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Política

La baja fiscalidad de Ayuso hace que los multimillonarios se instalen en Madrid mientras las urgencias superan los 600 días cerradas

La tendencia evidencia la pretensión de Ayuso de legislar para la minoría privilegiada a costa de vulnerar los derechos básicos de la mayoría

El dumping fiscal ha puesto en el punto de mira al gobierno de la Comunidad de Madrid en numerosas ocasiones, llegando a ser señalado por otros dirigentes autonómicos como el lehendakari Iñigo Urkullu. Sin embargo, las ventajas fiscales que ofrece Isabel Díaz Ayuso —que incluso han sido consideradas como competencia desleal en el ámbito tributario— tienen consecuencias cada vez más evidentes: más del 50% de los 100 españoles más ricos de España se han instalado ya en la región. Tal es la tendencia, que en 2019 casi el 68% de las grandes fortunas nacionales y dos de cada tres contribuyentes con más de 30 millones —unas 611 personas en 2017— residían ya en Madrid.

El principal motivo sería la fiscalidad de la capital, acentuada por las políticas del Partido Popular. Este mismo mes, la presidenta autonómica anunciaba una nueva rebaja fiscal de medio punto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que se hará efectiva en 2022. Además, el Ejecutivo eliminaba todos los impuestos propios, desapareciendo los dos últimos que quedaban: el impuesto sobre depósito de residuos y el que se aplicaba por la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados. Una eliminación que, además, es una práctica llamada a la ludopatía, alarmante en la región especialmente en adolescentes y jóvenes de hasta 24 años.

Una baja fiscalidad impulsada por los populares e incrementada por Ayuso que beneficia al sector más acomodado de la población mientras no se garantizan los derechos sociales básicos del estado del bienestar. En el otro lado de la balanza, las necesidades básicas de la ciudadanía madrileña no están, ni de lejos, blindadas. Tanto es así, que buena parte de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en Madrid superan ya los 600 días inoperativos. Desde que fueran cerrados en 2020 debido a la pandemia, 37 de esos centros no han podido volver a atender a los 700.000 pacientes de los que aproximadamente se encargaban.

Una situación que aumenta la carga de trabajo del resto de centros de salud operativos que, al mismo tiempo, sufren de plantillas infradotadas. “Este centro de salud tenía en febrero 2020, 16 médicos/as de familia, ahora suele tener 8 —puede variar según los días— para un área de 30.000 personas”, denuncian desde el centro de Abrantes, desde donde califican la gestión de cara a la sanidad de “acto criminal”. Y es que, en lugar de fortalecer el sistema sanitario público del que dependen millones de personas, Ayuso reducirá la inversión en sanidad en los Presupuestos para 2022. Un desmantelamiento del servicio público que era denunciado por Alejandra Jacinto, que señalaba la intención del gobierno autonómico beneficiar “el negocio de unos pocos”.

Premiada por su gestión sanitaria en un municipio sin urgencias

Una tendencia que evidencia la pretensión de Ayuso de legislar para la minoría privilegiada a costa de vulnerar los derechos básicos de la mayoría. Sin ir más lejos, la pasada semana tenía lugar una paradójica situación: la presidenta era premiada por una organización empresarial —la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Colmenar Viejo (Aseyacovi)— por su gestión durante la pandemia en Colmenar Viejo, uno de los municipios que están cerca de cumplir dos años con las urgencias cerradas. Un escenario marcado por el recorte de derechos sociales que hace peligrar el derecho a la asistencia sanitaria pública de la ciudadanía mientras se blindan e incrementan los beneficios de las grandes fortunas.

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3 Comentarios

3 Comments

  1. patriotas de hojalata

    16 de noviembre de 2021 17:27 at 17:27

    Y esto no lo ven los madrileños y madrileñas? O [email protected] son [email protected]? Increíble e inaúdito. IDA, el PP y VOX por y para los [email protected] Lamentable. Si los madrileñ@s no abren los ojos, no lo harán el resto de los españoles pero sí es un serio aviso a navegantes de lo que puede ocurrir en el resto de España si estos llegan a gobernar. Si la clase trabajadora, más la mayoría de las mujeres y todo tipo de colectivos vulnerables no les vota es muy difícil, por no decir imposible que consigar gobernar. Está en nuestras manos impedirlo. Si gobiernan PP y VOX el sufrimiento para la ciudadanía corriente será terrorífico.

  2. José L. Soto

    16 de noviembre de 2021 20:38 at 20:38

    España no es ningún paraíso fiscal y las comunidades autonómicas tampoco, a la CAM hay que aplicarle el 155 por incumplir el estatuto de autonomía, además, donde tiene el domicilio fiscal, tiene que tener ubicada su residencia, donde se produce el beneficio se tiene que declarar en el mismo lugar, pues de lo contrario, se está cometiendo un fraude. No olvidemos que la IDA es una delincuente y una estafadora y por ello debería estar inhabilitada para cualquier cargo público.

  3. COSMOS VIA LACTEA

    17 de noviembre de 2021 09:50 at 09:50

    domicilio fiscal si, pero el domicilio real pues ya se sabe depende de la temporada para elegir entre sus viviendas y donde este ubicada.

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