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El Megáfono

Mayores sin derechos

El artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que nadie será excluido de los derechos y libertades proclamados, y esto incluye motivos “de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole”. La Declaración es de 1948, cuando en muchísimos países había unas tasas de analfabetismo preocupantes. Se entiende por el texto que los analfabetos no eran excluidos de los derechos y libertades. Setenta y tantos años después nos encontramos con una brecha digital donde ahora la alfabetización no está tanto basada en la lectura tradicional como en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Podemos decir que en España el problema de analfabetismo tradicional no es significativo, pero ahora el analfabetismo se refiere al uso de las tecnologías. Los que peinamos canas y todavía tenemos padres sabemos que estos sin nuestra ayuda no pueden gestionar los trámites para cualquier servicio de la administración, pues todo son aplicaciones de móvil, mensajería electrónica, acceso a webs, datos de usuario y contraseña… en fin, lo que es una carrera de obstáculos para el que no es nativo digital.

Igualmente, la Constitución, en su artículo 14, que inicia el capítulo segundo, dedicado a derechos y libertades, dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Es función del Estado asegurar los derechos de los ciudadanos, tanto cuando se trata de servicios de la administración como cuando se trata de servicios que las empresas prestan a los ciudadanos; es decir, si las empresas de cualquier tipo excluyen a personas o colectivos de sus derechos o servicios, lo lógico es que el estado las obligue a asegurar que nadie quede excluido.

El escándalo creciente que contemplamos en los servicios bancarios humillando con crueldad a las personas mayores obligándoles a hacer colas con esperas a la intemperie y haciéndolas sentir inútiles ante tecnologías en las que no han sido formados, y no digamos alfabetizados, debería obligar a que la administración reaccione. Las personas, todas, tienen derecho a ser atendidas por seres humanos y no por máquinas y algoritmos. No puede ser que una cita médica, un servicio bancario, una petición de información, un trámite para sacar un billete de tren, dependan de la habilidad tecnológica del usuario.
Si no admitimos ya la discriminación de personas basada en sexo, raza, religión, nivel económico, etc., ¿por qué se está admitiendo una discriminación flagrante basada en la competencia digital? ¿Por qué se deja indefenso a un colectivo de más de nueve millones de personas, por qué se le humilla haciéndole sentir inútil? “Yo sé que soy un inútil, pero yo no tengo la culpa”, contestó un anciano ante los micrófonos de TVE recientemente. Es el sentimiento de indefensión de millones. Permitir esta exclusión es antidemocrático, antisocial e inhumano. Atenta contra los derechos humanos de un colectivo especialmente vulnerable y hace que nuestra democracia, que ya tiene bastantes agujeros, sea cada vez más incompleta.

Pedro López López
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de España
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1 Comentario

1 Comentario

  1. VicenteN

    9 de febrero de 2022 01:17 at 01:17

    Cuando se quitaron los bancos públicos (y no lo sentarse los lunes al sol), todos callamos. Ahora nos damos cuenta de una de las razones por los que eran necesarios. ¡Pero seguimos callando!

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