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Política

Juan Carlos I quiere volver a España

Tramas de corrupción y evasión fiscal, denuncias por acoso o regularizaciones con previo y excepcional aviso del fiscal son tan solo algunas de las controversias que rodean al emérito, que permanece huido en Abu Dabi

El rey emérito quiere regresar a España, pero no de cualquier forma. Según ha adelantado el periodista experto en Casa Real, José Antonio Zarzalejos, Juan Carlos I pretende alojarse en el Palacio de la Zarzuela y recuperar su asignación económica, la cual estaba contemplada en los Presupuestos Generales del Estado con un importe de 161.034 euros y le retiró oficialmente Felipe VI en un intento por salvaguardar la imagen de la institución en marzo de 2020. La maniobra fue ejecutada tras desvelarse que el actual jefe del Estado aparecía como segundo beneficiario de una fundación offshore en la que se habría ingresado una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí a su padre mientras este todavía ocupaba el trono.

Fue entonces —una vez destapado el entramado— cuando Felipe VI renunció a la parte de la herencia de su padre que no estuviera “en consonancia de la legalidad” y “personalmente le pudiera corresponder”. Sin embargo, aquel escándalo que salpicaba al hijo y sucesor del emérito tan solo era la introducción de todo lo que acontecería después. El 3 de agosto de 2020, Juan Carlos I decidía poner rumbo a Abu Dabi para huir del país en el que reinó durante casi cuarenta años tras salir a la luz varias tramas —de cifras millonarias— de corrupción y evasión fiscal que le repercutían y ser cercado por la Justicia. Como es habitual, el movimiento del emérito para eludir la repercusión pública era blanqueado por los grandes medios de comunicación y la derecha mediática —y política—.

A partir de aquel momento —y como ya se venía intuyendo—, la sombra sobre las conductas irregulares de Juan Carlos I no ha dejado de alargarse. Desde una villa de lujo en la paradisiaca isla de Nurai — valorada en más de 11 millones de euros—, el Borbón seguía disfrutando de una seguridad y unos asistentes que rotaban una vez al mes y cuyos sueldos y desplazamientos corrían a cuenta del Estado y, por ende, se mantenían con dinero público. En noviembre de 2020, LÚH adelantaba un nuevo escándalo que afectaba a la Casa Real en su conjunto: la Fiscalía Anticorrupción investigaba a Juan Carlos I, Sofía y varios de sus familiares por el uso de tarjetas de crédito opacas. Unos movimientos financieros que correspondían a los años 2016, 2017 y 2018, es decir, posteriores a la abdicación de Juan Carlos I —en 2014—.

Ya en 2021, la imagen de la institución continuaba deteriorándose con la localización de una cuenta en Andorra gestionada por el emérito por parte de la Justicia suiza. Esta habría sido detectada a través de la Fundación Zagakta —una empresa situada en Liechtenstein en la que Felipe VI figuraba como beneficiario y que habría estado controlada por el emérito para el presunto cobro de comisiones internacionales y el pago de vuelos privados—. Semanas más tarde se daba a conocer la supuesta relación entre Juan Carlos I y el tráfico de armas, sobre lo que la periodista Rebeca Quintáns se pronunciaba en LÚH: “Entre 2003 y 2014, España vendió a Arabia Saudí armas por valor de 724 millones de euros gracias a la impagable mediación de Juan Carlos I, que se enriqueció con esa venta de armas”.

A la casi infinita lista de escándalos con los que el propio Juan Carlos I se ha convertido en el mayor detractor de la monarquía —como si del caballo de Troya se tratara— cabe sumar las polémicas regularizaciones del mismo para evitar consecuencias penales. Algo que no debería suceder bajo ningún concepto al contar con el previo aviso del fiscal. Y es que existe acuse de recibo de las notificaciones excepcionales del fiscal que pusieron al emérito en sobre aviso de las tres investigaciones emprendidas por la Fiscalía. Por ello, las regularizaciones —con un primer pago a Hacienda de 678.393 euros y un segundo de 4,4 millones— no habrían sido realmente arbitrarias y, por ende —y tal y como dicta el Código Penal en su artículo 305.4—, dichas acciones no deberían exonerarle del delito al “tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”. Sin embargo, esto era ignorado por la Fiscalía, que también se amparaba en la prescripción de los delitos en su supuesta pretensión inicial de dictar el archivo —finalmente, se prorrogarán seis meses más las diligencias abiertas—.

