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Política

Juan Carlos I y Corinna Larsen en el Pardo

El emérito deberá testificar ante la Justicia británica por la demanda civil de su examante, presuntos actos de acoso, seguimiento ilegal de agentes del Centro de Inteligencia Nacional (CNI) y difamación

Juan Carlos I y Corinna Larsen en el Pardo

El historial de irregularidades de Juan Carlos I es conocido por la mayoría de los ciudadanos españoles. A pesar de que el Supremo ha reconocido las numerosas anomalías que rodean a las causas y tasaba en 85 millones de euros el dinero que podría haber defraudado, este siempre ha conseguido evitar sentarse en el banquillo por delito fiscal. A diferencia de la justicia española, la británica no ha dudado en desestimar su impunidad asegurando que, por mucho que él sea rey “con carácter honorífico”, el rey al que se refiere la Constitución de 1978 sólo es uno –el jefe del Estado– y desde 2014 no es él sino su hijo y sucesor, Felipe VI. Imputándolo así por los hechos denunciados por Corinna Larsen posteriores a 2014.

En España, el rey emérito siempre ha gozado de muchos privilegios, siendo uno de ellos el tener a la justicia de su parte –tanto ministros de los últimos ejecutivos, como magistrados y fiscales conocedores de sus escándalos– que habría interpretado de la manera más favorable todas sus causas abiertas. Por ejemplo, la Audiencia Nacional archivó la misma causa por las confidencias de Corinna Larsen, examante del emérito, en apenas 56 días sin practicar apenas diligencias. La Fiscalía del Supremo admitió las dos regularizaciones extraordinarias que Juan Carlos I hizo abonando en torno a cinco millones de euros, a pesar de que este fue alertado con anterioridad de las tres investigaciones emprendidas por la Fiscalía sobre su patrimonio, poniéndole en sobre aviso. La reforma laboral llevada a cabo en el año 2014 por el PP y apoyada por el PSOE protegió al emérito tras su abdicación y la aceptación generalizada de que la inviolabilidad del rey alcanza a “hechos de cualquier naturaleza” –a pesar de que esto no figura en la Constitución– son algunos de los ejemplos que muestran el trato favorable que este ha recibido por las autoridades españolas. 

La denuncia de Corinna Larsen y la Justicia de Inglaterra

Tal y como han adelantado algunos diarios en exclusiva, la vida ahora no tan secreta entre el exmonarca y Larsen parecía funcionar hasta el año 2012. Durante este tiempo, la amante ocupó un chalet –antiguo refugio de caza de Francisco Franco en los años sesenta– a unos 19 kilómetros de La Zarzuela de forma intermitente donde compartieron momentos familiares.

Su relación tomó un giro a partir del 2012, momento en el cual Larsen comenzó a sufrir, presuntamente, el acoso del entonces monarca. Tanto es así que presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Reino Unido –el más alto tribunal del Estado británico, con sede en el barrio londinense de Westminster– por la “vigilancia ilegal” y el atosigamiento sufrido “desde 2012 hasta el presente” y ha pedido para el anterior jefe del Estado una orden de alejamiento para que no pueda acercarse a menos de 150 metros de sus residencias. Tal y como lo aseguró el diario británico Financial Times, Juan Carlos I llegó a decirle que “si no hacía lo que él quería”, las consecuencias “no serían buenas” para ella y el general del Ejército español Félix Sanz Roldán llegó a decirle, en una reunión celebrada en Londres en el año 2012, que no podía “garantizar su seguridad física ni la de sus hijos”.

El emérito debe testificar

Matthew Nicklin, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido, que desestimó el 24 de marzo pasado la inmunidad del exjefe del Estado ante la demanda civil de su examante por presuntos actos de acoso, seguimiento ilegal de agentes del Centro de Inteligencia Nacional (CNI) en Mónaco y Londres y difamación, le cita ahora a una audiencia cuya duración estimada es de seis horas. Según este: “La Corte de Apelaciones ha sostenido que, históricamente, el criterio central para ampliar la inmunidad personal a miembros de una embajada diplomática es la dependencia, y no la actividad de esas personas en tareas diplomáticas”. Siguiendo ese criterio y atendiendo a los argumentos de los abogados de Corinna, el juez sostenía que Juan Carlos I carecía de dependencia respecto de Felipe VI.

Así, Juan Carlos I ha sido convocado el próximo 11 de junio a una audiencia para oír los argumentos del recurso de su defensa y los de los abogados de Corinna. Una vez escuchados, se debatirá si se aprecian “motivos de ley sostenibles” o no para autorizar un recurso de apelación contra la sentencia del 24 de marzo pasado, dictando entonces una resolución. No obstante, esta vez el juez ha pedido autorización para utilizar “nuevas pruebas” en el caso que podrían poner en duda a todas las autoridades españolas. 

 

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1 Comentario

1 Comentario

  1. Century

    2 de julio de 2022 18:43 at 18:43

    Lo que le han hecho a esta chica es tremendo, todo por un presunto corrupto, que no merece ni el calzado que usa…

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