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Economía

La Generalitat Valenciana exige al Gobierno central la incorporación de 8.000 viviendas de la Sareb al parque público

Illueca, con este planteamiento, redobla la apuesta del 18 de enero cuando el Consejo de Ministros aprobó la toma de control pública de la sareb

En el día de hoy el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, hace un llamamiento desde les corts valencianas para exigir al gobierno de Pedro Sánchez que ponga a disposición del parque público las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Illueca, con este planteamiento, redobla la apuesta del 18 de enero cuando el Consejo de Ministros aprobó la toma de control pública de la sareb y va un paso más allá del control público del 'banco malo' y propone resolver aquel episodio de una manera que redunde en la sociedad asegurando que nos encontramos ante una oportunidad "histórica" para promover la mayor ampliación del parque público de vivienda de la historia democrática de nuestro país, y para estar a la altura del gran reto social que se avecina, con un posible agravamiento de la emergencia habitacional tras varias crisis económicas, una pandemia sanitaria y una guerra a las puertas de Europa.

Se trataría de la transferencia de las más de 8.532 viviendas y los casi 7.000 solares propiedad de la SAREB en la Comunitat Valenciana. El vicepresidente segundo de la Generalitat ya ha hecho llegar esta petición al ejecutivo central, en concreto, a la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en una carta que apoyan los principales agentes del tejido social de la comunitat como los sindicatos, la patronal y organizaciones de la sociedad civil.

'EL BANCO MALO'

Se considera a la Sareb como el 'banco malo' de España aunque no disponga de licencia bancaria. Se trata de una sociedad anónima de gestión de activos por las cuatro entidades nacionalizadas: BFA (tenedora de acciones), Bankia, Catalunya Bank, NCG Banco Gallego y Banco de Valencia. La Sareb nació con el objetivo de gestionar los activos inmobiliarios más tóxicos y sanear así la contabilidad de las entidades financieras.

De este modo, un buen número de viviendas y suelos gravados con hipotecas fueron a parar a manos del banco malo que, por su condición de entidad privada, no estaba sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público y podía enajenar estos activos con total opacidad y sin rendir cuentas a nadie. Su principal objetivo es maximizar su rentabilidad y para ello dispone de ventajas legales que no se aplican a otras sociedades anónimas como la preferencia en el cobro de deuda subordinada frente a otros acreedores en las mismas condiciones.

Siempre se dijo que esta operación no iba a costar ni un euro a los españoles, porque el discurso oficial no podía admitir que se estaba salvando a los bancos mientras se desahuciaba a la gente. Sin embargo EUROSTAT terminó exigiendo a España que la deuda de la Sareb fuera contabilizada como deuda pública, incrementando su importe en 35.000 millones de euros de un solo golpe. Una cifra que, añadida a las ayudas directas, eleva el coste del rescate bancario a 101.557 millones de euros, de los cuales se espera recuperar poco más del 10%.

 

 

 

 

 

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