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Opinión

La ocupación efectiva

Cuando a Lord Shackleton, político e investigador británico, se le preguntó durante un documental sobre la Guerra de Malvinas sobre los derechos históricos de Argentina sobre las Islas, derivados estos de la herencia recibida de España, este respondió lo siguiente:
“El argumento sobre la herencia por parte de los argentinos de España no es totalmente desdeñable. Pero sí es, en mi opinión, de escaso valor cuando se compara con la ocupación efectiva. Quiero enfatizar esto:  en derecho internacional, la ocupación efectiva siempre ha sido la prueba para determinar quién es dueño de un territorio particular.”

Este argumento es el principio colonial que los imperialismos han venido aplicando desde hace siglos. Es “la razón de la fuerza” que se sobrepone a “la fuerza de la razón”. La justificación de que el poder establece cuando se cambian las reglas del juego es la idea. Tal vez si se tiene en cuenta este concepto, entonces se comprendan mejor los acontecimientos ocurridos desde la muerte de Franco en adelante.
El entorno del genocida tuvo en claro que no aceptaría ningún cambio en el “estado de cosas” que la dictadura impuso desde el golpe de estado al gobierno constitucional de la República. Las columnas que sostuvieron entonces a Franco, aristocracia, Iglesia y fuerzas armadas, siguen aún hoy sosteniendo el statu quo hereditario de aquellos horrores. Los grupos económicos criados a su amparo, siempre beneficiados por privilegios desmesurados, permitieron una acumulación de riqueza colosal derivada de dichas prácticas. El control mediático no se escapó nunca al control de ese centro de poder.

Por tanto, luego de los acuerdos entre EEUU y el Régimen, que convalidaron a Franco de genocida a baluarte del anticomunismo occidental, todo se redujo a planificar una arquitectura política, económica, jurídica y mediática, que instrumentalizase los recursos necesarios para mantener el Régimen en el poder “real” del Estado. Aquí, la monarquía representó la garantía de continuidad del statu quo. Se llevó a cabo una “ocupación efectiva” de dichos poderes. El bipartidismo era la modalidad instrumental de la misma. Pero llegó la corrupción, fenómeno que no tiene ideología, pero sí raíces profundas en el franquismo, y entonces la caverna aplicó la modalidad de “la ocupación efectiva”.

De este modo, el 2 de noviembre de 2018. Ya está todo atado. Once vocales para el PSOE y nueve para el PP. Lo central es el número, los vocales que le corresponden a cada uno, no cuentan aún quienes vayan a ser esos vocales. El PP elige a sus nueve, entre jueces y juristas, el PSOE hace lo suyo, y luego “tú votas a los míos y yo a los tuyos”, como modo de conseguir la mayoría cualificada de 3/5 en cada Cámara. Resulta clave decir que el acuerdo incluye también quién será el presidente del CGPJ y, por tanto, del Tribunal Supremo. La propuesta del PP, con el acuerdo del PSOE, es que sea Manuel Marchena. Mencionemos que, a este le toca juzgar el caso del proceso independentista catalán.
El 19 de noviembre de 2018. Se filtra un whatsapp escandaloso del senador del PP Ignacio Cosidó, destinado a sus compañeros de bancada, en el que les relata que, con ese pacto de renovación del CGPJ, que incluye un presidente “de los suyos”, van a controlar “por la puerta de atrás”, la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que es la que investiga y juzga los delitos, entre ellos los delitos de corrupción de los partidos políticos. Ante el escándalo que ello supone, al revelar la verdadera intención de los acuerdos políticos sobre el CGPJ, Marchena hace pública una carta en la que dice que con él no cuenten, que no quiere ser presidente del CGPJ. Como consecuencia de todo esto, PP y PSOE, por enésima vez, dan por roto el pacto de renovación.

Así, el 7 de setiembre pasado, Felipe VI volvió a presidir a un CGPJ caducado hace cuatro años, con lo que deja de manifiesto su convalidación hacia una institución “comprensiva”, con los penosos episodios en los que se vio envuelto Juan Carlos y la propia monarquía.

Tal vez su ausencia hubiese significado un aliciente para la normalización. En cambio, consolidó “la ocupación efectiva” de la institución, según el ala dura de la caverna.
Este es el ejemplo de politización y escasa ética profesional que irradia este sistema judicial. Todo sugiere una colusión entre las redes de la corrupción y la institución que debería preservar el interés público del bien común. Además, a la caverna de la derecha, y al ala más conservadora del PSOE, no le cabe dentro de su esquema de poder del 78 que sea el voto ciudadano el que haya derrumbado al bipartidismo de la ecuación. Cabe mencionar la convalidación del statu quo que representó la presencia del actual monarca español en el inicio del año judicial con un CGPJ caducado.

Entonces, repito, han optado por el criterio militar de la brutal ocupación efectiva e ilegítima de las instituciones. Y así vamos. Otro día hablamos de la barbaridad que supuso quitar el escaño al diputado por Canarias Alberto Rodríguez.

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