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El Megáfono

Renovar el Poder Judicial mediante activismo ciudadano es posible

El supremo ha ratificado la condena a 19 meses de prisión para Isa Serra por un delito de atentado, lesiones y daños cometidos durante los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés en un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014. Esta condena cuyo fallo será recurrido por Serra en el TEDH, destaca por en última instancia, declarar culpable a Serra por el hecho de “estar ahí” cuando los hechos acontecieron, ignorando si ella los cometió.

Contrasta con la absolución a Rocío Monasterio por la falsificación de titulación de arquitectura alegando que la falsedad documental era “demasiado burda para engañar a nadie” obviando que Monasterio sí cometió falsedad documental. También es reseñable la absolución de Cifuentes por el master, cuyo caso es ya también de sobra conocido, en el que se ha declarado culpables al personal universitario que falsificó su máster, pero no a la única beneficiaria de esa falsificación, sin olvidar que la propia Cifuentes pasó de decir que había cursado ese master a decir después poco menos que a ella simplemente le dieron un título y lo aceptó.

La justicia también ha dado la razón a Vox con el cartel colgado a las puertas de los metros en el que daba datos falsos y usaba imágenes falsas para su propaganda política. Puedo decir que sus datos son falsos y que sus imágenes también, porque el propio auto de la resolución se indica que "con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces", los menores extranjeros "representan un evidente problema social y político incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio". El caso del cartel es tan grave, que la Fundación Internacional de Derechos Humanos se ha pronunciado, asegurando que "la Justicia Española no cumple los estándares internacionales de respeto al Estado de Derecho ni a los Derechos Humanos"

Este comportamiento de la justicia y del TS en particular, que deja entrever debajo de la toga los colores del partido al que pertenecen más que su labor de necesaria imparcialidad, explica la encarnizada negativa a la renovación de los miembros por parte del principal partido de la oposición.

Como se ha llegado a esta situación en la que se ve un flagrante favoritismo hacia unos para los cuales se tergiversa de forma obscena el ordenamiento jurídico, haciendo exactamente lo mismo para atacar a otros? En primer lugar cabe destacar que se dan claras resoluciones políticas porque hay jueces en altos cargos del ejecutivo con una clara intención de proteger a los miembros y actos de su signo político. Pero no quiero hacer un análisis al uso explicando la estructura institucional que ampara esta situación, pues a estas alturas pocas reflexiones más en esta dirección pueden hacerse que arrojen algún dato o punto de vista nuevo.

Lo que quiero reflexionar es sobre la responsabilidad que como ciudadanía tenemos ante esta realidad, pues creo que una democracia funciona bajo los actos de una ciudadanía a la que se asume como adulta y madura en el terreno político. Y lo cierto es que no lo hemos estado haciendo bien como ciudadanía, y no lo hacemos porque hace ya tiempo que volvimos a renunciar a la aspiración de fiscalizar de manera continuada los actos de nuestra clase política, y eso, como habrá visto cualquiera, tiene repercusiones inmediatamente tangibles.

En nuestra inacción consentimos pasivamente los mismos desmanes de los que nos quejamos en las noticias. Imbuidos por esa idea derrotista que machaconamente se nos repite mediante la crítica constante a la movilización social, pensamos que organizarse en redes ciudadanas no sólo no sirve, sino que no es algo a lo que aspirar en democracia.

En nuestra sociedad arrastramos un mal crónico que hemos interiorizado profundamente, y es el funcionamiento de lo que Pedro Ibarra denomina como teoría democrática de mínimos, que viene a significar que la población ni sabe ni está interesada en los asuntos políticos, al tiempo que relaciona el termino democracia al mínimo común denominador de las elecciones para que el partido “propio” gane.

No, con esto no me refiero a que la gente no tenga una opinión o inquietudes políticas, sino que simplemente decide no ejercerlas en el plano político y social, que viene a ser como no tenerlas. La ciudadanía ha vuelto a asimilar tras la ola de indignación de la pasada crisis, que ejercer el derecho al voto es medida más que suficiente, o incluso la única efectiva, para participar en política y fiscalizar a nuestros representantes.

El problema, es que sin participación constante que mantenga las necesidades y reclamaciones ciudadanas sobre la mesa de los representantes políticos, dejamos a su criterio cómo solucionar las cuestiones. Es decir, no solo interpretan sino realmente deciden cuales son los intereses generales de la población. Así, ese proceso de construcción y definición del interés general es obra de una sola parte -elites gobernantes- a la que la otra -ciudadanía- se adhiere. Ello es así porque en última instancia los ciudadanos también creen que solo los gobernantes están capacitados para tal decisión. Así, aceptan como suyo lo que otros han decidido por ellos, se trata por tanto, de un proceso de coincidencia por adhesión.

