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Política

Nobleza franquista no retornable

En virtud de una ley promulgada en 1947, la llamada Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, España se constituyó en un reino sin rey, pues el individuo que entonces ostentaba la Jefatura del Estado era el dictador Francisco Franco, que no siendo monarca por herencia de tálamo sí quiso tener el privilegio de hacer lo propio de los monarcas en el transcurso de las sucesivas dinastías que se turnaron en la corona del país a lo largo de los siglos: reconocer, renovar, rehabilitar y conceder por su gracia títulos nobiliarios.

Un año después, en 1948, fue promulgado el decreto mediante el cual quedaba restablecida la legislación nobiliaria existente durante la Restauración borbónica, el dilatado periodo histórico que va de 1874 a la proclamación de la segunda República en 1931. Fue en el transcurso del breve régimen republicano, la primera etapa democrática de nuestra historia, cuando esa legislación quedó derogada. La dictadura franquista la recuperó y se mostró generosa en la expedición de títulos nobiliarios, pues también reconoció y rehabilitó aquellos concedidos por los pretendientes carlistas al trono de España, según un decreto promulgado un mes después del anterior, máximos responsables de las tres guerras civiles del siglo XIX.

De ese modo se concedieron bajo el franquismo ducados y marquesados, condados y baronías y grandezas de España, tal como se especifica en la adjunta relación, ganados por los beneficiarios merced a su fidelidad y vasallaje al caudillo Francisco Franco y a su apoyo o  participación, por lo tanto, en la barbarie perpetrada durante la llamada cruzada de liberación, según expresión acuñada por iglesia nacional-católica. De los 28 títulos nobiliarios que tuvo a bien conceder el dictador, más de la mitad los recibieron militares que colaboraron con Franco en el golpe de Estado de 1936 que dio lugar a la guerra.

Así, encabezados por el propio ducado de Franco y grandeza de España que se concedió a sí mismo el dictador, encontramos en la relación al duque de Mola, en honor al general que se propuso "sembrar el terror" como brutal estrategia represora, al marqués de Queipo de Llano, sobre quien el historiador Paul Preston escribió su libro La forja de un asesino, o al marqués de Arias Navarro con grandeza de España, conocido como El carnicerito de Málaga.

Transcurridos más de cuarenta años de régimen democrático, y después de una timorata y alicorta Ley de Memoria Histórica que no se atrevió a eliminar esos títulos en 2007, la nobleza franquista dejará de existir en virtud de la nueva Ley de Memoria Democrática -todavía insuficiente en opinión de las asociaciones memorialistas-, recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados. No obstante, quizá haya entre quienes perderán esos títulos algunas expectativas de recobrarlos en el inmediato porvenir, si esta última ley es derogada por el Partido Popular cuando este acceda al Gobierno, según anunció su nuevo líder, revestido de unos auras de moderación que está muy lejos de interpretar.

De momento, y con esa regresiva previsión de la derecha en La Moncloa, si así lo quieren las urnas, no faltan aquellos optimistas históricos que con más voluntad que confianza interpretan la derogación de la nobleza franquista como un anticipo del final de la monarquía, restaurada también por el dictador. La anterior restauración borbónica tuvo una duración de 57 años. Todavía nos faltan algunos para que esa tercera República sea posible, si los ciclos históricos se repitieran, como se están repitiendo otros fenómenos políticos preocupantes que ya se dieron en nuestro pasado siglo XX. Esperemos, de momento, que esa nobleza franquista sea no retornable.

 

 

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