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Memoria democrática

La justicia argentina da una lección a la española procesando a criminales del franquismo

El procesamiento de Rodolfo Martín Villa por la justicia argentina sentenciado como responsable de cuatro homicidios perpetrados entre 1977 y 1978 da cuenta del legado franquista que pervive en múltiples instituciones españolas

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El pasado sábado saltaba la noticia de que la jueza argentina María Servini de Cubría, que investiga los crímenes del franquismo, procesaba a Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación –posteriormente denominado del Interior– como responsable de cuatro homicidios.

Según el auto al que Público tuvo acceso, se le acusa de permitir el asesinato de Arturo Ruiz en 1977, el joven activista de izquierdas de 19 años a manos de un comando ultraderechista y cuyo autor del crimen se encuentra en paradero desconocido, de la masacre del 3 de marzo en Vitoria en la que murieron cinco obreros, de la represión policial en los Sanfermines de 1978 y de cinco muertes durante la semana a favor de la amnistía de mayo de 1977.

Un hecho histórico celebrado por las familias que aún buscan a sus muertos en las cunetas de todo el país, y que no solo fueron asesinados durante el período dictatorial. Una justicia que no acaba de llegar a España y por lo que muchos aún miran con recelo a la judicatura.

Ya lo exponían el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo y el exmagistrado Antonio Doñate en su libro “Jueces pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial”, donde citaron los casos más escabrosos de la historia reciente, ya en democracia, que mostraron la pervivencia del franquismo en el Poder Judicial con sentencias tan polémicas por la suavidad de las mismas en sucesos como el de Agustín Rueda, asesinado tras una paliza de los funcionarios de la cárcel de Carabanchel, José Arregui, Yolanda González o la matanza de los abogados de Atocha.

En todas ellas, el Tribunal Supremo ha negado sistemáticamente las reaperturas de los casos, mostrando, según cuentan los mismos autores, una actitud que se mantiene en el tiempo. De facto, el también exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Ángel García Fontanent, señalaba en un artículo para El País la carga hereditaria dictatorial, donde alegaba la falta de “democratización” basando su afirmación en la decisión adoptada por la sección cuarta de la Sala 3ª del Supremo al suspender, por unanimidad, el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos.

“Varios de sus magistrados pertenecen a un grupo religioso recordado por su apoyo al tardo-franquismo”, revela, para añadir que “ni remotamente” dicha suspensión estaba ordenada por la legalidad vigente. No es ningún secreto: en una revisión de la hemeroteca, 10 de los 16 jueces del Tribunal de Orden Público franquista accedieron al Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional ya en democracia.

“Lo que ocurre en este país con la memoria es de vergüenza”, expresaba el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, citando a Pedro Almodóvar al respecto de la polémica en una charla en RAC1. “Me molesta que tenga que venir una jueza argentina a hacer lo que tendrían que haber hecho los jueces españoles. El problema es que en este país la judicatura no se renovó y está llena de ultraderechistas”, sentenciaba con el acuerdo del resto.

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