Lo que esto implica, es que los partidos políticos, sin el juicio y el control de la ciudadanía que les vota (y que no les vota, por supuesto), puede llevar a cabo irregularidades que van directamente en contra de la constitución, como bloquear la antes mencionada renovación del CGPJ para que éste actué como tribunal político en su defensa y para sus intereses. Y puede hacerlo, porque sabe que la ciudadanía no lo someterá al desgaste social que implica que la gente salga a la calle en contra de ti como partido o como líder político.

Hay que ir desmantelando, mediante el activismo ciudadano, la cultura sociológica interiorizada de la democracia de mínimos que en nuestro país, los diferentes gobiernos del antiguo bipartidismo se han esforzado con ahínco –y éxito- por implementar. Esto es; una apatía ciudadana instaurada y asimilada, que ha ensalzado el cinismo, la abstención y el desentendimiento político como signos de virtud y madurez, precisamente para poder llevar a cabo sus desmanes sin tener que rendir cuentas a la ciudadanía.

En definitiva, no es que haya desmanes judiciales porque no salimos a la calle. Es que al no tener una costumbre ciudadana enraizada de salir a la calle como método socialmente aceptado como protesta, y para hacer ver nuestras demandas y necesidades, la percepción de las elites sobre hasta dónde pueden actuar sin reprobación social y sin consecuencias, se relaja. Hasta Donald Trump, el más descarado de la nueva generación de mentirosos de extrema derecha que él mismo inspiró, se vio obligado a recular más de una vez en sus mentiras y difamaciones cuando la presión de la calle obligaba a sus correligionarios a apretarle las tuercas en las instituciones. En nuestro país, creo que esto se percibirá como un hecho, a nuestra clase política, mentir y difamar le sale gratis, mucho más que en EEUU. Y cuando mentir y difamar sale gratis en lo político, todas aquellas instituciones en contacto inmediato con la esfera política, se impregnan de esa forma de actuación.

Hay un sentir extendido de que la movilización social para conseguir reformas es algo inútil, o directamente un plan hasta cierto punto irresponsable, quizás porque al mismo tiempo, hemos asociado la idea de movilización con contenedores ardiendo, cargas policiales y adoquines reutilizables para debates de políticos de derechas. Pero precisamente hay que desterrar la idea de que la movilización y la salida a las calles atenta contra el sistema democrático, pues es de hecho la base misma de nuestro sistema.

Pero hay ejemplos varios sobre cómo la movilización ciudadana altera el curso de políticas y resoluciones, contra todos los pronósticos que indican que una cosa no tiene nada que ver con la consecución de la otra. Y un ejemplo crucial pero meridianamente pasado por alto es el de Alberto Ruiz Gallardón.

En 2014 Ruiz Gallardón, el entonces Ministro de Justicia, presentó su famosa reforma de ley en el aborto, reforma pensada para contentar a la Iglesia católica y el resto de sectores ultra católicos del país. Esta ley, cuyo nombre era “Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”, buscaba sustituir a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, además de reducir a dos los supuestos por los que una mujer podría abortar: que corriera peligro su vida o que el embarazo hubiera sido consecuencia de una violación. Para quienes no lo recuerden del todo, aquí va el resumen; El bueno de Alberto, ni corto ni perezoso, presentó la ley como medida para defender el derecho de las mujeres a ser lo que “realmente las hace mujeres”, esto es, madres. Este riesgo de regresión de derechos para las mujeres, generó una oleada de protesta a nivel nacional.

El malestar llegó al punto de que se organizó una marcha en Madrid el 1 de Febrero de ese mismo año convocada por los colectivos feministas. Gallardón dejó claro que lo que la calle dijera no iba a interpretarlo como reflejo de la opinión ciudadana. “Tenéis mi compromiso personal que no habrá ni un grito ni ningún insulto que a este ministro le vaya a hacer abdicar del compromiso de cumplir el programa de regular los derechos de las mujeres y del concebido” llegó a decir.

El pulso se mantuvo nada menos que hasta Septiembre, cuando Gallardón tuvo que claudicar ante el hecho de que muchísima más gente de la que el PP hubiera esperado, era contraria a dicha reforma, pero sobre todo por la movilización ciudadana y la presión organizada constante contra dicha ley, que estaba comenzando a generar opinión contraria incluso en el punto de vista de mucho electorado conservador. Viendo que aquello podría costarles incluso la siguiente legislatura, Rajoy defenestró al ministro sin el menor miramiento, y anularon la reforma en medio de una forzada apariencia de calmada decisión propia. Todo esto por supuesto, sin atribuir las razones a la resistencia ciudadana contra aquella aberración legislativa, sino achacándolo a problemas técnicos con su desarrollo. Una de las leyes más retrogradas y peligrosas para las libertades de las mujeres fue tumbada tan solo con la movilización y la constancia, y los ejemplos de victorias son muchos más, desde las protestas de Gamonal hasta las movilizaciones de la PAH, pero todos olvidados al parecer.

