Google pretende convertir el bloqueo en ley universal de Internet, según la Unión de Periodistas de Cuba

En el día de ayer, Google bloqueó las cuentas de 'Granma', 'Mesa Redonda' y 'Cubavisión Internacional', lo que privó a estos medios del acceso a todos los servicios y aplicaciones de esa empresa, incluido Youtube. El apagón se produce pocas horas antes de que se transmitiera un panel con los científicos que han producido el candidato de vacuna cubana contra el COVID, una noticia de primera categoría que suscitó enorme interés en Cuba y en el mundo.

No es la primera vez que las empresas transnacionales de telecomunicaciones ejercen de manera implacable la censura contra Cuba, en momento de alta audiencia. Lo hizo Twitter el 11 de septiembre de 2019, cuando eliminó cerca de 500 cuentas de usuarios cubanos, algunas con cientos de miles de seguidores, como la de 'Cubadebate'. Ese día, el Presidente Miguel Díaz-Canel anunció medidas económicas excepcionales como respuesta a las nuevas acciones de guerra económica de Estados Unidos.

Sabemos que Google, como Twitter y otras megaempresas, son corporaciones latifundistas en el territorio digital que obedecen al gobierno de los Estados Unidos e imponen como ley global en Internet lo que dicta la Casa Blanca y su Departamento de Estado. Cualquiera que rastree en la web encontrará multitud de ejemplos de sus abusos de poder y de operaciones concertadas contra países que figuran en la lista de enemigos de Washington, donde se esgrime la violación de políticas de la plataforma, cuando en realidad son pretextos en los que a duras penas pueden ocultar el sesgo político, la selectividad de los usuarios afectados y el oportunismo.

Además de bloquear sistemáticamente cuentas de Rusia, Irán, Venezuela, China y Cuba, Google ha diseñado algoritmos específicos para invisibilizar a medios a los que el gobierno de Estados Unidos acusa de “desinformar”. Difícilmente estos canales de comunicación son recomendados por la plataforma como primeras opciones, cuando los usuarios de Internet buscan información sobre esos países.

Pero una cosa es la censura selectiva y otra la aplicación extraterritorial del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba como ley universal en Internet, que es lo que acaba de ocurrir. Google envió ayer un mensaje a los usuarios de 'Granma', 'Mesa Redonda' y 'Cubavisión Internacional' en el que afirma que sus cuentas han sido bloqueadas porque infringen “la Ley de Exportación de Estados Unidos”.

No aclara Google si se refiere a la Ley de Exportaciones e Importaciones de 1945, que faculta al presidente de los Estados Unidos determinar qué países serán calificados como marxista-leninistas, así como el momento en que estos dejen de serlo. Y como es habitual y se ha mantenido intacto desde la Guerra Fría, este tipo de instrumento le otorga a la Casa Blanca la facultad de fijar la suspensión extraordinaria de estas prohibiciones, siempre que resulte útil al interés nacional de los Estados Unidos.

En virtud de supuestas violaciones de la Ley de Exportación, Google prohibió a Huawei usar Android como sistema operativo en sus equipos, a lo cual siguió la ruptura de empresas como Intel, Qualcomm, Broadcom, Xilinx y ARM. Una guerra similar ha desatado Donald Trump contra otra plataforma china, Tik Tok.

Esto nos remite a la sempiterna pregunta que se ha hecho Cuba sobre la extraterritorialidad del bloqueo de Estados Unidos. ¿Tienen derecho las empresas transnacionales estadounidenses a aplicar sanciones más allá de sus fronteras “a cualquier persona física y jurídica, con independencia de donde tuvieran su domicilio o sede social”? Si hoy eliminan los canales de Youtube de 'Granma', 'Mesa Redonda' y 'Cubavisión Internacional', ¿significa que cancelarán las cuentas de todos los usuarios que se conectan a Internet desde el territorio cubano?

La Unión de Periodistas de Cuba reclama que se restableza el acceso a Youtube de los medios bloqueados por Google y recuerda que, como establecen las convenciones de Naciones Unidas, el uso de Internet es un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio de la libertad de expresión, que debe ocurrir sin condicionamientos políticos de ninguna índole.