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Política

Liberbank desahucia a una abuela y sus cuatro nietos menores en Vallecas

La consideración de la vivienda como un derecho social o como un producto de mercado refleja los puntos de fricción entre los socios de gobierno.

Liberbank desahucia a una abuela y sus cuatro nietos menores en Vallecas
Cruz y sus cuatro nietos menores posan en el piso de Vallecas del que han sido desahuciados este miércoles

A la tercera va la vencida. La de este miércoles era la tercera vez que se intentaba desahuciar a Cruz y a sus cuatro nietos –todos ellos menores de edad, de entre nueve y 16 años–, y en esta ocasión se ha logrado. Esta vez de nada han servido el Escudo Social puesto en marcha por el Gobierno de coalición o el informe de vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales, y es que un juez ha dado el visto bueno al desahucio y una comisión judicial lo ha ejecutado con la ayuda de antidisturbios de la Policía Nacional desplazados al barrio madrileño de Vallecas para la ocasión. Y no se volvieron “con el rabo entre las piernas”, como habían aventurado desde el movimiento de vivienda.

Existe tal maremágnum de bancos, fondos buitre, inmobiliarias y empresas pantalla que en ocasiones no es fácil saber quién está realmente detrás de un desahucio, pero esta vez caben pocas dudas de que se trata de “Liberbank”, el banco que cuenta con Manuel Menéndez como consejero delegado y con Pedro Manuel Rivero como presidente. “El contrato de alquiler del piso estaba a nombre de las empresas Global Tarasca y Mosacata”, que el 20 de julio del pasado año 2020 “dio poderes” –que “no aparecen como cancelados”, por lo que “deberían estar vigentes”– a Haya Real State, la inmobiliaria a través de la cual el fondo buitre Cerberus “gestiona los pisos de Liberbank”. “Cerberus actúa unas veces como propietario y otras veces, como en esta ocasión, como gestor inmobiliario”, destacan desde PAH Vallekas.

Según ha informado el colectivo, primero la madre de los niños murió y Cruz se quedó en acogida a sus cuatro nietos, y después la otra hija de Cruz, arrendataria del piso, perdió el trabajo, tuvo que marchar a trabajar como interna a Guadalajara y dejó la vivienda a su madre y a sus sobrinos, que Cruz cuida en solitario. Pero el fondo buitre “se ha negado a subrogar el contrato” de la tía de los niños –“el procedimiento contra Cruz no es contra Cruz, es una demanda por impago contra su hija”, explican a LUH desde PAH Vallekas–, y este miércoles Cruz y sus nietos han acabado en la calle. Además –como la abuela tiene “la acogida” pero “no la tutela” de los cuatro menores–, el desahucio podría suponer que perdiera a sus cuatro nietos.

En PAH Vallekas consideran que el decreto de Escudo Social de marzo del pasado año 2020 debería haber decretado “una moratoria en el pago de alquileres” y ayudado “a aquellos propietarios que demostraran situación de vulnerabilidad ante la moratoria”, en vez de haber mantenido “la obligatoriedad del pago” y, “con la Administración colapsada”, obligado “a los inquilinos a demostrar su vulnerabilidad”, y en este sentido insisten en que, “con una moratoria en el pago”, la hija de Cruz “habría tenido tiempo de encontrar trabajo en Madrid y habría podido evitar la demanda por impago, que es la que ha llevado a su madre a la calle”. A estas medidas no son ajenos los tira y afloja de PSOE y Unidas Podemos en el seno del Gobierno de coalición.

“La ampliación del decreto, con la moratoria de algunos desahucios hasta agosto de este año, se ha demostrado como un coladero”, advierten desde PAH Vallekas, donde se quejan de que esa ampliación “deja a la interpretación última de los jueces qué se entiende por vulnerabilidad social”, algo “poco eficiente” y que “básicamente intenta apagar un incendio con un dedal”. “Sin actuar contra las propiedades siguiendo una serie de líneas –penalización de los pisos vacíos, obligatoriedad de alquiler social antes que desahucio, movilización del parque vacío de viviendas para cesión en usufructo para alquiler social–, la moratoria nos sitúa en un terreno de juego en el que gana la propiedad, e incluso puede tener efectos perversos, dado que indemniza a la propiedad que haya retirado el procedimiento de desahucio y lo hace a precio de mercado”, añaden. Y en este terreno ambos socios de gobierno vuelven a chocar.

“La semana pasada desahuciaron a una niña de dos años. Hoy, cuatro menores de entre nueve y 16 años. En España, 90.000 menores son desahuciados al año. ¿Quién tiene la poca vergüenza de decirles que la vivienda es un derecho social pero también un bien de mercado?”, se ha preguntado en Twitter la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge.

Y es que la consideración de la vivienda como un derecho social –reconocido por la propia Constitución, que en su artículo 47 establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”– o también, y sobre todo, como un producto de mercado divide a Unidas Podemos y PSOE y refleja los puntos de fricción entre ambos socios de gobierno en las negociaciones para sacar adelante la primera Ley de Vivienda de ámbito estatal en lo que va de régimen del 78.

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2 Comentarios

2 Comments

  1. Jovella

    22 de julio de 2021 23:40 at 23:40

    Esta es la democracia consolidada que tenemos en España. Una monarquía corrupta con el Jefe del Estado huido por corrupto y los grandes poderes económicos campando a su antojo.

  2. ESTRELL@

    24 de julio de 2021 12:08 at 12:08

    así es una vergüenza , a la española y a la madrileña.

    Artículo 55.- Derechos de la familia.

    1) Toda persona tiene derecho a constituir una familia, en cuya formación y desarrollo la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y deberes y se deben comprensión mutua y respeto recíproco; 2) El Estado garantizará la protección de la familia.
    Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
    se lo pasan por el forro , eso si el articulo 155 es sagrado e interpretado como a ellos les parece para aplicar la fuerza y justificar su abuso.

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