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Justicia y tribubales

La desigualdad social en el acceso a la justicia

Los aspirantes a juez deben invertir un mínimo de 25.000 euros para preparar las oposiciones y dedicarse a estas a tiempo completo

La desigualdad de clases y el acceso a la justicia

La Ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció el pasado jueves en el Congreso, que el Gobierno está ultimando un sistema de becas para así democratizar el acceso de la carrera judicial. Una propuesta de becas públicas, que ya presentó la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en diciembre de 2020, enfocada a los aspirantes a juez y fiscal con menos recursos económicos. Calculaba la asociación que las becas debían ser de 600 euros al mes para poder cubrir el mínimo de gastos.

Estas medidas nacen en respuesta a la pregunta de si en España existe igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial o no. Normalmente, nos encontramos ante un proceso largo que suele durar entre cuatro y cinco años. Por cómo está configurada la oposición, resulta obligatorio acudir a un preparador que, junto con los gastos mensuales y las actualizaciones del temario, el precio rondaría los 400 euros al mes. Esto, nos dejaría con un precio final de 25.000 euros aproximados.

En el año 2020, más de 4.000 personas se presentaron a la convocatoria para conseguir una de las 300 plazas de juez y fiscal y una encuesta realizada a 62 de estos jueces reveló que el 37,2% de ellos ya tenían, al menos, un pariente que ejercía la profesión jurídica. Esta encuesta también desveló que el 98,4% de ellos había contado con ayudas económicas provenientes de sus padres, para asumir los gastos de la oposición, y que tan sólo un 5% había tenido acceso a una beca. Datos que también son apoyados con el hecho de que más del 61% de estos jóvenes no había trabajado antes.

Si tenemos en cuenta que el temario ronda los 300 temas, que requiere varias horas de estudio al día y una dedicación a tiempo completo, estos datos reflejan que pertenecer a una familia con una situación económica poco favorecida, que te obligue a tener un trabajo remunerado, sería imposible de compaginar. Tal y como dijo Fernando de la Fuente Honrubia, de JJpD, "lo que parece claro es que los posibles opositores de clases bajas casi nunca son jueces".

Esto no solo supone un problema respecto al acceso a un puesto de trabajo por distintas clases sociales, sino que genera que la manera de impartir la justicia no sea imparcial. Si solo puede acceder gente con un poder adquisitivo determinado, su realidad queda aislada del común de la sociedad y genera un proceso de desvinculación con los problemas reales. Estamos juzgados por uno de los tres poderes, ocupado mayoritariamente por una clase social que, generalmente, sólo empatiza con la suya.

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