provoca que una de cada tres acaben abonando el importe y hacen depender la interrupción en exclusiva de la disponibilidad que brinden dichos centros.

Sin embargo, acceder a él es todo “un laberinto”. El Sistema Sanitario de Salud extremeño brinda la posibilidad de llevar a cabo esta tipología de aborto, llamado “instrumental”, en función de las características del mismo en varias clínicas. Sorpresivamente, la gran mayoría de ellas se sitúan fuera de las dos provincias, debiéndose desplazar a Salamanca, Madrid o Sevilla. De hecho, tan solo existe un centro que practique el aborto, situado en Badajoz, dejando a Cáceres sin concierto y, por tanto, sin cobertura gratuita.

Por ello, han instado al Gobierno a que se tomen las medidas necesarias para garantizarlo, en cumplimiento de la regulación que lleva vigente desde el año 2010 que se ve reflejada en el procedimiento sanitario-asistencial establecido por el Servicio Extremeño de Salud y que, en cambio, la mayoría de mujeres desconocen y, las que sí, encuentran innumerables trabas.

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