El término ‘lawfare’ –‘guerra judicial’– remite al uso y abuso de procedimientos judiciales de aparente legalidad con el objetivo de desprestigiar y provocar el rechazo popular y finalmente la caída de un rival político. Cuando el objetivo del ‘lawfare’ es un Gobierno, el término se relaciona con el de ‘soft coup’ –‘golpe blando’–, es decir un golpe de Estado llevado a cabo utilizando no fuerzas armadas sino precisamente esos procedimientos jurídicos y judiciales de aparente legalidad, así como manipulaciones e intoxicaciones informativas –en forma de ‘bulos’ y ‘fake news’– convenientemente diseminadas a través de medios de comunicación afines y redes sociales. Y estrechamente unido a los de ‘lawfare’ y ‘soft coup’ está otro término: el de ‘deep state’ –‘Estado profundo’–, una especie de Estado dentro del Estado, una especie de Gobierno semiclandestino y más o menos enfrentado al Ejecutivo oficial.
Todo esto ni es literatura, ni está lejos, ni es nuevo. Sin salir de España, ya se ha visto cómo las ‘cloacas del Estado’ han fabricado informes llenos de ‘noticias falsas’ con el objetivo de tumbar rivales políticos. El ‘Informe PISA’ contra el secretario general de Podemos y actual vicepresidente segundo del Gobierno de coalición, Pablo Iglesias, es un ejemplo. Las ‘cloacas del Estado’ existen y así lo acreditó la comisión de investigación del Congreso sobre las mismas.
Tras admitir una denuncia presentada por un particular por el presunto delito de prevaricación administrativa y basándose en un informe cuando menos controvertido, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha citado a declarar como imputado, para el próximo 5 de junio, al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, entre ellas la manifestación feminista del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora –el feminismo en general y el 8M en particular, una de las grandes obsesiones de ciertos sectores–. Rodríguez-Medel aduce que el delegado del Gobierno –secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid desde 2017 y hombre muy cercano al secretario general del partido y presidente del Gobierno de coalición, Pedro Sánchez– desoyó un informe que Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades que el pasado 2 de marzo alertaba de la existencia de riesgo de contagio por coronavirus.
Fracasos que hacen volver la vista hacia otras formas de derribar al Gobierno, como los ‘golpes blandos’ llevados a cabo contra Dilma Rousseff en Brasil o Evo Morales en Bolivia
En España, cabe detenerse en el papel de PP y Vox. Perdieron dos veces –la primera el 28 de abril de 2019 y la segunda el pasado 10 de noviembre– las generales que habían reclamado el 10 de febrero de 2019 en la madrileña plaza de Colón. Han visto cómo fracasa su estrategia parlamentaria; cada miércoles salen derrotados de la sesión de control al Gobierno y no son capaces de articularse ni como oposición parlamentaria ni, menos aún, como alternativa al Ejecutivo. Han visto cómo fracasan también sus indisimulados intentos, con la ayuda de los principales medios de comunicación, de derribar al Gobierno de coalición a través de campañas de desprestigio contra el Ejecutivo y sus miembros –han llegado a llamar “sepulturero” a Sánchez– plagadas de ‘bulos’ y ‘fake news’ y convenientemente diseminadas en las redes sociales. Han visto cómo fracasan también las llamadas a sus afines para echarse a las calles –donde se ha llegado a acosar a ministros e incluso a familiares de estos en las puertas de sus casas–, parcialmente secundadas pero también respondidas por quienes también se han echado a la calle pero para poner el foco en la necesidad de apoyar a quienes más y mejor han hecho frente a la pandemia del coronavirus –los profesionales de la sanidad pública– y también en la necesidad de no sólo no volver a descuidar esa sanidad pública sino también fortalecerla. Fracaso tras fracaso; fracasos que les están haciendo volver la vista hacia otras formas de derribar al Gobierno, como los ‘golpes blandos’ llevados a cabo contra Dilma Rousseff en Brasil o Evo Morales en Bolivia. Es precisamente aquí donde el ‘lawfare’ o ‘guerra judicial’ amenaza con entrar en escena.
“Hasta el momento, el mundo judicial en España había sido prudente con este tipo de operaciones y se había mantenido al margen de ellas, pero la aparición de Vox ha revolucionado a un sector de la judicatura y de la fiscalía”, asegura a LUH NOTICIAS! un letrado que ha estudiado de cerca algunos casos de ‘lawfare’, como el que afectó al expresidente de Brasil Lula da Silva, magistralmente reflejado por Petra Costa en su documental de 2019 ‘La democracia en peligro’.
El presidente del CGPJ –órgano de gobierno del poder judicial en España– y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, está en funciones desde el 4 de diciembre de 2018, es decir desde hace casi año y medio. El PP sigue negándose a sustituir a Lesmes –ex alto cargo del Ejecutivo de José María Aznar durante sus ochos años de gobierno– y a renovar el CGPJ, cuya mayoría es afín al partido azul. El pasado 23 de abril en un comunicado, el CGPJ cargaba frontalmente contra un miembro del Gobierno –algo inédito hasta entonces–, en este caso Pablo Iglesias, por haber manifestado, al hilo de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y tras dejar claro que “las sentencias se acatan”, que “en España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”.
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