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Análisis

Lawfare en España: la estrategia judicial de la ultraderecha

Pudiera parecer que esta guerra judicial es una dinámica antidemocrática para ir condicionando el proceso político hasta que los medios de comunicación les permitan gobernar de verdad

Lawfare, del inglés guerra judicial, esa palabra que cada día nos ronda a través de los medios de comunicación y nos está ayudando a ponerle nombre a una práctica cada vez más común en España: la presentación en los juzgados de querellas y denuncias de entidades y organismos ultraconservadores contra todo aquello que la ultraderecha entienda que atenta contra su ideología.

La guerra judicial se ha emprendido en nuestro país contra leyes, medidas sanitarias, contra la gestión de la pandemia, contra el 'procés', contra Unidas Podemos, contra artistas, raperos o titiriteros. Citando algunos ejemplos: Abogados Cristianos contra Chumino Rebelde; Instituto de Política Social contra la Ley de educación, conocida como la Ley Celáa; HazteOir.org y el colectivo fascista Hogar Social contra todas las medidas adoptadas por el Gobierno durante la pandemia; Asociación de Juristas Prolege contra Unidas Podemos; entre otros muchos casos, dan cuenta del abuso de los procesos judiciales para intervenir en los procesos políticos.

LA CALLE ARRANCADA A LA MAESTRA JUSTA FREIRE

Sin ir muy lejos en el tiempo, estas semanas hemos visto una demostración de lawfare que explica al completo el modus operandi judicial de los ultraderechistas. La Fundación Francisco Franco, a la que se suma más tarde la Plataforma Patriótica Millán Astray,  presenta en los Juzgados un recurso contra el acuerdo tomado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en 2017 para cambiar el nombre de 52 calles y cumplir de esta forma con la Ley de memoria histórica aprobada siete años antes por Jose Luis Rodríguez Zapatero.

Estos recursos no prosperaron y en 2018 el Tribunal Superior da luz verde al Ayuntamiento para cambiar el nombre de las calles y entre esos cambios se produjo el de la calle dedicada al franquista Millán Astray por el de la maestra de la reúplica, Justa Freire.

No llevaban ni un mes las nuevas placas puestas cuando de nuevo, un juez dijo que no había argumentos suficientes para cambiar de nombre a la calle de Millán Astray. El magistrado, al contrario que el Tribunal Superior, sí entró en el auto a valorar el cambio de nombre de las calles. Argumentó que el cambio de nombre amparándose en la ley de memoria de histórica no estaba suficientemente justificado. 

A pesar de los recursos presentados por el Ayuntamiento de Madrid entonces, en mayo de este año, llega la respuesta del TSJ obligando a al Ayuntamiento a devolverle a la calle el nombre de José Millán Astray argumentando en el auto lo siguiente: "no participó directamente en el levantamiento de las tropas que llevó al poder a Francisco Franco mediante la Guerra Civil. Tampoco, añadía la sentencia, se puede demostrar que participara en acciones bélicas durante la contienda ni en la represión ejercida durante la dictadura".

El Ayuntamiento de Madrid consuma la vuelta de Millán-Astray al callejero de la ciudad

José Millán-Astray

Hoy, a siete kilómetros de la Puerta del Sol una calle ha cambiado de nombre y esto podría ser solo anecdótico si no fuera por la gravedad de que un auto judicial niegue que Astray fuera un golpista y un fascista. Todo esto mientras que en Francia homenajean a La Nueve, en España, a la División Azul. Golpistas por maestras a golpe de mazo.

EL NOVIAZGO ENTRE EL LAWFARE Y LOS MEDIOS DE LA ULTRADERECHA

Llegados a este punto pudiera parecer que esta guerra judicial es una dinámica antidemocrática para ir condicionando el proceso político hasta que los medios de comunicación les permitan gobernar de verdad, la estrecha relación entre ambos debe alimentarse constantemente.

Una causa abierta, un recurso presentado, una resolución citada una y otra vez tiene su eco en los medios y eso les da resultado. En el día de hoy lo explicaba en Rac1 el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias: "hay medios en este país que han blanqueado a auténticos sicarios de la información como Eduardo Inda, detrás están los Ferreras, los Herreras, Ana Rosa... y esto forma parte de las condiciones de posibilidad de la ultraderecha y que esa ultraderecha pueda gobernar".

Ya no importa que una noticia sea un bulo desde el principio, o que un proceso judicial no prospere, para cuando concluya el ruido mediático ya habrá hecho todo el trabajo.