En la investigación destacaban los delitos contra la Hacienda Pública estatal, cohecho y el tráfico de influencias. No obstante, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no habría sido la única con la intención de obrar a favor de la impunidad de Juan Carlos I. También lo han hecho el Partido Popular, el PSOE y Vox, que se han unido reiteradamente para rechazar la apertura de una comisión de investigación al que fuera Jefe del Estado —designado por el propio dictador Francisco Franco como su sucesor—. Dichos partidos también se unían para, además, defender de la inviolabilidad del Rey y que Juan Carlos I mantuviera la designación a título honorífico y vitalicio de emérito. Una cuestionada inmunidad amparada por el artículo 56 de la Constitución que esta semana el exmonarca utilizaba para evitar ser juzgado por acoso reiterado contra Corinna Larsen ante la Justicia inglesa.

Una inacabada saga de conductas irregulares e investigaciones bloqueadas —tanto por la actitud protectora de la Justicia como por la de algunos grupos políticos— pese a la que el “campechano” rey emérito habría hecho público su deseo de volver a España. Sin embargo, las condiciones publicadas por Zarzalejos —declarado borbónico y juancarlista— sobre la asignación económica y la vuelta a la Zarzuela que presuntamente ha exigido el Borbón podrían ser, en realidad, una estrategia para blanquear el retorno de Juan Carlos I y manipular la opinión pública. De esta forma, la prensa del Régimen pretendería que la vuelta a España del exmonarca fuera mejor vista por la sociedad si, finalmente, esta se produjese sin exigir dichas condiciones el todavía huido. De todas formas, fueran cuales fuesen las circunstancias del aparentemente inminente retorno del emérito, lo que resulta irrefutable es la cuestionable ética de sus acciones y el desprestigio que estas han provocado a la monarquía, una institución cada vez más al borde de la caída por nada más y nada menos que su propio peso.

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7 Comentarios

7 Comments

  1. mochuelillo

    8 de diciembre de 2021 09:29 at 09:29

    Aceptamos resignados cualquier cosa que nos echen,somos así y no cambiaremos.
    El psoe,pp y vox claro que estan en contra de cualquier investigación,no pueden hacerlo ya que es su ejemplo a seguir,su maestro,su ídolo,su benefactor,su protector,nadie muerde la mano…
    Se escudan mucho en el salvador del pueblo,el de la democracia,bueno,hasta cierto punto es comprensible,acabamos una dictadura y parecía que la democracia nos perdonaba la vida,es entendible.Pero hay que recordar que se votó una constitución redactada por mayoría de los herederos,nunca se votó una monarquia.
    Para mi,las actuaciones del ex no han sido ejemplares,como los que lo defienden hasta la muerte,si,estos que ni votaron la constitución por ser menores de edad.

  2. Adomaino

    8 de diciembre de 2021 11:06 at 11:06

    Pues que vuelva, nadie lo ha echado, ha sido él quien ha decidido irse. Sin embargo escuchamos a políticos, periodistas y miembros de la farándula casposa española hablar como si los rojos comunistas lo hayan expulsado y no le dejen volver. Yo estoy deseando que vuelva. Aunque sea al módulo de mujeres al que fue su yerno…

  3. mariano tomas Fuentes Alvaro

    8 de diciembre de 2021 12:46 at 12:46

    Adomaino, como el «huido» le lea me parece que, con sus antecedentes, deje de pedir volver al palacio de la Zarzuela y pida lo de la cárcel de mujeres. Un Borbón siguiendo la tradición real.

  4. Antonio Moreno

    8 de diciembre de 2021 17:33 at 17:33

    La clave de todo fue el acuerdo realizado por el PP y el PSOE, de Rubalcaba, con el emérito para convencerle de su abdicación. Ese acuerdo es en parte secreto, aunque es público su aforamiento, solo lo puede juzgar el Tribunal Supremo, que no deja de ser una inviolabilidad funcional.

  5. julian diaz garcia

    9 de diciembre de 2021 01:08 at 01:08

    toda la familia a la carcel y al exilio que con todo lo que han robado durante trescientos cincuenta años tienen para vivir pero que muy bien

  6. COSMOS VIA LACTEA

    9 de diciembre de 2021 08:25 at 08:25

    estoy de acuerdo con Julian

  7. Josu Monreal

    9 de diciembre de 2021 09:13 at 09:13

    Este señor se está riendo en la cara de todo un país…

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