U.H.- Una “renta mínima garantizada” para luchar “contra la pobreza y la exclusión social, erradicar la pobreza infantil, la exclusión residencial y la vulnerabilidad extrema”. Es la propuesta que Podemos planteó en 2014, cuando se presentó, por primera vez, a las elecciones europeas. Han pasado seis años, y la medida –que entonces desdeñó el resto de partidos y demonizaron la derecha política y mediática–, está más cerca que nunca de convertirse en realidad: el vicepresidente Iglesias lleva meses presionando en el seno de la coalición de gobierno, y la emergencia social desatada por el coronavirus la ha devuelto al primer plano, hasta el punto de que ha recibido apoyos antes insospechados, como el del diario económico ‘Financial Times’.
El medio británico subrayó hace unos días en uno de sus editoriales que “políticas consideradas excéntricas hasta ahora, como la renta básica, tendrán que formar parte de las propuestas” para salir de la crisis provocada por la pandemia. También han avalado la medida que Podemos propone desde su nacimiento figuras poco sospechosas de defender postulados progresistas, como el exministro del PP y gobernador del BCE, Luis de Guindos, o Toni Roldán –diputado y portavoz económico de Ciudadanos hasta 2019–: “Necesitamos una renta básica. Hay que invertir en eso, la ayuda se necesita ayer, porque hay mucha gente viviendo al límite y que no puede pagar las facturas”, ha dicho Roldán en una entrevista.
Lo cierto es que el consenso que ahora genera la idea de implantar un ingreso mínimo es completamente nuevo. “Es puro humo –dijo, en 2014, Juan Ramón Rallo, habitual defensor de las tesis neoliberales en las tertulias–. Un subsidio así significa generalizar el expolio, sería devastador”, ahondó este economista, que llegó a publicar un libro titulado ‘Contra la renta básica'. “Es inmoral y no es viable. Es una paguita asistencialista que llevaría a un déficit desproporcionado y que generaría un clarísimo efecto llamada”, denunciaba, entre el clasismo y el racismo, David Lacalle, otro habitual en las televisiones que fue después el gurú económico de Pablo Casado.
Los medios conservadores también se aplicaron a fondo para desacreditar la propuesta. “La idea parece atrayente, pero el esfuerzo fiscal sería casi insoportable”, sostenía Libremercado. “Aumentaría el déficit y la presión fiscal a las rentas más altas”, se preocupaba ABC. “Si eso lo pueden soportar nuestras arcas, que venga Dios y lo vea”, clamaba el director de OK Diario, Eduardo Inda. “Es un gasto que alguien tiene que financiar: el Estado o los inversores”, advertía La Razón. “¿Por qué no acabar con los empleados públicos enchufados?”, replicaba Lucio Muñoz en un artículo publicado en El Economista. La retahíla de descalificaciones hacia el ingreso mínimo y hacia Podemos fue constante.
El rechazo también llegó desde el resto de partidos. “No es viable económicamente. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? No es justo en absoluto”, dijo Pedro Sánchez en 2014, aunque posteriormente fue abriéndose a la posibilidad de implantar el ingreso mínimo. “Decir ‘voy a dar 6.000, voy a dar 8.000, voy a dar 10.000… no podemos entrar en esa dinámica porque no conduce a parte alguna. No me voy a apuntar a eso”, desdeñó el entonces presidente, Mariano Rajoy. “Es inviable en lo económico”, rechazó Albert Rivera. “¡Renta básica, barra libre!”, añadió Begoña Villacís. En definitiva, un rechazo absoluto de una medida que ahora avalan economistas de muy distinto signo para abordar un problema que no ha hecho más que crecer en los últimos años: la desigualdad.
Como ha sucedido con otras medidas sociales –la moratoria de hipotecas, las ayudas al alquiler o la hibernación de la actividad económica no esencial, entre otras– , la presión de los ministros de Unidas Podemos se está demostrando clave para que la iniciativa pueda ver la luz y para vencer la resistencias iniciales de los ministros más conservadores del PSOE, encabezados por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. El partido morado ya se apuntó un primer tanto al lograr que la medida se incluyera en el pacto de Gobierno de Coalición firmado con los socialistas, y si entonces se apuntaba a un despliegue paulatino de este nuevo derecho, ahora todo parece indicar que beneficiará a más ciudadanos desde un primer momento.
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