La OCU no pide multas ni cárcel para los directivos de Iberdrola encausados por inflar el precio de la luz

Hace poco más de un mes, la Fiscalía Anticorrupción instaba la apertura de un juicio oral contra Iberdrola Generación y cuatro de sus altos directivos por cometer un delito relativo al mercado y contra los consumidores, que provocó un perjuicio de más de 107 millones de euros en 2013 por la paralización de varias centrales hidroeléctricas –de los ríos Duero, Tajo y Sil–.

FACUA-Consumidores en Acción solicitó entonces al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional penas de tres años de prisión para los dirigentes, y la asociación, que ejerce la acusación particular en la causa que instruye el magistrado Ismael Moreno, pidió también una multa de 107,5 millones de euros para la compañía. La Fiscalía, por su parte, pide una "pena de dos años de prisión" para cada directivo y una multa de 84,9 millones de euros.

Este caso comenzó en 2017, cuando los cuatro directivos incrementaron el precio de la energía que vendían con la finalidad de provocar una subida del coste de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores. Ese mismo año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había multado a la eléctrica con 25 millones de euros por haber inflado fraudulentamente el precio de la electricidad. Una vez la causa llegó a manos de la Audiencia Nacional, FACUA, como acusación particular, solicitó en 2020 al juez que pidiese a la CNMC que calculase cuál habría sido el precio de la electricidad si Iberdrola no hubiera intervenido en las centrales. Se estimó entonces que la eléctrica había provocado un aumento del precio del mercado diario de unos 7 euros por megavatio hora, obteniendo 21,5 millones de euros de beneficio.

Lo sorprendente dentro de este entramado aparece cuando la OCU, la otra organización de consumidores –que se personó en el caso en agosto de 2019 pasando a formar parte como una de las acusaciones populares– ha decidido no presentar escrito de acusación, con lo que no ha pedido ni multas ni cárcel para los directivos de Iberdrola encausados por la Audiencia Nacional por paralizar el funcionamiento de sus centrales hidráulicas.

Recientemente, la OCU retiró también una demanda contra Facebook en la que le reclamaba indemnizaciones multimillonarias para decenas de miles de usuarios por el escándalo de la venta masiva de información. LÚH! ha tratado de esclarecer los hechos acerca de esta polémica decisión, pero no se ha obtenido respuesta alguna por parte de la organización.