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Análisis

Lucha de clases en las calles de Cádiz

Verdes, blancas o azules; las mismas tanquetas, las mismas pelotas de goma, el mismo gas pimienta contra la clase obrera.

Lucha de clases en las calles de Cádiz
Tanqueta de los antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía, estos días en la provincia de Cádiz

Reinosa, hace casi 35 años: tanquetas y antidisturbios de la Guardia Civil reprimen a los obreros de La Naval y a vecinos del pueblo cántabro. Amurrio, hace apenas unos meses: tanquetas y antidisturbios de la Ertzaintza reprimen a los obreros de Tubacex y a vecinos del pueblo vasco. Cádiz, estos días: tanquetas y antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía reprimen a los obreros del metal de la provincia andaluza y a los vecinos que apoyan su huelga indefinida.

Verdes, blancas o azules; las mismas tanquetas, las mismas pelotas de goma, el mismo gas pimienta contra la clase obrera. La lucha de clases es el motor de la historia, y una huelga indefinida –en Reinosa, en Amurrio o en Cádiz– es uno de sus reflejos más descarnados.

Los trabajadores del metal de Cádiz cumplen este martes ocho días de huelga indefinida para arrancarle a la patronal el mantenimiento del último convenio firmado por ambas partes y la actualización de sus salarios según el IPC. Ese convenio se prorrogaría hasta la firma de uno nuevo si no fuera por la reforma laboral de 2012 –impuesta entonces por la patronal y por el PP, y que PSOE y UP se comprometieron a derogar hace casi dos años, en el programa del pacto de gobierno que suscribieron tras las generales de noviembre de 2019–, pero precisamente aquella reforma hizo que el convenio caducara hace casi un año –cuando hacía otro año desde que el actual Gobierno de coalición se había comprometido a derogar aquella reforma impuesta por la patronal– y que la patronal pretenda ahora imponer, otra vez, sus condiciones.

Como tantos otros conflictos de clase, el del sector del metal en Cádiz se dirime en el marco del Estado español, donde impera desde 1978 un régimen heredero directo del franquismo a través de la II Restauración borbónica aunque la propia Constitución de 1978 reconoce derechos como el de huelga: “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”, establece su artículo 28. Siempre la delgada línea entre lo conquistado y lo por conquistar.

“Lo dejo todo atado y bien atado”, dijo el general golpista Francisco Franco en su discurso televisado de la Nochebuena de 1969, el año en que nombró a Juan Carlos de Borbón su “sucesor a título de rey” en la Jefatura del Estado español.

¿Por qué el Gobierno del PP dictó una reforma laboral a la medida de la patronal pero el Gobierno de Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos aún no ha derogado esa reforma a pesar de que hace casi dos años que se comprometió a hacerlo?

¿Porque, aunque el Gobierno forme parte del Estado, el Gobierno no es el Estado? ¿Por el papel del PSOE como columna vertebral del régimen del 78, aunque tras las generales de noviembre de 2019 el PSOE se viera obligado, por primera vez en cuatro décadas, a gobernar en coalición con UP y con el apoyo de las izquierdas soberanistas catalana y vasca? ¿Porque UP sólo es el socio minoritario de ese Gobierno de coalición y está respaldado por 35 diputados, frente a los 120 del PSOE? Probablemente, por todas esas razones y por alguna más.

¿A quién sirven los antidisturbios de las tanquetas que el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska –que fue el juez instructor de la mayoría de los casos afectados por condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, por no haber investigado denuncias de torturas a detenidos–, está enviando estos días a reprimir obreros del metal y vecinos de barrios obreros como el de Río San Pedro, en el pueblo gaditano de Puerto Real? ¿Al Ministerio del Interior? ¿Al PSOE? ¿Al Estado del “atado y bien atado” franquista? ¿A la patronal y a las empresas del metal en Cádiz? A quien seguro que no sirven es a los trabajadores y vecinos apaleados, disparados con pelotas de goma y rociados con gas pimienta.

El golpe de Estado franquista de 1936 lo motivó sobre todo la lucha de clases. El “atado y bien atado” fue de los opresores frente a los oprimidos; pura lucha de clases. El pacto del 78 aseguró cuatro décadas de turnismo bipartidista entre el PSOE –ejecutor de reformas laborales tan impuestas por la patronal y tan lesivas para los trabajadores como la reforma laboral de 2012, ejecutada por el PP– y “la derecha”, mientras eso que llamaban “los comunistas”, a pesar de haber firmado aquel pacto, no lograron ni acercarse al Gobierno central.

Sólo tras la irrupción de Podemos ha tenido la izquierda de ámbito estatal posibilidades de acceder al Ejecutivo –de ahí las campañas políticas, mediáticas y judiciales desplegadas contra la formación morada prácticamente desde su fundación en 2014–, acceso que se produjo tras las generales de noviembre de 2019. Unidas Podemos comprobó primero que desde fuera del Gobierno se puede hacer muy poco, y está comprobando ahora que desde dentro –al menos por el momento, en una posición minoritaria– se puede hacer algo más aunque no lo suficiente, al menos en ciertos ámbitos.

La represión policial sobre trabajadores del metal, vecinos y estudiantes gaditanos divide a PSOE y UP en el seno del Gobierno de coalición hasta el punto de que Unidas Podemos ha exigido este martes –a través de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz– la retirada de las tanquetas. Díaz está por encima de Marlaska, pero por debajo de Pedro Sánchez, que por cierto no es “el presidente de España” –como dicen algunos– sino el del Gobierno español, que no es lo mismo.

¿A quién sirven los antidisturbios de las tanquetas que Marlaska está enviando estos días a Cádiz? Una huelga indefinida es uno de los reflejos más descarnados de la lucha de clases, y esta se libra entre tensiones entre el Gobierno –el primer ejecutivo de coalición de ámbito estatal desde la II República– y el Estado y entre tensiones también en el seno del propio Ejecutivo. Mientras tanto, los trabajadores del metal y sus familias siguen luchando en las calles de Cádiz frente a la patronal y sus fuerzas de choque.

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3 Comentarios

3 Comments

  1. patriotas de hojalata

    23 de noviembre de 2021 22:18 at 22:18

    Así es el PSOE, es decir, mandar armamento militar contra las manifestaciones de trabajadores de Cádiz. Esto es lo que entiende el PSOE de la lucha trabajadora, criminalizar todo movimiento de la clase trabajadora, ya que para el PSOE son un estorbo a eliminar y que mejor que armamento militar. Vergüenza y cinismo la conducta del PSOE traidor.

  2. José Ramón Mosquera Barros

    23 de noviembre de 2021 22:50 at 22:50

    ¡¡El gobierno manifiesta su apoyo absoluto a la actuación represiva de los antidisturbios en Cádiz»…» somos socialistas, que dicen…»!!

  3. mariano tomas Fuentes Alvaro

    24 de noviembre de 2021 10:25 at 10:25

    Y los de la porra, la mayoria, esmerándose para que con sus «razones» les den la medalla del trabajo.!!Vaya profesión!! y que se salve el que pueda:pocos, muy pocos.

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