Bien es cierto que con el actual panorama pandémico, mucha gente puede pensar –no muy equivocadamente- que salir de forma masiva en pos de reivindicaciones puede ser algo incívico. Yo creo que esa idea es insostenible por varios motivos. El primero, hemos visto muchos ejemplos de aglomeraciones multitudinarias que solo se generaban por el hecho de ejercer el ocio, lo cual sí que es incívico, mientras que salir a reivindicar derechos y necesidades sociales es imperativo para la salud democrática. Lo que se torna incívico es no ejercer ese deber. Hemos visto también actos políticos que se han permitido, saltándose también muchas de las medidas anticovid, y hablo de la infame plaza de colon o de la manifestación neonazi en apoyo a la división azul. En la misma comunidad autónoma, se prohibía justo después la convocatoria del 8M, mostrando la importancia social de la movilización y de la negación de la misma.

Parte del error que se cometió desde el progresismo fue abandonar el activismo que caracterizó al inconformismo durante la crisis económica, y este es un error tremendo del que ha pecado la izquierda en general (espero perdonéis ser tan categórico, pero ahora lo explico). Con las elecciones de 2016 y el cambio en el tablero político con dos nuevos partidos que rompían el bipartidismo, una enorme capa poblacional progresista sintió que ya tenían un partido nuevo que les representaba, y con ello dieron la batalla por “ganada”, mientras que el electorado socialista, también se desmovilizó, aunque más correcto sería decir que se relajó gracias a un PSOE que jugó su retórica más izquierdista.

La democracia, para que sea representativa y útil para la ciudadanía, no puede basarse en la confianza a la clase política, sino en su constante fiscalización y mantenimiento a raya, por medio de tejido participativo mediante relaciones ciudadanas. Y esto va necesariamente unido al resto de las esferas institucionales que componen la política. La única solución para sanear el poder judicial, es que los partidos, sobre todo los que están en el gobierno, empiecen a movilizarse, pero debe quedarnos claro que solo lo harán si la ciudadanía presiona saliendo a la calle – aclaro para calmar a determinados sectores que en marchas pacíficas, obviamente, que hay que decirlo todo – para exigírselo. Esto no es infantilismo ni romantización contestataria, sino el método empírico bajo el que se han conseguido absolutamente todos y cada uno de los cambios sociales en nuestro país y en nuestra historia. Mientras esto no esté claro y la ciudadanía sigua optando por la pasividad, quizás sigamos mereciendo los recortes sociales y las resoluciones judiciales inaceptables que tan alegremente consentimos.

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1 Comentario

1 Comentario

  1. mariano tomas Fuentes Alvaro

    12 de julio de 2021 10:04 at 10:04

    Excelente articulo que cuenta muy bien la situacion democratica de este país con una mayoria ciudadana a la que creo que le falta un hervor. Una ciudadania que considera que con poner el papelito en la urna y aplaudir desde los balcones es suficiente. Y que si se sale a las calles es para alzar la voz para proclamar:!! Viva la cerveza!!
    Y a ello ha contribuido en mi oipinión que una parte de la izquierda, y que se salve el que pueda, asumiendo despachos ha olvidado cosas que se mostraban y defendian en la calle y asi, por ejemplo, ante los desastres judiciales, liderados por el antiguo funcionario del pp y ahora presidente del Supremo sr. Lesmes, pues no se oyen voces, altas y claras, desde los despachos, empezando por el del sr. Sanchez, denunciando, un día sí y otro tambien, el golpismo judicial.Es solo una muestra, la misma que se produjo cuando no hace mucho el sr. franco, delegado entonces del gobierno de izqierdas y socialista (?) autorizó una «mani» de salvapatrias nazis y, en cambio, prohibio al tiempo una de las asociaciones vecinales de Madrid.
    El articulo, bienvenido y bien escrito, señala acertadamente la solución, o al menos una parte importante, del problema y es que las calles recojan por activa y pasiva aquello que el 15M pedia.Con las calles ocupadas por corrupptos, fachosos y nazis y «Einstein» gritando «Viva la cerveza» poco arreglo va a haber. Ojala me equivoque.

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