PSOE y PP vuelven a unirse seis años después para ‘blindar’ de nuevo a Juan Carlos I

La Mesa del Congreso ha rechazado este martes, con los votos de PSOE, PP y Vox, la admisión a trámite de las solicitudes de comisión de investigación sobre irregularidades de Juan Carlos I, que Unidas Podemos y otros grupos parlamentarios registraron la semana pasada. Los letrados del Congreso y con ellos el PSOE consideran ahora que Juan Carlos I es inviolable –“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, establece el artículo 56.3 de la Constitución española de 1978– incluso después de su abdicación, lo que impediría no sólo investigarlo en una comisión de investigación parlamentaria sino también juzgarlo en los tribunales por las comisiones cobradas por la construcción del AVE a La Meca, hechos ocurridos tras su abdicación en junio de 2014. Pero… si Juan Carlos I es inviolable incluso después de su abdicación, ¿por qué PP y PSOE acordaron y aprobaron –por cierto, a toda prisa y de forma poco ortodoxa– en julio de 2014, sólo un mes después de su abdicación, su aforamiento para que sólo pudiera ser juzgado por el Tribunal Supremo?

Remontémonos a julio de 2014 –como ha hecho recientemente en su perfil de Twitter la abogada y profesora de Derecho Civil Verónica del Carpio–, a cuando el PP, con su voto a favor, y el PSOE, con su abstención, permitieron el aforamiento de Juan Carlos I. ¿Por qué? Precisamente porque, con su abdicación un mes antes, había dejado de ser inviolable. Lo hicieron “a toda prisa”, recuerda Del Carpio. Colando ese aforamiento “en la primera ley orgánica que pasaba por ahí”, concretamente en la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Un aforamiento que “no solo fue para temas penales”, sino que “se extendió a temas civiles y, con efecto retroactivo, a demandas ya planteadas”. “Aforamiento civil, ahí es nada, y retroactivo encima”, destaca. En aquella época, Juan Carlos I estaba siendo demandado civilmente por reconocimiento de paternidad.

Además, no lo aforaron sólo a él, también aforaron a su esposa, Sofía de Grecia; a su nuera, Letizia Ortiz, y a su nieta la princesa de Asturias, Leonor de Borbón; no olvidemos que Felipe VI no necesita estar aforado porque ya es inviolable. Y los aforaron a todos mediante una enmienda introducida a toda prisa en una ley orgánica que fue aprobada y entró en vigor también a toda prisa pero cuyo largo título –Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial– ni siquiera se refiere al rey ni a los aforamientos. Sí lo hace su preámbulo, que establece que el rey es inviolable “durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado”, pero que después de abdicar sus actos “quedarán sometidos, en su caso, al control jurisdiccional”, concretamente al del Tribunal Supremo, “atendiendo a la dignidad de la figura de quien ha sido el rey de España”.

Del Carpio se detiene especialmente en el “aforamiento retroactivo en civil del exrey”, que considera “espectacular”, pues el artículo 24.2 de la Constitución “establece la garantía esencial del juez predeterminado por la ley, pero por lo visto el exrey es la excepción, y nos enteramos en 2014”. Un aforamiento retroactivo en civil que, más allá de consideraciones políticas, constitucionalmente “chirría”, destaca la abogada y profesora de Derecho Civil. Un “aforamiento exprés constitucionalmente innecesario y posiblemente contrario al juez predeterminado por la ley en pleitos civiles” fruto de una “decisión política de los partidos mayoritarios” que después apoyaron el PP con su voto a favor y el PSOE con su abstención, porque “abstenerse es apoyar”.

Cuando PP y PSOE acordaron el aforamiento de Juan Carlos I como exjefe del Estado, el PP estaba liderado por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el PSOE lo estaba por su entonces secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, que retrasó su retirada de la política activa precisamente hasta el verano de 2014, es decir hasta que este tema quedó cerrado. ¿Y todo ello para que su partido, el PSOE, sostenga ahora que Juan Carlos I seguía y sigue siendo inviolable?