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Opinión

No es Juan Carlos, es la monarquía, imbécil

Tener la más alta magistratura del Estado en manos de un irresponsable, en un momento en el que hay sectores del Estado que no aceptan la voluntad popular, convierte a la Corona en un peligro para la democracia

Los cronistas cortesanos de aura progresista andan preocupados por el daño que Juan Carlos de Borbón puede hacer a su pobre hijo -al que presentan como una víctima de los excesos de su padre-, con su obscena vuelta a nuestro país. Un viaje de placer y regatas de quien no ha escondido a lo largo de casi 40 años sus prácticas corruptas, de las que han sido copartícipes, cómplices o encubridores la legión de monárquicos vergonzantes conocidos en España como juancarlistas.

La nueva derecha trumpista emergente no tiene esos problemas, recibe con los brazos abiertos a quien escondía el dinero en Suiza con los cuates de la Gürtel y demás ralea. Carece de complejos y asume el dicho de Donald J. Trump que decía aquello de “podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos”.

Ante la podredumbre y la descomposición de la institución monárquica, en 2014, el PP, el PSOE y la Casa Real procedieron a una abdicación exprés de Juan Carlos I, en un intento desesperado por blindar la Corona frente a la democracia y la voluntad popular. Los escándalos empezaban a aflorar y todos los cortesanos sabían que sólo era la punta del iceberg, porque todos oficiaron de encubridores, copartícipes y cómplices en la utilización de la Jefatura del Estado para intereses espurios contrarios al interés general.

 

La tradición de los Borbones

Nada nuevo bajo el sol. La evasión fiscal y la corrupción sistemática se han articulado históricamente como el elemento central que ha definido a una oligarquía delincuente, que ha hecho del Estado una herramienta para el saqueo basado en las concesiones, las externalizaciones y la privatización de los sectores estratégicos. La Corona se ha convertido en la representante de los sectores parasitarios en el Estado, que tienen el poder sin presentarse a las elecciones.

Desde los tiempos en los que Carlos IV y Fernando VII rendían pleitesía a Napoleón mientras el pueblo se enfrentaba a la invasión francesa, la ignominia borbónica no ha dejado de obsequiarnos con episodios vergonzosos, por ser moderados en su calificación. La reina regente María Cristina robó a manos llenas y se comprometió con un sucio negocio de esclavitud. Isabel II abandonó España expulsada después de la Revolución Gloriosa de 1868 por robar. El general Prim decía con buen criterio que “los Borbones eran el impedimento mayor para la modernización y la democratización de España". Valle-Inclán afirmó sobre Alfonso XIII: “No echamos al Borbón por Rey sino por ladrón”. El monarca había apadrinado la corrupción, la carnicería de la guerra colonial del Rif y la dictadura de Primo de Rivera, de quien diría al rey Victor Manuel en su visita a Italia: “Este es mi Mussolini”. El historiador Ángel Viñas destapaba en su libro ‘¿Quién quiso la guerra civil?’ el papel central de los monárquicos en conseguir el apoyo del fascismo italiano al golpe y a la guerra.

Los escándalos contemporáneos de la casa de Borbón comenzaron antes del acceso a la Jefatura del Estado de Juan Carlos I decretada por Franco. Quizá la apropiación del palacio de Marivent en 1973 en contra de la voluntad del donante -que pretendía que fuese un museo abierto al público- o los Acuerdos Tripartitos de 1975 que supusieron la entrega del Sáhara occidental a su ‘hermano’ Hassan II suponen dos ejemplos que indican con claridad la actitud del entonces príncipe con respecto a la soberanía popular y a la legalidad.

A pesar de los mitos de la Transición, la monarquía suponía una garantía en el seno del Estado para los sectores económicos parasitarios, que veían en la democracia una amenaza para sus intereses y querían una garantía que fuese ajena a la voluntad popular y estuviese fuera del control del principio de legalidad. Un secreto a voces que ya denunciaron los 13 Raperos en su autoinculpación musical colectiva en defensa de la libertad de expresión: “Los borbones son unos ladrones”.

 

Un problema que se hereda

La caída en desgracia de Juan Carlos y su abdicación renovó la teoría de “a rey muerto, rey puesto”. Ha supuesto una huida hacia delante donde el problema se pretende circunscribir a una cuestión de honorabilidad y transparencia del emérito, a pesar de las evidencias conocidas sobre las fundaciones Lucum y Zagatka, donde figuran como beneficiarios los Borbones Juan Carlos, Felipe y en su caso quien fuera heredero de la Corona española.

