En el mes de abril, en pleno confinamiento, se publicó el Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en España, Philip Alston, elaborado a partir de datos levantados entre enero y febrero de este año. En un contexto caracterizado por la mejora de diversos indicadores económicos el informe describe un país situado en los últimos lugares de numerosas clasificaciones sociales de la Unión Europea, un país permeado por graves problemas de pobreza cronificados y por una creciente, ya insoportable, desigualdad socioeconómica.
En su visita, Alston constató que, junto con el problema del desempleo, España se encuentra sumida en “una crisis de vivienda de enormes proporciones”, combinada con situaciones de gran pobreza y programas de protección social insuficientes. Este contexto de desigualdad y pobreza supone un continuo incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado español respecto de los niveles de garantía de los derechos sociales así como un evidente abandono a las familias por parte de muchos años de gobiernos conservadores que han orientado las políticas públicas a la protección de intereses distintos de las necesidades de las mayorías sociales. De hecho, lo alarmante de esta combinación ha conllevado una contundente reprimenda por parte del Relator de Naciones Unidas, que en su informe señala que España necesita una acción política decidida para realizar reformas de gran alcance y mejorar las condiciones materiales de las personas.
En materia de vivienda, a pesar del paulatino reconocimiento del papel fundamental que tiene la misma, el escenario descrito en el informe es más que alarmante: chabolismo, barrios de pobreza concentrada con ausencia de servicios públicos, de sanidad o siquiera electricidad. Los datos que se recogen, derivados de estudios de muy diversas instituciones, señalan entre otras cuestiones que la exclusión en materia de vivienda afecta al 24 % de la población. El aumento de los precios ha sido tan rápido como lacerante, derivado a la vez de la bajada de la capacidad económica de las familias, la subida del precio de los alquileres y de la intervención de los fondos de inversión en la compra de viviendas para especular, en muchos casos a costa de la expulsión de las familias de sus casas. En paralelo, la política de vivienda se ha reducido durante años a su mínima expresión, como recuerda el informe las viviendas sociales constituyen el 2,5 % del parque nacional de viviendas habitadas de España (sin comparación con el 30% en los Países Bajos, por ejemplo).
Este diagnóstico y las recomendaciones de actuación inmediata fueron elaboradas en un momento pre-COVID19 por lo que huelga decir que todo lo anterior se ha agravado, y se agravará, si no existe una actuación contundente para garantizar el derecho a la vivienda. De hecho, podríamos afirmar que el confinamiento ha evidenciado lo que diversos movimientos sociales llevan décadas defendiendo: la vivienda es el refugio indispensable para la vida digna y su garantía es un imperativo democrático.
Conscientes de la emergencia habitacional y de la necesidad de una actuación inmediata, la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana impulsó la aprobación del Decreto ley 6/2020, de 5 de junio, para la ampliación de la vivienda pública en la Comunitat, una norma que desarrolla los instrumentos del tanteo y retracto para permitir que la Generalitat adquiera de manera preferente viviendas a efectos de ponerlas a disposición de las familias que las necesiten.
La norma se coloca en la vanguardia de las políticas públicas de vivienda de nuestro entorno, recogiendo la experiencia comparada de iniciativas llevadas a cabo en Baleares, Euskadi o Barcelona. Así, integra, por ejemplo, la decisión de establecer la “calificación permanente” de vivienda protegida para que no vuelva a dilapidarse el parque público de vivienda y la capacidad de garantizar el derecho.
El Decreto Ley también incluye otra serie de instrumentos para garantizar el derecho y conseguir al tiempo involucrar a actores fundamentales. En esta línea, descentraliza las políticas públicas de vivienda promoviendo la compra preferente por parte de los municipios; permite que las entidades sin ánimo de lucro que realizan funciones de inserción de colectivos vulnerables ejerzan los derechos de adquisición preferente a su favor o permite dar respuesta a necesidades de personas que acrediten un derecho subjetivo a la vivienda. Además, con el ánimo de ampliar el parque público y de controlar la especulación y el fraude fiscal, el Decreto Ley faculta a la administración a actuar mediante el ejercicio de compra preferente en determinados supuestos, como la venta de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias, daciones en pago y ventas extrajudiciales; o la venta de edificios enteros, cuando existan necesidades acreditadas de vivienda, creando además unas Áreas de Necesidad de Vivienda que permiten identificar y actuar específicamente en la materia.
La Conselleria de Vivienda, liderada por Podemos, ha apostado así por una norma de vanguardia, que será convalidada el día 15 de julio en las Cortes Valencianas y que responde a un compromiso del Gobierno Valenciano adoptado en el pacto de coalición que dio lugar al “Govern del Botànic d’Alacant”. Aun cuando la redacción de la norma ha seguido un proceso participado, con consulta permanente a actores sociales y económicos, las críticas tras su aprobación por el Consell han arreciado, con fuertes presiones que buscan evitar su convalidación y duros cuestionamientos por parte de los promotores y sus partidos aliados.
Las resistencias eran esperables; no hay transformación social que no conlleve un desacuerdo por parte de los que pierden algunos privilegios, y es innegable que la norma puede incidir en las grandes operaciones de compraventa de viviendas por parte de los fondos de inversión al permitir que, en determinados casos, sea la Generalitat la que adquiera esas viviendas. Sin embargo, la balanza está clara. Frente a la posibilidad de que estos grandes operadores económicos elijan siempre al comprador se erige la función social de la propiedad, el derecho a la vivienda y la dignidad humana, bases fundamentales de la norma y de la llegada de Unidas Podemos a las instituciones.
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