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Política

Los derechos que la ley Ómnibus se llevará

La norma afecta a temas cruciales como la sanidad pública, el sector del taxi o Hacienda, además de incluir un cambio legal que permitiría al PP y a Vox controlar la Cámara de Cuentas, organismo encargado de fiscalizar sus contratos y gastos

Los derechos que la ley Ómnibus se llevará

La presidenta de la Comunidad de Madrid aprovechó estratégicamente a su favor las fechas navideñas para publicar un “Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración”, popularmente conocido como ley Ómnibus, con un limitado plazo para formular alegaciones. 

Esta ley, que se pretende aprobar sin consenso alguno, consta de un total de 215 páginas en las que se plantean cientos de cambios legales que modificarán 33 leyes y 5 decretos e introducirán 15 nuevas disposiciones de muy diversos ámbitos. Afectando a cruciales temas, tales como Hacienda, urbanismo, ordenación del transporte urbano, Ley del Juego y menores y la inclusión de un cambio legal que permitiría al PP y a Vox controlar la Cámara de Cuentas, el organismo que fiscaliza sus contratos y gastos, entre otros muchos. Esta situación generará graves prejuicios a la sanidad pública madrileña.

La privatización de la sanidad

El proceso, calificado por partidos de la oposición como un “nuevo ejercicio de desprecio a los derechos de los ciudadanos” llevado a cabo de forma “opaca”, ha puesto en alerta a múltiples colectivos. La intención de privatizar los servicios públicos y hacer que proliferen los contratos “a dedo” quedan reflejados en el artículo 44 de la norma, que incluye la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria para la comunidad sin control parlamentario. “Será un ente público con plena capacidad jurídica y que actuará con sometimiento al derecho privado”, señalaba nuestra colaboradora y portavoz de Sanidad de Unidas Podemos en el Congreso, Rosa Medel.

El sector del taxi

El texto refleja en el capítulo I de su título IV una modificación de la Ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, por la que pasará a reconocer la actividad de las VTC como una “actividad de arrendamiento” con “consideración de transporte público discrecional de viajeros”, cuyos precios, a diferencia del taxi, “no estarán sujetos a tarifas autorizadas”, incumpliendo así la promesa que trasladó al sector del taxi tras las movilizaciones de 2019 de no regular las VTC.

Por estos, y por otros muchos motivos, más de 40 organizaciones han convocado para este sábado una manifestación multitudinaria en el centro de la ciudad para tratar de frenar la aprobación inminente de una ley que se llevará por delante los derechos públicos de todos.

 

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1 Comentario

1 Comentario

  1. José L. Soto

    26 de febrero de 2022 12:23 at 12:23

    Lo que propugna es legalizar la delincuencia que produce el PP, es la legalización de los delitos políticos del PP.

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