U.H.- La plataforma pide que los afectados económicamente por el virus tengan acceso a la justicia y señalan que el plan de choque del consejo de la judicatura empeora el servicio público de justicia y limita los derechos de la ciudadanía
La plataforma Juezas y Jueces para la Democracia ha señalado en un comunicado que “los grupos políticos con representación parlamentaria y el gobierno de la nación, tienen la oportunidad de alcanzar un pacto de estado para la mejora de la Justicia”.
Asimismo, ha exigido que “todas las personas afectadas económicamente por el COVID-19 tengan acceso a la justicia, fortaleciendo el beneficio de justicia gratuita” y muestran su “crítica” a que “en el contexto del shock social que estamos padeciendo se planteen reformas procesales de calado y sustraídas al necesario debate público, cuando se desconoce el alcance concreto que la crisis sanitaria, económica y social va a tener sobre las distintas jurisdicciones”.
En este sentido, el Magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquím Bosch, ha utilizado las redes sociales para denunciar que “el plan de choque del consejo de la judicatura empeora el servicio público de justicia,dificulta la actuación de la abogacía y limita los derechos de la ciudadanía. Desde Juezas y Jueces para la Democracia reclamamos otro tipo de medidas”.
El plan de choque del consejo de la judicatura empeora el servicio público de justicia,dificulta la actuación de la abogacía y limita los derechos de la ciudadanía. Desde Juezas y Jueces para la Democracia reclamamos otro tipo de medidas #NoPropuestasCGPJ https://t.co/PwqJFRaZfD
— Joaquim Bosch (@JoaquimBoschGra) April 10, 2020
La plataforma ha denunciado que “no existen datos reales sobre el impacto de esta crisis en la Administración de Justicia” y ha señalado que es “prioritario poner en marcha de forma inmediata planes de choque basados fundamentalmente en la dotación de medios materiales y personales”. Asimismo, han mostrado su “radical oposición a que la respuesta a esta crisis suponga un recorte de los derechos y garantías de los justiciables” y han reclamado un “equilibrio entre la agilidad procesal y la protección de los grupos más vulnerables así como de los afectados por el COVID-19 a través de medidas tales como ERTEs, EREs, reducción de jornada, etc”.
Además, se han mostrado “en contra de cualquier limitación de los principios constitucionales de oralidad e inmediación que alejen al juez/a de la realidad del conflicto que se le somete a su resolución” y consideran que “la vuelta a la normalidad de la actividad judicial tendrá un indudable componente sanitario”.
Por ello, han solicitado al CGPJ que “establezca un protocolo actualizado de prevención del riesgo entre la carrera judicial y que las administraciones competentes establezcan planes detallados que garanticen la realización de las actuaciones judiciales, con las máximas condiciones de seguridad, a fin de evitar el rebrote de la infección con nuevos contagios”.
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