EL EFECTO DESALIENTO

El último golpe de toda esta situación es desmoralizar a todos aquellos que sacan adelante proyectos de cambio. El magistrado García de Dios lo definía hace un año en una entrevista de TV3 como 'el efecto desaliento'. "No todo el mundo en sus luchas por los derechos asume o está dispuesto a la prisión". Es en resumen "no te metas en política", "deja las cosas como están", "atente a las consecuencias".

 

 

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5 Comentarios

5 Comments

  1. COSMOS VIA LACTEA

    28 de agosto de 2021 07:59 at 07:59

    esta claro que están atrincherados en el P.J el PP lo dijo que es el su muro de contención y lo están usando muy bien.
    Nombres de calles y monumentos sin connotaciones ni alusiones: políticas, miliares, religiosas ; solo culturales y neutras, gobierne quien gobierne.

  2. mochuelillo

    28 de agosto de 2021 08:52 at 08:52

    Cuando un solo juez tumba a todo un tsj,o es mas poderoso que todos ellos,o no han trabajado suficiente,o les da igual a todo,interpretar la ley es amparándose en lo que dice la ley.Si un individuo les dice a unos cuantos que aprieten el gatillo,culpables lo son todos.De cir que no participó es hilar muy fino.Si me quieren decir que la ley no está politizada es hacerme creer que el ser humano viene de la hiena,pero evolucionó.Si quieren hacerme creer que esto funciona va a ser que no,no encuentro ninguna diferencia emtre los 50 y ahora con censurar información,medios,no puedes decir nada,ley mordaza,200000 aforados,inviolabilidad,premios a los fachas,honrar al astray,loas a la iglesia,deshonrar a una maestra,vamos,una locura en un sistema democratico.Por la pinta como los virus,se quedaran.

  3. Josu Monreal

    28 de agosto de 2021 15:03 at 15:03

    El problema es que hay muchos jueces corruPPtos, porque saben que el PP controla la Justicia, lo hace desde hace más de 20 años, y tienen impunidad. Esto condiciona leyes, procesos políticos, decisiones del Parlamento, y evidentemente atentan contra la soberanía popular, y por ende contra la democracia, porque carecen de fundamento, sólo son resoluciones políticas. Poner en duda el estado de alarma, el brutal acoso a partidos políticos como Podemos, o el meter en prisión a Arnaldo Otegi en el momento que abogó por el fin de la violencia en Euskadi, tienen sentido??

    En Brasil ya metieron a Lula da Silva en prisión cuando las encuestas le daban claro favorito frente a Bolsonaro… el juez que lo metió en prisión ahora es ministro de justicia nombrado por el propio Bolsonaro…Lula da Silva está ahora en libertad y la fiscalía reconoce que si entró en la cárcel fue a base de pruebas falsas y bulos de la prensa ultraderechista…

    Esta es la democracia corruPPta que queremos para nuestros hijos?? porque esto NO es democracia, señores de las élites. NO ES DEMOCRACIA.

    La solución para España es fácil: los partidos políticos, el PP-PSOE deben de poner fin a su sistema de nombrar a los jueces de los altos tribunales… porque esto politiza la justicia y hace posible que los políticos se vayan de rositas en casos de corruPPción, que es lo que pretende ahora el PP bloqueando la justicia justo ahora. Tiene que ser el Pueblo quien elija en elecciones democráticas, a dichos jueces. Una vez hecho esto tiene que haber un CGPJ efectivo e independiente, que investigue y condene a jueces, incluso con la expulsión de la carrera judicial, en caso de demostrarse que son corruPPtos.

  4. José L. Soto

    29 de agosto de 2021 10:24 at 10:24

    Hay que tener un sistema judicial el salido de las urnas, cosa que por partidos antidemocráticos no tenemos y dicen que la justicia está politizada por el gobierno, cuando es todo lo contrario y además, es un sistema que impuso el PP en su momento y que ahora pretende anular estando en la oposición, pues controlan a la mayoría de las asociaciones judiciales que ellos mismos se hicieron con ellas por la puerta de atrás. Cuando en una presunta democracia tenemos partidos antidemocráticos, que no miran por hacer propuestas que beneficien a los ciudadanos si no a su propio colectivo, en perjuicio de unos muchos. Lo peor para un país es tener a partidos políticos que no asumen la democracia, si no que se pasan todo su vida bombardeándola continuamente y eso los ciudadanos españoles tienen que ser conscientes de la actitud de estos partidos, o no saldremos nunca de un país que se parece muchísimo al de una república bananera.

  5. ANTONIO ALONSO RUIZ

    29 de agosto de 2021 18:36 at 18:36

    Esos jueces? Mala gente

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