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Sociedad

La ley del aborto de Igualdad, rumbo al Consejo de Ministros para blindar el derecho a decidir de las mujeres

La iniciativa contempla medidas como el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo a las menores a partir de 16 y 17 años de forma "autónoma" o la creación de un sistema para la objeción de conciencia como el que se aplica en la ya aprobada de la Ley de Eutanasia

El Ministerio de Igualdad se encuentra en la última fase de negociación del texto de la ley del aborto que prevé llevar el próximo martes 17 de mayo al Consejo de Ministros para su aprobación en primera lectura.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ya adelantó gran parte de su contenido el pasado mes de febrero en el contexto de una comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso, destacando medidas que contempla esta ley como el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a las menores a partir de 16 y 17 años de forma "autónoma" o la creación de un sistema para la objeción de conciencia como el que se aplica en la ya aprobada de la Ley de Eutanasia.

Una iniciativa que pretende garantizar el compromiso de todos los centros públicos de ginecología y obstetricia del país para que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo no encuentren ni coacciones ni barreras. Esto no será incompatible, en palabras de la ministra, con el respeto "escrupuloso" del derecho constitucional a la objeción de conciencia de los sanitarios que deseen ejercerlo pero siempre "compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos".

En este sentido, la reforma recoge que será la mujer quien decida el método de interrupción y en el centro de salud le darán la información necesaria para poder tomar esa decisión y eliminándose la obligación de reflexión de tres días.

El texto, según indicó Montero, también incluye medidas relacionadas con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como una mejora de la atención, un avance en el reconocimiento de permiso maternal preparto o actuaciones para prevenir y erradicar la violencia obstétrica.

"La salud menstrual pasará a ser un estándar determinante a la hora de valorar el acceso a la salud de las mujeres, y garantizarla será una obligación del Estado y los poderes públicos", ha asegurado Montero.

Dentro de esta reforma también se ha tratado la posibilidad de exista una baja laboral por endometriosis, para que las mujeres con este trastorno médico puedan recuperarse o se flexibilice su jornada laboral. Del mismo modo, la reforma prevé contemplar la gestación por subrogación como violencia contra la mujer.

 

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