El escándalo pretende encapsularse en el rey padre, en un intento desesperado por proteger una institución que se cae a pedazos y que contagia su crisis a todas las demás que se interponen para garantizar la impunidad y la pervivencia de una magistratura antidemocrática que hace aguas por todas partes.

Los letrados del Congreso, con sus informes impidiendo que el Parlamento pueda debatir sobre la Jefatura del Estado; el Tribunal Supremo archivando denuncias a pesar de las evidencias; los decretos de la Fiscalía archivando las investigaciones por prescripción y porque “la persona del rey no está sujeta a responsabilidad” según lo recogido en el artículo 56 de la Constitución -y en la interpretación recogida en la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada para aforar al emérito-; o la sentencia del Tribunal Constitucional que afirma que el rey no está sujeto a responsabilidad civil, penal o política demuestran que la monarquía como una clave de bóveda extiende su crisis al conjunto de las instituciones del Estado.

El último Pacto de la Zarzuela entre el PSOE, el PP y la Casa Real para acordar la declaración de bienes de Felipe VI y el Real-decreto de transparencia ha tenido dos consecuencias fundamentales. La primera es que no es posible tapar la hemorragia con una tirita, porque no es un problema de transparencia y porque las medidas adoptadas no establecen mecanismos que garanticen la no repetición. La segunda es el reconocimiento de Vox como fuerza constitucionalista por la Casa Real, un partido abiertamente golpista que niega el pluralismo político y quiere ilegalizar a más de la mitad de las fuerzas políticas del arco parlamentario.

Podemos negar la realidad y seguir con la idea cortesana de que el problema era el emérito, que era un golfo y un corrupto, no como su hijo que es un hombre preparado y entregado a España, como si pudiese separarse la institución de los comportamientos “decepcionantes” de Juan Carlos. La técnica del avestruz no va a hacer desaparecer el hecho de que Felipe VI encabeza en España el partido de la reacción, que plantea que el Estado se encuentra por encima de la democracia.

 

La vergüenza de la progresía vasalla

La progresía vergonzante se escandaliza de la visita del rey Juan Carlos cuando en España no tiene causas pendientes precisamente por el pacto de la impunidad que se ha articulado en las entrañas del Estado. No les gusta porque deja en evidencia su actitud vasalla, que renuncia a exigir responsabilidades a quien era beneficiario de las fundaciones panameñas Lucum y de Zagatka con cuentas en Suiza: no al padre, sino al hijo que hoy ejerce la Jefatura del Estado por encima de la democracia y de la ley.

No tenemos un problema de transparencia, tenemos una institución, la Corona, fuera de control. Como dijera la ‘cronista oficial’ de la transición, Victoria Prego, “la monarquía garantiza la estabilidad de las instituciones por encima de los devenires políticos”, es decir, por encima de lo que digan las urnas. Hoy, sin embargo, resulta evidente que la monarquía garantiza la inestabilidad institucional por encima de los devenires políticos.

Tener la más alta magistratura del Estado en manos de un irresponsable, en un momento en el que hay sectores del Estado que no aceptan la voluntad popular, convierte a la Corona en un peligro para la democracia. Ignorar el hecho no hará que desaparezca. La falta de determinación en la tarea de democratización del Estado pone en peligro las conquistas de nuestro pueblo. La república representa la posibilidad de reconocernos como somos, un país de países que fundamenta su proyecto en la solidaridad y en la garantía de la dignidad humana. Esto no es un problema de izquierdas o derechas sino de proyecto de país, el que no tiene la oligarquía, que ha visto cómo naufragaba el modelo neoliberal. Toca defender la república como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo que nos permita una salida democrática del neoliberalismo, donde no haya lugar para la injusticia social, para el colonialismo económico ni para los traficantes de nuestra soberanía.

 

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2 Comentarios

2 Comments

  1. Lucía Draín

    21 de mayo de 2022 18:38 at 18:38

    Efectivamente, Rafael Mayoral expresa la idea central … no nos dejemos llevar por la «trampa» que nos tiende el Régimen, no nos focalicemos en el carcamal Borbón.

    La cuestión central es quién va a disfrutar de la fortuna corrupta de los Borbones. La respuesta es clara, será ricitos Leonor. Y además, su papito Felipe y la basura judicial española se aseguran que disfrute de inviolabilidad absoluta.

    Y además … su [email protected] primogé[email protected] será [email protected] del Estado español, [email protected] [email protected] de las Fuerzas Armadas.

  2. Enrique HJ.

    22 de mayo de 2022 13:41 at 13:41

    Mis más efusivos aplausos. Creo que mejor no se puede plantear este asunto.
    Me da coraje y vergüenza ajena ver que Podemos esté cayendo en las encuestas, cuando es el único partido estatal honesto y defensor de los débiles.

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